Voces silenciadas

En 2023 murieron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente. 

Cabe mencionar que en el siguiente listado podría faltar el nombre de muchas otras personas defensoras que murieron asesinadas el año pasado. Quizá nunca sepamos cuántas más dieron su vida por proteger nuestro planeta. En Global Witness también reconocemos y honramos su trabajo

de Nonhle Mbuthuma

¡Qué importaba que en nuestra Constitución se recogiera expresamente que debían consultarnos! Al igual que tantas otras personas defensoras de la tierra y el medioambiente de todo el mundo, nosotros también nos vimos despojados de nuestros derechos fundamentales. Y, aun así, me considero una afortunada porque yo estoy aquí para contarlo. 

Como se documenta en este informe, otras 196 personas activistas ya no podrán contar su historia porque fueron víctimas de brutales asesinatos en 2023.

La investigación que aquí se presenta demuestra que en todas las regiones del mundo hay personas que alzan la voz para denunciar los daños causados por las industrias extractivas (como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras) y se enfrentan por ello a actos violentos, discriminación y amenazas. 

Trabajamos en defensa de la tierra y el medioambiente y, cuando hablamos claro, muchos de nosotros sufrimos agresiones.

La costa de Sudáfrica es asombrosa. Igual que muchos pueblos y culturas del mundo entero, los pueblos indígenas de Cabo Oriental encuentran sosiego y diversión en nuestro océano. 

Pero para nosotros el mar es mucho más que playas de arena dorada y aguas turquesas: es una fuente vital de alimentos y el sustento de millones de personas. Además, alberga numerosas especies marinas endémicas y es un lugar sagrado, con un profundo significado cultural desde hace muchas generaciones.

Imagínese, pues, cómo me sentí cuando me enteré de que durante varios meses Shell iba a llevar a cabo voladuras sísmicas (una actividad tan dañina como su propio nombre indica) en las aguas costeras cercanas a mi hogar, de gran diversidad biológica.

El área de operaciones, en Maputaland-Pondoland (Albany), abarcaría 6.000 kilómetros cuadrados, esto es, un tamaño equivalente a dos veces y media el de Ciudad del Cabo. La decisión de Shell de emprender la extracción de petróleo y gas no solo sería catastrófica para la vida marina, sino también para las personas y el planeta.

Ahí me di cuenta de lo invisibles que somos y de lo poco que les importa a empresas como Shell la repercusión que tienen sobre el clima, la contaminación y la biodiversidad, elementos que, en conjunto, presentan el mayor problema de derechos humanos de nuestra generación. 

La violación de estos derechos fundamentales por parte de Gobiernos y empresas que buscan su propio beneficio no es solo un daño colateral menor, sino que tiene consecuencias que nos cambian la vida a todos.

Como muchas otras comunidades que tienen a las puertas de su casa proyectos destructivos para el medioambiente, sabíamos que nuestra única opción era crear un movimiento que englobara todo el país. 

La ciudadanía (familias, activistas, periodistas y miembros de la abogacía, entre otros) se puso en marcha para demostrar al Gobierno que existe otra vía más equitativa para lograr un futuro próspero. El mensaje caló más allá de las ciudades costeras de Sudáfrica y nuestro movimiento se extendió rápidamente por todo el mundo.

Nos enfrentábamos a una multinacional y al Gobierno que respaldaba sus proyectos, pero nos atrevimos a llevar a ambos a los tribunales. Y nuestra perseverancia y determinación dieron sus frutos.

En septiembre de 2022, la División de Cabo Oriental del Tribunal Superior de Sudáfrica revocó los derechos de prospección de Shell y dictaminó que las prospecciones sísmicas en la Costa Salvaje de Sudáfrica eran ilegales.

Fue una sentencia sin precedentes y una victoria histórica para nosotros. Sentimos que se nos había hecho justicia. Pero nuestra alegría duró poco. No tardaron en recurrir y ahora estamos a la espera de la próxima vista. 

Cuando llegue, no nos pillará por sorpresa.

Defender el medioambiente siempre conlleva sacrificios personales. A mí las décadas de trabajo protegiendo nuestro planeta me han pasado factura física y emocionalmente. Nuestro activismo tiene un costo oculto. 

Durante años, yo he tenido que soportar amenazas de muerte, brutalidad, criminalización y acoso. Saber que día tras día estoy en peligro de muerte es realmente agotador. Y yo no soy la única. 

Desde que Global Witness empezó a informar sobre los asesinatos de personas defensoras en 2012, en todo el mundo han muerto más de 2.000. Sin embargo, los Gobiernos no documentan ni investigan los ataques y, por supuesto, tampoco buscan ni atajan la raíz del problema.

Las personas defensoras y sus comunidades se exponen a un abanico de represalias cada vez mayor y muchas de ellas no se ven. O, peor aún, se pasan por alto.

Cuando pienso en mi país, tan rico en recursos y tan sumido en la desigualdad, no me cabe duda de que la extracción de recursos naturales oprime a la ciudadanía en lugar de beneficiarla. La explotación de las personas y el medioambiente tiene sus raíces en la violencia colonial, el racismo y la injusticia. 

Quienes nos antecedieron eran conscientes de la importancia de informar, educar y movilizar a la población; así es como hicieron historia. 

Hoy me toca a mí, como defensora, presionar a las élites del poder para que tomen medidas radicales que nos alejen de los combustibles fósiles y nos lleven a sistemas que beneficien a toda la sociedad. 

La labor de cada líder, por su parte, es escuchar y asegurarse de que las personas defensoras podamos alzar la voz sin peligro. Dicha responsabilidad recae sobre todos los países ricos y con recursos del planeta. 

Por eso, siempre que me hablan de los beneficios de las multinacionales que operan en mi país, pregunto: «Una vez contaminado el océano, destruidos nuestros medios de vida y ampliada la brecha de la desigualdad, una vez los daños sean irreversibles, ¿quién pagará el precio?». 

Hoy nos encontramos ante una situación de emergencia climática, pero, en muchos sentidos, seguimos teniendo que luchar por lo de siempre: nuestros derechos fundamentales. Desafiar este statu quo es un reto colectivo para nuestro futuro y para el futuro del mundo que compartimos.

Esa es precisamente la razón por la que no dejaremos de luchar, por la que no nos callarán, por la que seguiremos haciendo historia.

Perspectiva mundial: hallazgos principales de 2023

En 2023, Global Witness registró 196 casos documentados de personas defensoras asesinadas por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente, aunque es probable que el número real de casos sea mayor. Con esta cifra, el total de asesinatos cometidos en todo el mundo desde que Global Witness comenzó a informar de ellos en 2012 asciende a más de 2.000: concretamente, la cifra estimada asciende a 2.106.

