El juicio de Saweto no puede llevarnos a perder otra oportunidad de que se haga justicia en el asesinato de cuatro líderes indígenas peruanos

Pasaron más de ocho años para lograr justicia para las víctimas de una brutal masacre. La sentencia de 28 años emitida por la Corte Suprema de Perú en febrero de 2023 fue verdaderamente histórica. Pero tan solo unos meses después, las viudas de cuatro líderes indígenas de Saweto asesinados se encontraron de nuevo en el punto de partida, obligadas a enfrentar un nuevo juicio penal.

En septiembre de 2014, Edwin Chota Varela, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, de la comunidad Alto Tamaya Saweto, fueron asesinados mientras viajaban para reunirse con otros líderes indígenas al otro lado de la frontera peruana, en Brasil. Los cuatro líderes llevaban años documentando y denunciando la tala ilegal en la región amazónica de Ucayali y habían presentado repetidas denuncias ante los gobiernos regionales y ante el gobierno nacional que demostraban cómo las mafias madereras estaban invadiendo sus tierras ancestrales.

En febrero de este año, más de ocho años después de sus asesinatos, cinco de los presuntos perpetradores -- todos ellos taladores ilegales -- recibieron una sentencia de 28 años de prisión tras una incansable lucha de la comunidad Saweto y su red de apoyo. Teniendo en cuenta los elevadísimos índices de impunidad en casos de asesinatos de personas defensoras ambientales, esta resultó una sentencia muy importante. 

Pero solo seis meses después de este histórico fallo, las sentencias fueron revocadas de forma inesperada. La decisión provocó indignación en todo el país, e incluso la ministra de Medio Ambiente, Albina Ruiz, exigió justicia ante las autoridades judiciales.

El pasado 2 de noviembre se inició una nueva ronda de audiencias judiciales, en las que más allá de las implicaciones de seguridad, logística y financiera, esta terrible experiencia para los familiares de los cuatro líderes les obliga a revivir en detalle las muertes de sus seres queridos y todos los impactos que vinieron después. Y, nuevamente, tendrán una total incertidumbre sobre los resultados de las audiencias, esta vez con la angustia adicional sobre la imparcialidad en el proceso. A menos de una semana desde el inicio del juicio, el Poder Judicial ya ha dictado órdenes de captura contra dos de los acusados que no se presentaron en la audiencia que dio inicio al nuevo juicio.

Los familiares y abogados han planteado en repetidas ocasiones sus preocupaciones sobre la seguridad en el marco del proceso judicial. Por ejemplo, Lita Roja, viuda de Leoncio Quintísima, ha denunciado los riesgos que ella y otras enfrentan, que se agudizan durante los procesos legales. Estos incluyen los peligros de viajar a Pucallpa, donde se llevan a cabo las audiencias, y el peligro para los familiares que permanecen en casa.

Frente a esta situación, nos preocupa la seguridad de las cuatro viudas de Saweto, así como de los abogados y testigos que han denunciado repetidamente haber recibido amenazas, incluso alegan de familiares de los presuntos asesinos de querer vengarse de la comunidad Saweto por buscar justicia. Óscar Romero, el abogado que representó a las víctimas en el juicio anterior, habló de las amenazas de muerte que recibieron las viudas e instó al Estado a incluirlas en programas de protección de víctimas y testigos.

Este caso muestra claramente lo peligroso que es Perú para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, así como para sus familiares, particularmente en el caso de los pueblos indígenas. Desde 2012, hemos registrado al menos 54 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el país.  Más de la mitad de las personas asesinadas pertenecían a pueblos indígenas. Y estos ataques continúan y son implacables; hace solo unos meses, el 4 de septiembre, un líder asháninka, Abner Campos Santo, fue atacado en un atentado contra su vida durante una misión para denunciar la tala ilegal en Puerto Bermúdez, Oxapampa. No es casualidad que estas comunidades se encuentren en zonas ricas en recursos naturales, con más del 75% de la Amazonía peruana cubierta por concesiones de petróleo y gas.

Si bien las comunidades indígenas del Perú son atacadas de manera desproporcionada, esta situación no es exclusiva del país. En 2022, más de un tercio de todas las personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en todo el mundo eran indígenas. Estos ataques continúan sucediendo mientras lideran la protección de nuestro planeta (incluyendo más del 80% de la biodiversidad del mundo), con tasas de deforestación al menos un 50% más bajas en territorios indígenas.

En una victoria agridulce, tras los trágicos asesinatos de los líderes de Saweto, la comunidad de Alto Tamaya Saweto obtuvo el pleno reconocimiento de los derechos sobre sus tierras. En 2016, más de 80.000 hectáreas fueron tituladas a su favor.

Pero los ataques contra los pueblos indígenas no se olvidan fácilmente y tienen efectos duraderos en las comunidades. Desde los asesinatos, muchos integrantes de la comunidad Saweto han sido expulsados de sus tierras por las amenazas recibidas y el temor ante posibles represalias. Aquellos que optaron por quedarse dicen que ahora tienen miedo de liderar los esfuerzos de conservación forestal.

El fracaso del Estado para garantizar plenamente la justicia en este caso continúa enviando un peligroso mensaje que impacta tanto a las personas como al medioambiente. Si bien la sentencia de 28 años podría haber marcado un punto de inflexión histórico, en cambio se ha convertido en una oportunidad trágicamente perdida.

Frente a esta grave situación se deben tomar medidas concretas para la protección no solo de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, sino de las comunidades indígenas de todo el Perú. Si bien Perú ha firmado el acuerdo de Escazú, un acuerdo regional que incluye disposiciones específicas sobre la protección de las personas defensoras ambientales, el Congreso aún no lo ha ratificado. Instamos a las autoridades a ratificar e implementar este acuerdo, y a brindar protección a las personas defensoras indígenas, así como a ayudar a garantizar que nunca más se vuelva a asesinar a personas defensoras, como sucedió con los líderes de Saweto.

A medida que se inicia un nuevo juicio, es primordial que prevalezca la justicia para las víctimas, sus familias y sus comunidades.