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El proyecto de construcción de una carretera de 270 km de longitud atravesando la Amazonía peruana está plagado de incumplimientos de la ley y posibles conflictos de intereses, según ha declarado hoy Global Witness en su nuevo informe.
El proyecto de ley de la carretera de Purús que actualmente está estudiando el Congreso peruano propone la construcción de una nueva carretera entre Puerto Esperanza (Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios), en plena selva amazónica. Esta jungla aún virgen alberga los más ricos rodales de caoba que quedan en el Perú (1), y es el hogar de algunos de los pocos grupos indígenas que aún viven en aislamiento voluntario (2).
Si este proyecto de ley se aprueba, la nueva carretera tendrá un impacto devastador sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas de la zona, además de infringir la legislación en materia de áreas protegidas, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la protección de los grupos indígenas no contactados. No obstante, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, encargada de la formulación de recomendaciones al Congreso, no ha puesto de relieve ninguno de estos problemas en sus deliberaciones oficiales.
“Resulta crucial que hasta la remota región de Purús llegue el capital necesario para mejorar los servicios públicos, pero hay importantes interrogantes sobre quién se beneficiaría realmente con este proyecto. Las enormes pérdidas sociales y ambientales que acarrearía la nueva carretera no se han valorado debidamente y, por lo tanto, el Congreso debería rechazar el proyecto de ley”, ha comentado Billy Kyte, activista de Global Witness.
Las investigaciones de Global Witness parecen indicar que uno de los factores que subyacen a la defensa del proyecto de ley podría ser el acceso que ofrecería la carretera a valiosas materias primas como la madera y el oro:
- Funcionarios locales redactaron un contrato ilegal con la empresa maderera Agro Industrial SAC, por el cual les otorgaban los derechos de tala a lo largo del trazado de la carretera a cambio de su construcción. El párroco Miguel Piovesan, uno de los principales defensores de la carretera a nivel local, encabezó las negociaciones de este acuerdo, que no llegó a firmarse en su totalidad.
- El Congresista Carlos Tubino, el principal promotor del proyecto de ley, era jefe político militar de Ucayali durante el periodo en que desde Purús se transportaba abiertamente madera ilegal en aviones militares.
- El Congresista Francisco Ccama, otro de los promotores principales, tiene importantes intereses en el sector de la extracción de oro y podría beneficiarse de la apertura de nuevas reservas de oro.
“Hay tantos problemas asociados con esta propuesta que resulta preocupante que se haya llegado tan lejos con ella. Algunas de las personas que más abiertamente defienden este proyecto están vinculadas con intereses en los sectores de la madera y el oro, dos materias primas que sin duda se extraerán de esta zona por la nueva carretera. Por desgracia, la opinión de estas personas actualmente domina el debate político mientras que se ignoran las peticiones de los ministerios nacionales peruanos y las organizaciones indígenas de que se rechace el proyecto de ley”, ha comentado Kyte.
El informe de Global Witness documenta también los sobornos y otros delitos a nivel local que se asocian con el proyecto de la carretera:
- Se está llevando a cabo un desbosque ilegal a lo largo del trazado de la carretera proyectada, utilizando fondos otorgados por el Gobierno municipal de Purús.
- Se acusa a la Municipalidad de Purús de obtener de forma fraudulenta la firma de algunos indígenas con el fin de afirmar falsamente que estaban a favor de la construcción de la carretera.
- A un líder indígena se le ofreció un soborno de 30000 soles, esto es, aproximadamente 10.000 dólares estadounidenses ($), para que el proyecto de la carretera obtuviera el apoyo de los grupos indígenas.
Global Witness pide que se posponga la aprobación del proyecto de ley hasta que se realice una investigación exhaustiva de los indicios de incumplimiento de la ley y los posibles conflictos de intereses.
“El Congreso peruano debería posponer la aprobación del proyecto de ley. Una comisión investigadora del Congreso debe investigar estas acusaciones sin más dilación, a la vez que se estudian con detenimiento las implicaciones que conlleva el proyecto de ley”, ha declarado Kyte.
Datos de contacto:
En el Perú: Billy Kyte +51 962623604 [email protected]
En el Reino Unido: Oli Courtney +44 7912517147 [email protected]
Observaciones para los editores:
(1) Global Witness envió las acusaciones contenidas en el informe a las principales personas y empresas implicadas. Se recibieron cartas de respuesta de varios interesados, entre ellos el Congresista Carlos Tubino y Agro Industrial SAC, en las que se negaban muchas de nuestras acusaciones. Estas respuestas se resumen en el informe y están disponibles si se solicitan.
(2) SPDA et al., Impacto de la vía terrestre de Iñapari a Puerto Esperanza, 2012; y Kometter et al., Impacts of unsustainable mahogany logging in Bolivia and Peru Ecology and Society 9(1): 12, 2004
(3) Upper Amazon Conservancy, Perú: La tala ilegal de caoba continúa en reserva para indígenas en aislamiento, julio de 2010