El asesinato sigue siendo una estrategia habitual para silenciar a las personas defensoras y, sin lugar a duda, la más brutal. 

Pero, como se muestra en este informe, las agresiones con consecuencias mortales suelen producirse paralelamente a otras represalias generalizadas contra el activismo ambiental: actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales. Esta circunstancia se da en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores. 

Las personas defensoras que fueron asesinadas intentaban proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales de distintas formas. Y cada una de esas muertes vuelve el mundo más vulnerable ante las crisis del clima, la biodiversidad y la contaminación. 

Desde la aprobación, el 12 de diciembre de 2015, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, han muerto asesinadas más de 1.500 personas que defendían sus tierras y el medioambiente. 

América Latina registra sistemáticamente el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente: en 2023, el 85 % de todos los casos.

Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70 %: Brasil, Colombia, Honduras y México. Global Witness lleva muchos años advirtiendo de esta tendencia en la región.  

De las personas asesinadas en 2023, el 43 % eran indígenas y el 12 % mujeres. 

Colombia es el país con la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, lo que supone el 40 % de todos los casos registrados. Se trata del total anual más alto para cualquier país documentado por Global Witness desde que comenzamos a registrar los casos en 2012. 

En poco más de una década, se ha asesinado allí a 461 activistas. Actualmente, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023. 

Un total de 31 de las personas asesinadas en Colombia en 2023 eran indígenas y seis pertenecían a comunidades afrodescendientes. 

Muchas familias se han visto afectadas de manera desproporcionada por los conflictos armados, las disputas por la tierra y las violaciones de los derechos humanos que se han acentuado por más de medio siglo de conflicto armado.

La inmensa mayoría de los ataques se han producido en las regiones suroccidentales de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). La combinación del cultivo de la coca, el narcotráfico y el conflicto armado ha devastado estas regiones y, en muchas ocasiones, las comunidades y quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado. 

Se sospecha que grupos delictivos organizados han cometido la mitad de los asesinatos de personas defensoras acaecidos en Colombia en 2023.

De hecho, solo en un puñado de casos se han podido establecer vínculos entre los ataques a personas defensoras colombianas y las industrias que han suscitado el activismo comunitario: cinco relacionados con la minería, tres con la pesca, uno con la explotación forestal y uno con la energía hidroeléctrica.

Si bien el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha comprometido a reducir la violencia, sus promesas aún no han dado lugar a una disminución de las represalias contra algunas de las comunidades y activistas más vulnerables del país.

Por el contrario, la violencia contra líderes sociales y quienes trabajan en pro de los derechos humanos parece ir en aumento. Según la organización colombiana Programa Somos Defensores, no se ha observado una mejora significativa en las tendencias generales de las agresiones.

Como anfitrión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en octubre de 2024, el Gobierno colombiano tendrá una oportunidad histórica para solucionar estos problemas. 

Tendencias similares pueden observarse en México y Honduras, en cada uno de los cuales se asesinó a 18 personas defensoras en 2023, lo que supone un descenso para México (en comparación con las 31 de 2022) y un aumento para Honduras (desde las 14 de 2022).

En México, más del 70 % de los asesinatos de 2023 fueron de indígenas. Además, se observó una concentración de ataques en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, en la costa del Pacífico. La mayoría de las víctimas luchaban contra las explotaciones mineras de la región. De los tres estados, Michoacán fue el más peligroso, con ocho asesinatos documentados en 2023.

A diferencia de en Colombia, en México sí pudimos relacionar más del 40 % de los asesinatos ocurridos en 2023 con las operaciones mineras a las que se oponían las personas activistas. El sector de la minería sigue siendo esencial para el país, ya que contribuye significativamente a su situación económica.

Aparte de los asesinatos mencionados, en México también se ha producido un número considerable de desapariciones forzadas, una forma de violencia especialmente cruel que es típica, aunque no exclusiva, de este país.

Con el mismo número de asesinatos que México, pero menos de una décima parte de población, Honduras resultó ser el país con más asesinatos per cápita en 2023.

Para entender la prevalencia de los ataques en este país, la organización hondureña ACI-Participa resalta varias claves: la falta de tierras productivas para la explotación agraria, la priorización de las actividades extractivas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes .

El total de asesinatos en Brasil ha descendido de 34 en 2022 a 25 el año pasado. Más de la mitad de las personas asesinadas eran indígenas y cuatro afrodescendientes. 

El presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, se vio ante grandes expectativas de reformar las políticas retrógradas que había introducido su predecesor, Jair Bolsonaro, cuya presidencia se caracterizó por leyes que expusieron la Amazonía a la explotación y la destrucción.

Sus políticas fomentaron la invasión ilegal de tierras indígenas y debilitaron los planes del país de reducir sus emisiones.

Hasta la fecha, se han producido algunos avances. Por ejemplo, el Gobierno ha reactivado la financiación destinada a proteger la Amazonía y ha vuelto a instaurar la agencia de asuntos indígenas que desmanteló Bolsonaro.

Sin embargo, los cambios políticos siguen siendo difíciles debido a la mayoría en el Congreso del partido derechista conocido como «los ruralistas», que defiende los intereses de terratenientes privados frente a la reforma agraria pública.

En 2023, Global Witness documentó al menos 10 asesinatos relacionados con «agricultores sin tierra», parte del movimiento de campesinos sin tierra que exigen una distribución de la tierra más equitativa. 

La organización brasileña Comisión Pastoral de la Tierra ha venido informando de un número cada vez mayor de conflictos relacionados con la tierra en la última década y, en 2023, se registró el máximo histórico.

Asia

En Asia, entre 2012 y 2023 se asesinó a 468 personas defensoras: el 64 % en Filipinas, con 298 casos, aparte de los 86 de la India, los 20 de Indonesia y los 13 de Tailandia. En 2023, Global Witness registró casos de asesinato en Filipinas (17), la India (5) e Indonesia (3).

Las agresiones sin consecuencias mortales también se utilizan cada vez más como táctica para sofocar el activismo en toda la región. La red FORUM-ASIA indicó que en 2021 y 2022 la cifra más alta registrada de violación cometida contra quienes defienden los derechos humanos en el continente fue la del hostigamiento judicial, al documentarse 1.033 incidentes.

Global Witness ha denunciado la desaparición forzada de siete personas en Filipinas y, al parecer, esta tendencia se está extendiendo a otros países en 2024. 

El secuestro de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el sudeste asiático se ha convertido en una cuestión crucial, que refleja el conjunto de actos sistémicos perpetrados por quienes ocupan cargos de poder para reprimir la disidencia y mantener el control de la tierra y los recursos. 

