Una sentencia histórica en Perú da esperanza a las personas defensoras de la tierra y el ambiente

Edwin Chota Varela, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez dedicaron años a documentar y desvelar la tala ilegal en la región amazónica de Ucayali. Registraron denuncias ante los gobiernos central y regional, demostrando cómo las mafias madereras estaban invadiendo sus tierras ancestrales.

Su comunidad, Alto Tamaya Saweto, había estado luchando, sin éxito, por obtener pleno reconocimiento de derechos sobre esas tierras. A principios de septiembre de 2014, los cuatro defensores salieron de casa camino a Brasil para encontrarse con otros líderes indígenas. Nunca llegaron a cruzar la frontera.

Las comunidades indígenas de la Amazonia peruana viven asediadas por actividades forestales, operaciones mineras y apropiaciones de tierras. Y, a la vez, son precisamente estas comunidades las que se encuentran en primera línea en la batalla contra el cambio climático y el colapso de la biodiversidad del planeta. Estudio tras estudio ha demostrado que las tasas de deforestación son más de un 50% inferiores en sus territorios. Defendiendo sus bosques, nos protegen a todos. Pero, demasiado a menudo, nadie los protege a ellos.

En Global Witness llevamos años exhortando a la protección efectiva de las personas defensoras de la tierra y el ambiente en Perú, país donde hemos registrado al menos 51 asesinatos entre 2012 y 2021. La mitad de ellos han sido de personas indígenas. En 2016, llevamos a cabo una investigación encubierta que desenmascaró a algunos de los madereros más importantes involucrados en el escándalo de madera más grande del país, un cargamento que partió desde la Amazonia hacia los Estados Unidos, y cuya madera resultó ser ilegal en más de un 96%.

Tal y como ha demostrado la investigación fiscal, los asesinos de los líderes ashéninka son madereros ilegales. Esto no es para nada una sorpresa. Lo que sí lo es, y lo que constituye una razón para albergar esperanza, es que estos asesinatos no hayan quedado impunes.

Han tenido que transcurrir más de ocho años desde los asesinatos. Durante este tiempo, la comunidad de Saweto no ha parado de exigir justicia, y al menos cinco fiscales han estado a cargo del caso, pero finalmente la Corte Superior de Justicia de Ucayali se ha pronunciado. El juez leyó la sentencia completa el 27 de febrero, y en breve se espera que salga la sentencia en firme.

28 años de prisión constituyen un dictamen histórico, y sientan un poderoso precedente para asegurar que la impunidad deje de ser la norma. Solo cuando los asesinos de personas defensoras de la tierra y el ambiente sean condenados, empezarán otros a pensárselo antes de apretar el gatillo.

En 2016, la comunidad Alto Tamaya Saweto logró un reconocimiento pleno de los derechos sobre sus tierras. Casi 77,000 hectáreas son por fin legalmente suyas. Aunque esto no ataja automáticamente las amenazas que continúan sufriendo, lo que sí ha supuesto es un paso más para que tanto la comunidad como sus bosques puedan prosperar. ¿Qué significa hacer justicia? Significa algo parecido a esto.