“De las palabras a la acción”:¿Un punto de inflexión para los las personas defensoras en América Latina?

En septiembre de este año, Global Witness publicó Una década de Resistencia, el informe que conmemora nuestros diez primeros años documentando asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. Dicho informe es el resultado de una intensa labor de investigación, una colaboración cercana con organizaciones aliadas en todo el mundo, y un riguroso análisis de datos.

Dichos datos apuntan a la ocurrencia de asesinatos en todo el mundo, pero una región en concreto destaca por encima de las demás: en América Latina hemos documentado el mayor número de asesinatos de personas defensoras cada año desde hace una década. Supone la abrumadora proporción de dos tercios de los asesinatos a nivel global. Nuestra labor durante estos diez años apunta a la imperiosa necesidad de prevenir las represalias antes de que sea demasiado tarde, así como de exigir responsabilidades a quienes perpetran los ataques. 

Cambiar la historia de ataques contra defensores 

Frente a este contexto aciago, la respuesta desde los gobiernos ha resultado más que insuficiente. Por suerte, una red de organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y movimientos de base ha aceptado el desafío. Ello ha tenido como resultado el llamado Acuerdo de Escazú. Firmado en 2018, constituye el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que pone a las personas defensoras en el punto de mira.

Hace un llamamiento a los gobiernos para que prevengan e investiguen los ataques, y para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo sin temer por sus vidas. Además, defiende la participación pública, el acceso a la información y el acceso a la justicia como pilares esenciales para una protección efectiva. 

Hasta la fecha, 24 países han firmado el Acuerdo, pero solo aproximadamente la mitad lo han ratificado. En octubre pasado, tras un cambio histórico en el gobierno colombiano, y tras un llamamiento de Global Witness y muchas otras organizaciones, Colombia se convirtió en el país que más recientemente ha ratificado el Acuerdo, abriendo así el camino hacia su implementación. Esto resulta de particular importancia dado el contexto complejo y violento que enfrenta Colombia. En la última década, al menos 322 personas defensoras han sido asesinadas.

Si a eso añadimos los asesinatos de líderes sociales y otros defensores de derechos humanos, la cifra se dispara. En una reciente entrevista en la que evalúa los 100 primeros días de gobierno, Francia Márquez, una respetada activista de derechos humanos y abogada, y la primera vicepresidente afrocolombiana que tiene el país, admitió que aún está pendiente poder detener los ataques contra los líderes sociales. 

Acelerar la implementación 

Lograr un acuerdo como el de Escazú requiere cantidades ingentes de tiempo y energía, por no mencionar diplomacia y determinación. Por ello, su firma puede parecer una llegada a la meta. Sin embargo, no es más que el principio de un viaje mucho más largo. El gran reto, y lo que realmente pondrá a prueba el Acuerdo, será su implementación. 

Desde el 27 de septiembre de 2018, cuando los primeros países firmaron el Acuerdo, hasta finales de 2021, hemos tenido que lamentar el asesinato de al menos 487 personas defensoras en América Latina. 

En abril de 2022, Chile acogió la primera Conferencia de las Partes, o COP, de Escazú. Puede que este sea un término reconocible para muchos dentro del ámbito del cambio climático – la COP27 acaba de terminar en Egipto. En el caso de Escazú, la primera COP ha permitido a las partes reunirse por primera vez para evaluar la situación actual y proponer siguientes pasos.

En ese sentido, el hecho de que Escazú haya iniciado sus propias deliberaciones es una buena noticia, pero si abordar la violencia contra personas defensoras es, como el cambio climático, un tema muy complejo y que requiere tiempo, la realidad es que, como para el cambio climático, tiempo es precisamente lo que no tenemos. 

Global Witness ha estado trabajando para que el impulso que en estos momentos acompaña a Escazú continúe y se acelere. El pasado mes, participamos en el Primer Foro Regional sobre Escazú en Ecuador, en el que se dieron cita representantes de gobierno, de organizaciones de sociedad civil y de personas defensoras en primera línea de la crisis climática. El encuentro supuso una nueva bajada a la realidad: queda mucho trabajo por hacer. El foro de Ecuador nos dio la oportunidad de exigir una rendición de cuentas a gobiernos y empresas.

En particular, exhortamos a los gobiernos a asegurar que las personas defensoras estén protegidas y tengan acceso a la justicia – la impunidad es una de las fuerzas que aviva los asesinatos. Es esencial también que las empresas lleven a cabo diligencia debida al establecer sus proyectos extractivos o de desarrollo, de forma que aseguren que no están violando los derechos de las personas defensoras ni poniéndolas en ningún tipo de peligro.

En particular, alentamos a México a que tome acciones urgentes para detener la brutal escalada de violencia contra las personas defensoras. Desde el 5 de noviembre de 2020, cuando México ratificó el Acuerdo, hasta final de 2021, al menos 61 personas han sido asesinados en el país, que además ostentó el dudoso honor de liderar el número de asesinatos a nivel global en 2021. Los pueblos indígenas, periodistas y grupos de sociedad civil se encuentran actualmente bajo un altísimo nivel de riesgo. 

México no es el único país que ha fracasado a la hora de detener los ataques. Brasil, país en el que hemos documentado el mayor número de asesinatos durante la última década, ni siquiera ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Por ello, hacemos un llamamiento al nuevo gobierno para que dé absoluta prioridad a este tema en su agenda política. 

Es preciso transformar urgentemente las promesas y compromisos en una implementación y rendición de cuentas efectivas. Ahora que cumplimos diez años documentando asesinatos de personas del ambiente y el territorio, queremos rendir homenaje a sus vidas, y solidarizarnos con las personas defensoras a nivel global. Damos la bienvenida a una próxima década de acción a favor de las personas y el planeta.