Un ejemplo claro es el reciente secuestro de Muhriono, agricultor de la aldea de Pakel, en Banyuwangi (Java Oriental) , un incidente que pone de relieve la creciente tendencia a perseguir a personas que plantan cara a intereses poderosos, especialmente los relacionados con los derechos sobre la tierra y la protección del medioambiente. 

Africa

En África, en 2023 se asesinó a dos personas defensoras en la República Democrática del Congo, una en Ruanda y otra en Ghana. Entre 2012 y 2023, fueron 116 las personas activistas asesinadas en el continente, la mayoría guardaparques de la República Democrática del Congo (74). 

En ese periodo, Global Witness también documentó casos en Kenia (6), Sudáfrica (6), el Chad (5), Uganda (5), Liberia (3) y Burkina Faso (2), entre otros países. 

Pero lo más probable es que estas cifras tan escalofriantes no sean más que una burda subestimación, ya que el acceso a la información sigue siendo realmente problemático en todo el continente. 

Espacio cívico en pugna 

En Europa y Norteamérica, las personas defensoras también se enfrentan a situaciones cada vez más difíciles cuando ejercen su derecho a protestar. También allí el espacio cívico está cada vez más en pugna. 

En 2023, se asesinó a cuatro manifestantes en Panamá y dos en Indonesia y, del mismo modo, en los Estados Unidos un agente de policía mató a tiros a un defensor del medioambiente que se manifestaba contra la destrucción de un bosque local para construir un centro de formación policial. 

Personas y comunidades 

En 2023, siguió habiendo un número desproporcionado de agresiones contra indígenas (85) y afrodescendientes (12) en el mundo entero. 

Aquí se incluyen los ataques contra representantes de algunas comunidades que han estado luchando contra la invasión de su territorio, a menudo con escaso o ningún apoyo del Estado. También se incluye a quienes han intentado colaborar de manera constructiva con los intereses empresariales para garantizar que sus tierras no sean destruidas ni contaminadas. 

En algunos casos, se persigue y agrede también a familiares de las personas activistas. Aunque las agresiones mortales son menos frecuentes, en 2023 un tercio de las víctimas que perdieron la vida eran mujeres de la familia de una persona defensora. Además, las mujeres defensoras se enfrentan a retos adicionales y a riesgos específicos solo por su sexo, en particular cuando desafían las normas tradicionales de género.

Este tipo de agresiones punitivas ponen de manifiesto la naturaleza patriarcal de la violencia contra activistas, lo que apunta a la necesidad de una justicia que pueda abordar las formas de opresión interrelacionadas . 

Industrias

Sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos. Sin embargo, en 2023 pudimos determinar que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, ya que se asesinó a 25 personas defensoras después de que se opusieran a operaciones mineras.

Más del 50 % de los asesinatos relacionados con la minería que se produjeron entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en América Latina. El año pasado, 23 de los 25 de todo el mundo ocurrieron en esta región.

Por otra parte, más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 se produjeron en Asia. Esta región cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias, como el níquel, el estaño, los elementos de tierra rara y la bauxita. 

Aunque esta coyuntura podría ser una buena noticia para la transición energética, sin cambios drásticos en las prácticas mineras también podría aumentar la presión a la que se enfrentan las personas defensoras. 

Tendencias de los ataques en Centroamérica

Juntos, los siete países que componen Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) tienen aproximadamente el mismo tamaño que Tailandia. No obstante, esta superficie tan reducida contiene el 12 % de la biodiversidad mundial. 

Esta riqueza incluye también las culturas de la región. Centroamérica alberga a numerosos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuyos conocimientos y prácticas colectivos podrían desempeñar un papel esencial en la lucha contra el cambio climático. 

Sin embargo, su opinión se ha pasado por alto sistemáticamente en la toma de decisiones sobre el clima, algo que evidencia las estructuras coloniales que desde siempre han hecho caso omiso de los conocimientos indígenas.

Hoy en día, este acervo de conocimientos es más necesario que nunca. Con su mosaico de ecosistemas tropicales a lo largo de una estrecha franja entre la costa del Pacífico y la del Caribe, Centroamérica es muy vulnerable al cambio climático.

Además, está cada vez más amenazada por las industrias destructivas. El 80 % de su frondosa superficie vegetalya se ha convertido en tierras agrícolas, con lo que se han fragmentado bosques de vital importancia para el clima y se ha provocado una pérdida de biodiversidad. 

Cuando la naturaleza, la tierra y los ecosistemas están en peligro, también lo están las personas defensoras y sus comunidades, algo que queda patente particularmente en Centroamérica. Durante algo más de una década, las personas defensoras de esta región han sufrido más agresiones per cápita que las de cualquier otra parte del mundo. Además, el 97 % de esos ataques se han producido en los mismos tres países: Honduras, Guatemala y Nicaragua.

En 2023, el peligro se incrementó aún más: en Centroamérica, una región con menos del 1 % de la población mundial, se asesinó a 36 personas defensoras, lo que supone casi 1 de cada 5 de los homicidios que documentamos en todo el mundo. 

Casi la mitad de las personas defensoras asesinadas en Centroamérica en 2023 (17) eran indígenas. Dos eran afrodescendientes y ocho se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. En uno de los casos de Honduras, junto a un defensor de la tierra y el medioambiente asesinaron también a su hijo, un joven de 15 años. 

Estudios recientes también han demostrado que, entre 2012 y 2023, en Centroamérica y México se atacó a más de 9.000 mujeres activistas de derechos humanos. Casi la mitad de esas agresiones fueron perpetradas por el Estado, cuyo objetivo generalmente era proteger los intereses de las industrias extractivas y la delincuencia organizada.

En total, 314 personas defensoras murieron asesinadas en Centroamérica entre 2012 y 2023. De ellas, más de la mitad (161) eran indígenas y 18 afrodescendientes. 

Ante tales cifras, cabe preguntarse por qué algunos países de la región son así de peligrosos para quienes intentan proteger el planeta, en particular las comunidades indígenas.

Autoritarismo e impunidad

Los regímenes autoritarios se aseguran de que las élites políticas y económicas puedan usar la violencia impunemente para mantener sus redes corruptas y garantizar su control sobre los recursos naturales.

El norte de Nicaragua alberga la segunda selva tropical más grande del hemisferio occidental, la de Bosawás . Además, es el hogar de dos de los pueblos indígenas más vulnerables de Nicaragua: los mayangna y los miskito. 

Los 10 homicidios que registró Global Witness en Nicaragua en 2023 fueron de indígenas, al igual que 69 de los 70 casos documentados entre 2012 y 2023. 

En los últimos años, Nicaragua ha perdido bosques más rápidamente que cualquier otra parte del mundo y los mayangna y los miskito han sido diezmados en repetidas ocasiones.

