Cinco años después del asesinato de Berta Cáceres, la impunidad reina en Honduras

Pese a la indignación y movilización internacional que provocó el asesinato de la defensora lenca, el gobierno hondureño ha fracasado de manera consistente en la obligación de defender a su población. Es más, desde 2016 las y los defensores de la tierra y el medioambiente en Centroamérica enfrentan más más ataques  letales y no letales luego de que mataran a Berta Cáceres.

El 2 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados entraron a la casa de Berta por la noche, y le dispararon causándole la muerte. La defensora hondureña había dedicado gran parte de su vida a proteger a el territorio ancestral de Intibucá, al oeste del país, de la construcción de una represa que amenazaba el acceso al río Gualcarque, vital y sagrado para el pueblo lenca.

Paradójicamente, a menos de un año de su asesinato, Berta conmovió a un auditorio repleto con el discurso que dio al recibir el premio Goldman por su excepcional valentía en el activismo medioambiental. En su intervención, dedicó el premio “a los mártires que pusieron su vida en riesgo para defender los recursos naturales”. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”, señaló de manera enfática. Desafortunadamente, ni siquiera el reconocimiento internacional de su rol pudo salvarla.

Hace dos años, siete hombres fueron sentenciados por su rol como autores materiales del asesinato de Berta. Este fue un resultado improbable en un país que mantiene tasas de impunidad de sobre un 90% con respecto de violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas contra personas defensoras. Esto fue posible sólo gracias a la búsqueda incansable de justicia por parte de la familia de Berta y la organización que ella cofundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

No obstante, el COPINH arguye que la justicia aún no llega: los autores materiales del crimen, quienes propiciaron y estuvieron detrás del asesinato, aún caminan libres y sin enfrentar consecuencias legales de ningún tipo. El único hombre procesado al momento como autor intelectual ha llevado un proceso lleno de dilaciones injustificadas, faltas a la transparencia y vulneraciones al acceso a la justicia para las víctimas del caso.

Es justamente esta impunidad la que alimenta las amenazas contra quienes se alzan en favor del medioambiente en Honduras. Y la situación sólo se pone peor. De acuerdo con los datos más recientes producidos por Global Witness, al menos 40 personas defensoras de la tierra y el territorio han sido asesinadas desde el fatal ataque a Berta. Lo más preocupante es que este número es sólo una muestra de lo que se reporta en medios de comunicación, pero la realidad excede estas cifras ampliamente. Más allá de las cifras, Honduras se alzó en 2019 como el país con la tasa más alta de asesinatos contra personas defensoras per cápita.

Los ataques fatales en contra de personas defensoras son trágicos, pero constituyen el clímax de los abusos en su contra. En este sentido, Global Witness ha observado un aumento significativo de actos de ataques no letales, intimidación, detenciones ilegales, y el uso y abuso del derecho penal y normativas diseñadas para criminalizar e intimidar a quienes ejercen este rol, sus familias y las comunidades que representan.

Un reporte reciente, que examinó casos d distintos puntos del planeta, demostró que, las y los defensores hondureños encabezan la lista de este tipo de amenazas a nivel mundial. Estas tácticas tienen como fundamento frenar la movilización, y, como no ocupan las portadas de los medios, es funcional emplearlas para quienes apuntan hacia acallar a las disidencias.

Las personas defensoras de tierra y territorio se enfrentan al poder y los intereses que están detrás de proyectos de explotación minera, de la industria maderera y agroindustria. De acuerdo con la información de Global Witness, los grupos indígenas son un foco constante de ataque, en la medida en que las industrias extraen recursos en áreas cada vez más remotas. Mientras tanto, los gobiernos defienden los intereses particulares con poca preocupación por el bienestar de la ciudadanía.

En tanto la demanda por productos como madera, aceite de palma y minerales sigue en aumento, las compañías, los gobiernos y las bandas criminales continúan asaltando la tierra y destruyendo la naturaleza en favor de la búsqueda de ganancias.

Esta tendencia es parte de una epidemia que ha barrido con Honduras desde el golpe de Estado de 2009 y que tuvo sus causas en la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad a quienes cometen delitos, pero tienen apoyos irrestrictos del sector privado. Esto muestra una campaña sistemática para causar terror en comunidades locales y llevarlas a aceptar el robo y la industrialización de su tierra. Representa, además, una deuda profunda con los derechos de los pueblos indígenas, al pasar por alto los mecanismos de consulta en el uso de sus recursos.

Enfrentada con el peligro más grande, Berta incluso habló más fuerte para incidir en la garantía de derechos de su comunidad y del medioambiente. La comunidad internacional debe honrar su memoria llamando al gobierno de Honduras a proteger a las personas defensoras del medioambiente. Sin que se sancione a los perpetradores de este crimen, el 2 de marzo continuará siendo un doloroso recordatorio de la impunidad para el país, no solo por el caso Berta, sino que también por el riesgo en que se encuentra un número cada vez más grande de que defienden nuestro planeta.