Según varios grupos en defensa de los derechos humanos, esta devastación está siendo «facilitada y permitida» por el Gobierno nicaragüense. Un grupo de expertos ha calificado el «asesinato sistemático» de indígenas de «política no declarada del Estado nicaragüense encaminada a apropiarse de sus tierras». 

Al mismo tiempo, las víctimas de la violencia estatal no tienen acceso a la justicia en Nicaragua, donde en 2018 cientos de personas murieron en una represión contra manifestantes que exigían reformas democráticas. 

Desde entonces, miles de ONG y grupos comunitarios han sido clausurados a la fuerza, lo que hace prácticamente imposible que la sociedad civil se organice para defender sus derechos.

Delincuencia organizada y corrupción

Desde mediados de la década de 2000, Centroamérica ha sido un punto de tránsito clave en las rutas del narcotráfico desde América del Sur hacia los mercados de los Estados Unidos (EE. UU.) y Europa. Esta situación estratégica, al ir acompañada de una mayor militarización y medidas antidroga, obliga a los traficantes a ocultarse, lo que supone un riesgo inmenso para las personas defensoras.

Las políticas de prohibición de las drogas no han logrado reducir los flujos mundiales de estupefacientes y han empujado a los traficantes a adentrarse aún más en los bosques y zonas remotas. Una vez allí, trastocan los ecosistemas y aterrorizan a las comunidades locales, ya que construyen pistas de aterrizaje y carreteras para trasladar sus cargamentos y crean pastizales con el fin de blanquear dinero. 

Por eso, es de vital importancia que la legislación proteja los derechos indígenas y comunitarios a la tierra y la soberanía, de modo que aumente la resiliencia local frente a las bandas delictivas organizadas.

En cualquier caso, el poder económico de los grupos de narcotraficantes también socava la gobernanza en general : parte de sus ingresos se reinvierten en corrupción para comprar su impunidad y facilitar el flujo de estupefacientes.

El deterioro resultante tanto de las instituciones que deberían hacer cumplir las leyes ambientales como del sistema judicial que debería garantizar la rendición de cuentas por los daños y perjuicios agrava aún más los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras y echa por tierra los intentos de protegerlas.

Un ejemplo extremo de ello es el de Honduras, país que con frecuencia figura entre los más peligrosos del mundo para las personas defensoras en términos de asesinatos per cápita. En marzo de 2024, el expresidente del país, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos.

Había ostentado la presidencia de 2014 a 2022, gozando gran parte de ese tiempo del apoyo entusiasta del Gobierno estadounidense. Los fiscales argumentaron que Hernández había convertido Honduras en un «narco-Estado» donde los zarcillos de la corrupción alcanzaban hasta las más altas esferas del poder.

Conflictos históricos y militarización

Varios países de la región, entre ellos Guatemala y Nicaragua, han sufrido la devastación originada por sangrientas guerras civiles de larga duración. 

Estos conflictos se remontan a la Guerra Fría. En 1954, Guatemala se sumió en una dictadura después de que un golpe de Estado organizado por la CIA acabara con su incipiente democracia.

Seis años después, el país se vio inmerso en una guerra civil que duró 36 años. En el punto álgido del conflicto, las fuerzas gubernamentales perpetraron actos de genocidio contra cinco grupos indígenas mayas, según una Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas.

La guerra civil dejó instituciones básicas guatemaltecas en manos de redes delictivas estrechamente vinculadas a su poderoso Ejército. Estos grupos siguen ejerciendo una enorme influencia en la actualidad. 

En los últimos cuatro años, más de 50 activistas de derechos humanos, fiscales, jueces, personas que luchan contra la impunidad y periodistas han tenido que huir del país debido a procesos penales sin fundamento emprendidos contra ellos por la Fiscalía del país.

Muchas de las denuncias penales utilizadas para atacar a quienes lideran la lucha contra la impunidad las presentó una ONG de extrema derecha, la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el hijo de un general del Ejército supuestamente implicado en atrocidades cometidas durante la guerra.

Explotación empresarial

Un factor que agudiza la situación descrita es que Centroamérica ha estado sometida durante décadas a actividades extractivas insostenibles, como la explotación forestal, la minería, los proyectos energéticos y las plantaciones de monocultivos. 

Las multinacionales han colaborado de forma recurrente con élites nacionales abusivas para pisotear los derechos comunitarios y los procedimientos de consulta. Las comunidades que se han resistido y han intentado defender sus tierras y recursos se han enfrentado a la represión violenta y a la muerte.

En 2023, los acontecimientos ocurridos en Panamá pusieron claramente de manifiesto esta realidad. Los planes para adjudicar un nuevo contrato a una mina de cobre de propiedad canadiense en el corazón de los bosques panameños desencadenaron protestas nacionales que se prolongaron durante más de un mes y paralizaron el país. 

Encabezaban las manifestaciones grupos indígenas, sindicatos y miembros de la ciudadanía preocupados por la contaminación, la deforestación y la escasez de agua. 

Se les había presentado la mina como un proyecto emblemático que impulsaría la economía local, pero resultó ser una catástrofe y la Corte Suprema lo paralizó. También hubo consecuencias trágicas: cuatro personas defensoras perdieron la vida en la represión de las protestas, dos por atropello y dos por disparos directos. 

Evitar los procesos de consulta trae consigo efectos devastadores para los pueblos indígenas y las comunidades locales que se han venido denunciando periódicamente desde hace años. 

Ahora que el mundo se esfuerza por abandonar lo antes posible los combustibles fósiles y se apresura a extraer los metales que requiere la economía verde, es esencial garantizar que no repitamos los errores que ya cometimos en el pasado. 

Todos los ejemplos anteriores ilustran la profunda reestructuración del sistema que se necesitaría para que Centroamérica llegara a ser un lugar seguro para el activismo. Sin instituciones que funcionen, una gobernanza eficaz y un Estado de derecho básico, cualquier avance en esta convulsa región siempre será insuficiente, frágil y fácil de echar por tierra.

Asentar ese tipo de cimientos requiere un cambio fundamental, incluido el abandono de la guerra contra las drogas, que ha procurado enormes riquezas e influencias a delincuentes y ha generado una corrupción e impunidad descontroladas, aun sin lograr que se detenga el flujo de estupefacientes.  

Las labores para lograr este cambio están cobrando fuerza: especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y gobernantes de ambos extremos de la cadena de suministro de estupefacientes  exigen una reforma. La sociedad civil, activistas políticos y otras partes interesadas en los derechos humanos del continente americano deben unirse para apoyar este cambio radical.

Otra oportunidad para generar cambios es el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional en materia de medioambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe, un instrumento jurídicamente vinculante que contiene disposiciones sobre las personas defensoras del medioambiente. 

El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril de 2021, pretende garantizar al público el derecho a acceder a la información medioambiental y a participar en la toma de decisiones ambientales. Y, lo que es más importante, exige a los Estados que prevengan e investiguen las agresiones contra las personas que trabajan en defensa del medioambiente. 

Hasta la fecha, cinco países de Centroamérica han firmado el acuerdo, y tres lo han ratificado. A pesar de tener el mayor número de agresiones per cápita, Honduras aún no lo ha firmado. Aparte del compromiso de todos los países de la región, se necesita mucho más para garantizar que el acuerdo se aplique de forma efectiva y se haga cumplir con firmeza a escala nacional.

En el limbo: víctimas de la impunidad y las desapariciones forzadas 

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz llevaban años trabajando juntos para proteger a la comunidad mexicana de San Miguel de Aquila de los abusos del gigante minero Ternium. En enero de 2023, ambos defensores fueron sometidos a una desaparición forzada. Aún no se ha encontrado a ninguno de los dos.

San Miguel de Aquila, una comunidad situada en el montañoso estado de Michoacán, está rodeada de bosques de pinos y robles que se extienden hasta el océano Pacífico. Pero su verdadera riqueza se encuentra bajo la superficie, ya que las montañas esconden ingentes cantidades de mineral de hierro. 

Las décadas de extracción minera han convertido Michoacán en uno de los lugares más peligrosos de México. Entre 2012 y 2023, al menos 21 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron víctimas de desapariciones forzadas o directamente asesinadas allí.

Las relaciones entre las comunidades y Ternium —uno de los mayores productores de acero de América Latina— son tensas, una situación que empeora por la presencia de delincuentes organizados y narcotraficantes que luchan por el control del territorio. 

Y es que hay mucho en juego: la producción de acero es inmensamente rentable, como demuestra el hecho de que, solo en 2023, reportó a la empresa minera unas ventas totales de 17.600 millones de dólares estadounidenses.

Los beneficios de la minería entrañan un costo exorbitante para el medioambiente y el clima. La extracción de mineral de hierro y la fabricación de acero requieren grandes minas a cielo abierto e inmensas cantidades de agua y combustibles fósiles. En conjunto, la industria siderúrgica es responsable de cerca del 8 % de las emisiones mundiales de carbono. 

Sin embargo, la demanda de acero ha aumentado en todo el mundo y se prevé que siga haciéndolo, incluso en un momento en el que la humanidad delibera sobre el costo ambiental de los metales que se utilizan en la transición ecológica.

Ternium, empresa luxemburguesa filial del grupo italo-argentino Techint, inició sus operaciones en Michoacán en 2005. Durante años, la comunidad expresó su descontento con la forma en que operaba Ternium. Sus miembros protestaron repetidamente contra la repercusión de las actividades en el medioambiente y los escasísimos beneficios que recibían de las operaciones mineras.

Para cuando las operaciones se ampliaron en 2019, Antonio Díaz llevaba tiempo sintiendo una gran frustración. Como era un líder y profesor respetado, había dedicado años a intentar que la mina de Las Encinas (que produce 1,9 millones de toneladas de mineral de hierro peletizado al año) beneficiara a la comunidad y que Ternium respetara los acuerdos que había suscrito.

Preocupado por la repercusión de la mina en el medioambiente, en las comunidades y en sus medios de subsistencia, Antonio convocó, en nombre de la mayoría de los miembros de la comunidad, una elección de dirigentes para establecer una autoridad agraria legítima. 

Así obtendrían un mayor reconocimiento legal, con lo que podrían defender sus derechos sobre la tierra y renegociar las condiciones en las que operaba la mina. 

Resulta crucial, además, que la intención era poner fin a años de conflictos entre los miembros de la comunidad, unos conflictos que Ternium decía que eran internos, pero que, según la propia comunidad, habían surgido de la improcedente intervención de la empresa en la vida comunitaria.

La expansión de la mina avivó aún más las tensiones intracomunitarias y fue entonces cuando Antonio decidió asociarse con el reputado abogado mexicano especializado en derechos humanos Ricardo Lagunes para impugnar la legitimidad de las personas representantes extraoficiales de la comunidad nahua.

Ambos conocían los peligros que aquello conllevaba. En palabras de testigos, Ricardo ya había sufrido amenazas de muerte por proteger los derechos de los grupos indígenas. Como resultado de su labor previa de defensa de las tierras indígenas en los estados de Chiapas y Oaxaca, el Gobierno mexicano le había concedido las medidas de protección contempladas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Defender los derechos humanos tuvo consecuencias graves para Antonio y Ricardo, así como para sus familiares y otros miembros de la comunidad que apoyaban su trabajo. Hombres armados los siguieron y amenazaron a lo largo de cuatro años. 

Según se dice, durante una asamblea comunitaria celebrada en diciembre de 2022 en la que estuvieron presentes directivos de la empresa, se amenazó a Antonio y Ricardo con su desaparición forzada si seguían alzando la voz en contra de Ternium.

En una carta enviada en diciembre de 2022 a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México por aquel entonces, Antonio acusó a Ternium de pagar a grupos armados para que atacaran y reprimieran a miembros de la comunidad de Aquila. 

A pesar de las dificultades, la comunidad reanudó los esfuerzos para reelegir una nueva autoridad agraria comunitaria y renegociar los acuerdos de regalías.  

Un mes después, se llevaron a Antonio y Ricardo. La noche del 15 de enero de 2023, encontraron su coche abandonado con las ruedas pinchadas en Colima, cerca de la frontera con Michoacán. Volvían de una reunión comunitaria cuando los atacaron. 

Desde hace más de un año, sus familiares intentan encontrarlos por todos los medios, pero parece ser que nadie sabe nada. 

La Fiscalía mexicana no ha considerado su labor de defensores de la tierra y del medioambiente como una vía de investigación vinculada a la desaparición.

«No nos han dado ninguna información sobre mi hermano; para nosotros ha sido una tortura — comentó Ana Lucía, hermana de Ricardo—. Estamos intentando seguir adelante, mantenernos sanos para poder continuar, porque no sabemos cuánto tiempo se alargará esto. Pero no dejaremos de buscarlo. Ni por un segundo nos olvidamos de que no está con nosotros, de que le han hecho algo. Nos estamos volviendo locos». 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado que México no ha aplicado plenamente sus protocolos especializados para investigar las desapariciones de personas defensoras de los derechos humanos. Esta inacción intensifica la repercusión que tiene la impunidad en las familias, su ansiedad y su miedo. 

Las desapariciones de Ricardo y Antonio no son los primeros ataques contra personas defensoras y líderes indígenas de comunidades que se oponen a las actividades mineras en Michoacán. 

En noviembre de 2013, tres representantes de la comunidad de Aquila desaparecieron por la fuerza tras presentar una denuncia ante las autoridades agrarias locales, en la que acusaban a Ternium de incumplir su acuerdo. Meses después se encontraron sus cuerpos sin vida.

Las últimas investigaciones han demostrado que, en todo México, desaparecieron de ese modo 93 personas defensoras de la tierra y el medioambiente entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023. Más del 40 % de ellas aún no han sido encontradas. 

Ternium ha mencionado el deterioro de la seguridad general en Aquila, donde Las Encinas tiene su principal explotación minera, y ha achacado el recrudecimiento de la violencia a la expansión territorial de la delincuencia organizada que intenta explotar los recursos económicos.

El mineral de hierro extraído de minas explotadas ilegalmente en Michoacán y el vecino estado de Jalisco ha estado engordando los beneficios del crimen organizado. Los pagos de regalías recibidos por los nahuas han sido objeto de extorsión y muchos miembros de la comunidad culpan a Ternium de revelar detalles sobre los pagos y poner en peligro su seguridad.

El riesgo es tan alto que la comunidad nahua ha creado una policía comunitaria para aumentar su protección.

«La desaparición forzada de Ricardo y Antonio está directamente relacionada con su trabajo como defensores de los derechos humanos —afirma Antoine—. Tanto el Gobierno como la delincuencia organizada tuvieron algo que ver». 

La situación no ha mejorado desde la desaparición de Ricardo y Antonio. Tres meses después de su secuestro, el activista antiminero Eustacio Alcalá corrió la misma suerte, aunque él apareció muerto a los dos días.

Eustacio era un líder indígena nahua de San Juan Huitzontla, a 20 km de San Miguel de Aquila, que también se oponía a la mina de Las Encinas. Su comunidad había presentado un recurso de amparo contra seis concesiones mineras otorgadas a dos empresas dedicadas a la minería, una de ellas filial de Ternium.

No hay pruebas fehacientes de que Ternium o su personal hayan ordenado o llevado a cabo ninguna desaparición forzada de personas defensoras de la tierra. La vasta explotación de mineral de hierro en la región ha contribuido a un microcosmos de intereses encontrados, que incluye la expansión territorial de la delincuencia organizada y un recrudecimiento de la violencia.

No es fácil reflejar la repercusión a largo plazo que tienen las desapariciones. Eliminar sin dejar rastro a líderes como Antonio siembra el miedo y paraliza a comunidades enteras, que pueden tardar generaciones en recuperarse de algo así. Por otro lado, impedir el acceso a la asistencia jurídica mediante el ataque a juristas como Ricardo limita las vías legítimas con las que cuentan las personas defensoras de la tierra y el medioambiente para solicitar reparación. 

Al parecer, las desapariciones forman parte del arsenal mucho mayor que se utiliza para disuadir a las comunidades de expresar su oposición a los proyectos mineros. 

«Una desaparición lo cambia todo, lo destruye todo: tus objetivos, tus proyectos, tu vida —aseguró Keivan Díaz, nieto de Antonio—. El daño no termina con la desaparición. De hecho, ahí no hace más que empezar. Llevo desde el primer día preguntando dónde está Antonio, qué le pasó a él y qué le pasó a Ricardo. Eso es todo lo que quiero saber».

La hija de Antonio, Brenda, comparte ese sentimiento: «Ojalá el mundo pudiera ver la destrucción que causa la minería en Aquila: a nuestro medio ambiente, a nosotros. Me gustaría que pudieran ver cómo ha desaparecido el agua del río, igual que desaparecieron mi padre y Ricardo. Ternium es una empresa líder a nivel mundial en la extracción de hierro, además de una fuerza poderosa en México. Deberían utilizar su poder para devolvérnoslos».

Quienes se oponen al atropello de sus hogares y tierras son el blanco de violencia e intimidación en cada confín del mundo. Y, sin embargo, el verdadero alcance de esas agresiones permanece oculto.

Muchos asesinatos no se denuncian. El miedo a las represalias impide a las familias reclamar justicia. Las comunidades se ven forzadas a guardar silencio. Se ataca al personal de los medios de comunicación. Las historias se entierran, se encubren, se acallan. 

En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada. 

Los casos en que se acaba exigiendo responsabilidades a quienes cometieron los abusos representan un porcentaje escandalosamente bajo. En muchas ocasiones, las familias nunca obtienen justicia, no pueden pasar página y no sienten la seguridad que necesitan para denunciar los hechos. Y así la verdad queda oculta por una complicidad sistemática: espacios cívicos en peligro, corrupción descontrolada y sistemas jurídicos disfuncionales. 

El acallamiento no es más que otra forma de agresión. 

Por eso, seguiremos luchando contra el silenciamiento sistémico de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente y de su vital labor.  

Pruebas falsas y confesiones por la fuerza: silenciamiento de las personas defensoras en Asia

Jhed Tamano y Jonila Castro son unas jóvenes activistas del medioambiente que viven en la bahía de Manila (Filipinas).

Jhed, de 22 años, es coordinadora del programa comunitario y eclesiástico de la bahía de Manila organizado por el Foro Ecuménico de Obispos, mientras que Jonila, de 23 años, es responsable de promoción del agua y la recuperación de tierras de la Red Popular para el Medioambiente de Kalikasan.

Ambas son conocidas por su oposición a los enormes proyectos de recuperación de tierras que se están llevando a cabo en la bahía de Manila, entre ellos la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Manila, por valor de 15.000 millones de dólares. 

Según informó Global Witness en 2023, por culpa del proyecto del aeropuerto se ha desplazado a cientos de familias, se han destruido hábitats de vital importancia para el clima y se han devastado la flora y fauna silvestres. 

El 2 de septiembre de 2023, mientras Jhed y Jonila trabajaban con una comunidad pescadora, unos hombres armados las secuestraron violentamente.

Se sospecha que el Ejército estuvo implicado en su secuestro.

En distintas partes de Asia, los Gobiernos recurren cada vez más a este tipo de tácticas para silenciar e intimidar a quienes denuncian los perjuicios que ocasionan las empresas. Jhed y Jonila describieron su experiencia con sus propias palabras.

En la rueda de prensa había muchísima gente. Habían venido a vernos los principales medios de comunicación y varias emisoras de radio conocidas. Fuera del recinto, también había colegas y simpatizantes nuestros. No los habían dejado entrar. Nadie podía creer que siguiéramos vivas, ni siquiera nosotras. Llevábamos 17 días desaparecidas.

Pero no era más que una estratagema. El Gobierno, el responsable de nuestro secuestro, había organizado la rueda de prensa para que confesáramos públicamente que éramos rebeldes comunistas, aunque no lo fuéramos. Nos habían dado un par de hojas con la historia «oficial» que debíamos contar y las respuestas que querían que diéramos.

Pero nosotras dijimos la verdad.

Y la verdad es que el 2 de septiembre llovía. Era nuestro segundo mes de voluntariado y habíamos ido a la bahía de Manila a visitar varias comunidades dedicadas a la pesca afectadas por los nuevos proyectos. Allí pudimos comprobar las muchas formas en que las actividades de recuperación de tierras (el proceso deliberado de rellenar masas de agua con arena y otros materiales para crear terrenos) estaban acabando con los medios de subsistencia de los pueblos y el entorno que los rodeaba. 

Habíamos pasado un rato con personas pescadoras que estaban preocupadas y querían concienciar a la gente, pero temían alzar la voz. Entendíamos su preocupación, ya que ambas habíamos sido perseguidas por nuestra labor. El Ejército y la agencia anticomunista del Gobierno habían visitado la casa de una de nosotras y habían amenazado a nuestras familias.

Durante un par de semanas, tuvimos la certeza de que varios hombres nos había estado vigilando a escondidas y preguntando por nosotras. Uno de ellos había llegado incluso a hacernos una foto sin nuestro consentimiento. Pero estábamos con la comunidad y nos sentíamos bien con nuestro trabajo.

Como llovía, decidimos quedarnos a comer con los miembros de una comunidad. Cuando nos despedimos, ya era tarde. De camino a nuestro siguiente destino, nos dirigimos a un puente.  

Más tarde supimos que el hombre que nos había hecho la foto estaba junto al puente. Nos había estado siguiendo. Al tomar conciencia de ello, sentimos un escalofrío. Cualquier mujer sabe lo que es tener miedo a que la sigan. Tras unos minutos andando, todo fue muy rápido.

Un coche se detuvo a nuestro lado y cuatro hombres armados nos obligaron a subir. Mientras el coche se alejaba a toda prisa, nos registraron las mochilas. ¡Se pensaban que íbamos armadas! Nos vendaron los ojos y nos cerraron la boca con cinta adhesiva. 

Intentamos gritar con todas nuestras fuerzas por si alguien nos oía. Pero uno de nuestros secuestradores nos amenazó con darnos un puñetazo si no nos callábamos. 

En tan solo unos minutos nos dimos cuenta de que eran militares. Sabían demasiado: conocían a nuestra familia, sabían nuestra dirección y no paraban de decirnos que lo único que querían era devolvernos a nuestra «vida normal», como si la actual fuera peligrosa más allá de ese preciso instante. Resultaba irónico, pero ni se daban cuenta. 

Nos dijeron que nos llevaban a un lugar seguro, pero no nos sentíamos nada seguras. Todo el mundo en Filipinas sabe que «lugar seguro» es como llaman a los centros de detención secretos. Allí empezaron los interrogatorios, que parecía que no iban a terminar nunca. Pasamos la noche ahí, aterrorizadas.

A la mañana siguiente, nos trasladaron a otro sitio y nos separaron. 

Nos sometieron a tortura psicológica, chantaje emocional y amenazas de muerte. Nuestros captores pasaron de la agresividad pasiva a la más absoluta hostilidad. Dijeron que nos cortarían la lengua. Que teníamos suerte de que no nos hubieran agredido sexualmente todavía. También que sabían que teníamos parientes jóvenes a los que queríamos. 

Pero para nosotras lo peor fue que nos dijeran por separado que la otra había confesado ser una terrorista o una delincuente, que había prometido poner fin a nuestra labor de defensa y que estaba revelando los nombres de otras personas activistas. 

Esto es precisamente lo que temen las comunidades de Filipinas, porque que te llamen terrorista comunista o te acusen de serlo puede acarrearte la muerte. Ninguna de las dos creíamos lo que nos decían, pero sentíamos la presión, y entendíamos que sería fácil ceder. Porque se te despiertan el miedo y el instinto de supervivencia. 

Pero no cedimos. Sabíamos que debíamos hacerles creer que cooperaríamos. Fue emocionalmente agotador e increíblemente estresante: estábamos angustiadas por lo que pudiera pasarnos si nos pillaban mintiendo. Pero nos creyeron.

Vivir tantos días con tus secuestradores es muy extraño. Acabas forjando una relación compleja.

A veces eran amables con nosotras, nos preguntaban qué nos apetecía comer o por qué habíamos optado por el activismo. Nos hablaban de sus familias y sus aspiraciones. Casi sentíamos lástima por ellos. Pero también sabíamos de muchas acusaciones contra el Ejército por secuestrar y asesinar a otras personas activistas. Así que también sentíamos rabia. 

Nuestra vida estaba en sus manos.

Cada día surgían nuevas dudas sobre lo que pasaría. Tras 12 días sin contacto con nuestras familias, colegas o abogados, nos trasladaron a un campamento militar, donde volvimos a estar juntas.

Fue entonces cuando empezamos a hacer planes. Nos comunicaríamos en secreto intercambiándonos notitas con posibles estrategias mientras fingíamos hacer sudokus. Lo primero era salir de allí, así que accedimos a firmar una declaración jurada en la que decíamos que nos entregábamos al Gobierno como rebeldes.

Nuestros captores querían que diéramos una rueda de prensa para presentarnos y obligarnos a confesar públicamente nuestra «entrega voluntaria». Incluso propusieron que fuéramos a varias escuelas y advirtiéramos al alumnado de que hacerse activistas les destrozaría la vida.

Aceptamos participar en la rueda de prensa, pero teníamos un plan en mente: contar la verdad sobre lo que había ocurrido. Las dos sabíamos que era peligroso  que podían encarcelarnos o llevarnos de vuelta al campamento militar y matarnos. 

Pero sentíamos que era nuestra única opción y estábamos decididas a poner fin a ese complot, sin importar cómo afectara a nuestra vida personal.

Lo que no imaginábamos era que saldríamos libres de esa rueda de prensa. Fue gracias al apoyo público que recibimos y a la indignación que había provocado nuestro secuestro. Mucha gente había intercedido por nosotras: una diputada progresista, un abogado, un sacerdote y otras personas defensoras.

También hubo protestas simultáneas en el exterior de donde se celebraba la rueda de prensa y en varios lugares de Manila. Las personas manifestantes estuvieron horas allí, exigiendo nuestra liberación. Fue un momento triunfal. 

De vez en cuando, nos sentíamos desoladas, pero luego vimos cuánto apoyo teníamos y el increíble poder que tenía la acción colectiva como fuerza de cambio.

Desde nuestra liberación, nos han seguido amenazando. El Gobierno está presentando cargos falsos y malintencionados contra nosotras para continuar sus tácticas de intimidación. Han amenazado y acosado a nuestras familias y colegas, algo que les ha afectado muchísimo.

Nosotras no hemos podido volver a las comunidades como antes, aunque sabemos que también están en peligro, igual que el resto de la bahía de Manila. Estos son los efectos invisibles que tienen los ataques destinados a acabar con el activismo comunitario. 

A nosotras la experiencia nos ha transformado, pero no como ellos esperaban. En vez de dejar este trabajo y buscarnos uno fácil, lo ocurrido ha reavivado nuestra determinación de seguir protegiendo el planeta. 

Jamás hemos sido tan conscientes de que nunca se pondrá fin al expolio del medioambiente ni al abuso de los derechos humanos si permitimos que el sistema actual siga como hasta ahora.

No podemos permitirlo. Debemos aferrarnos a nuestra fuerza, una fuerza que hemos encontrado más que nunca en la acción y la justicia. Literalmente somos la prueba viviente de que eso es posible.

En Filipinas, se ha secuestrado a múltiples activistas desde que el presidente Ferdinand Marcos hijo asumió el cargo en junio de 2022. Esta tendencia forma parte de las tácticas que usan las autoridades para intimidar a la gente y hacerla callar. 

Aunque las detenciones ilegales son un método habitual para intentar silenciar a activistas ambientales en todo el mundo, es mucho menos común que las personas activistas secuestradas vivan para contarlo, como fue el caso de Jhed y Jonila. 

El implacable intento del Estado de silenciar a Jhed y Jonila no ha terminado. En diciembre de 2023, el Departamento de Justicia presentó cargos contra ellas por difamación oral sosteniendo que habían «avergonzado y dejado en mal lugar [a las Fuerzas Armadas de Filipinas]» durante la rueda de prensa.

Sobre la base de estos cargos, el 2 de febrero de 2024 un tribunal municipal dictó una orden de detención contra ellas . Si las declaran culpables, Jhed y Jonila podrían enfrentarse a una pena de hasta seis meses de prisión.

En agosto de 2024, el Tribunal de Apelación denegó su petición de una orden de protección, lo que aumentó aún más la vulnerabilidad de estas mujeres y de las personas defensoras de todo Filipinas. 

Con esta decisión se anuló una sentencia anterior del Tribunal Supremo de octubre de 2023, por la que se concedía a ambas mujeres protección temporal.

Personas defensoras en el banquillo: Advertencia para activistas

El caso de Jhed Tamano y Jonila Castro es solo un ejemplo del inquietante patrón de tácticas intimidatorias que se usan contra las personas defensoras. En todo el mundo, hay Gobiernos que están utilizando la legislación para coaccionar a personas y comunidades y disuadirlas de que protesten contra la crisis ambiental. 

La criminalización se ha convertido en una estrategia clave para restar autoridad a los movimientos en defensa de la tierra y el medioambiente e interrumpir sus actividades, y actualmente es la táctica que más se utiliza para silenciar a las personas defensoras de los distintos países.

Si bien los marcos jurídicos varían, los mecanismos legales que utilizan los Gobiernos y las empresas siguen un patrón similar, que incluye la aplicación de leyes concebidas para limitar las libertades cívicas de individuos y organizaciones.

En los últimos años, se han multiplicado los cargos restrictivos y draconianos que se imputan a personas que se manifiestan o muestran su activismo de forma pacífica, vulnerando así sus derechos y disminuyendo su capacidad de participar en la acción por el clima.

Entre 2012 y 2016, los Gobiernos propusieron o promulgaron más de 100 leyes encaminadas a impedir el funcionamiento efectivo de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta tendencia ha continuado en la década de 2020, ya que los Estados están imponiendo más restricciones a la capacidad de los grupos e individuos para organizarse, lo cual pone en tela de juicio el espacio cívico.

Las leyes concebidas para restringir la inscripción, el funcionamiento y la financiación de las organizaciones de la sociedad civil tienen muchas consecuencias. El hostigamiento administrativo y judicial dificulta el trabajo cotidiano, limita los recursos, afecta a la imagen de las instituciones y mina el respaldo público.

Además, varios países, entre ellos el Reino Unido y los Estados Unidos, han aprobado polémicas leyes antiprotesta supuestamente destinadas a proteger la seguridad nacional o las llamadas «infraestructuras críticas». 

Igualmente preocupante es la tendencia a utilizar leyes que no suelen asociarse con el activismo para atacar con malicia a personas defensoras dando pie a acusaciones de subversión, asociación ilícita, terrorismo y evasión fiscal. Todo ello hace que las personas activistas sean más vulnerables a los ataques. 

Represión de protestas en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos

Gobiernos de todo el mundo están tomando medidas para suprimir el derecho a protestar. Las libertades cívicas están amenazadas, por ejemplo, en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, donde cada vez son más las empresas y Gobiernos que interponen demandas contra activistas por su participación en protestas pacíficas. 

En el Reino Unido, se han tomado de forma simultánea drásticas medidas legislativas y judiciales contra las personas que se manifiestan pacíficamente por el clima, como la introducción por parte del anterior Gobierno británico de una serie de leyes retrógradas que facilitan su criminalización.

La Ley de Policía, Delitos, Sentencias y Tribunales, que se introdujo en el Reino Unido en abril de 2022, otorga a la Policía amplias facultades para limitar el derecho a protestar, como la capacidad de criminalizar las protestas unipersonales o el poder para detener a manifestantes que se considere que hacen demasiado ruido.

Esta ley también tipifica el delito de «causar intencionadamente o por imprudencia alteraciones del orden público», que se castiga con hasta 10 años de cárcel.

Entre la introducción de la ley y finales de 2022, la Fiscalía General de la Corona había formulado al menos 201 acusaciones de alteración del orden público contra personas que participaban en acciones de protesta.

Poco más de un año después, el Gobierno británico amplió las restricciones mediante la Ley de Orden Público, que otorga a la Policía amplias facultades para criminalizar las protestas pacíficas que afecten a infraestructuras nacionales clave, por ejemplo, las marchas lentas por la vía pública.

La ley también otorga a la Policía una autoridad casi ilimitada para reprimir todo tipo de protesta que se considere que causa disturbios «algo más que menores». 

Con este aumento de la autoridad policial, se ha criminalizado y detenido a cientos de manifestantes.

Solo en noviembre de 2023, la Policía británica detuvo a al menos 630 personas por participar en «marchas lentas» pacíficas contra nuevos proyectos de petróleo y gas. Entre 2019 y 2022, los registros muestran que la Policía londinense detuvo a más de 5.975 activistas del clima. En 2023, hubo 1.029 detenciones, 897 de ellas por marchas lentas.

Además, el número de personas manifestantes por el medioambiente a las que se condena a penas de cárcel no para de crecer: solo en 2022 se encarceló a más de 100. 

Asimismo, los jueces británicos han dictado algunas de las sentencias más duras contra manifestantes de los últimos tiempos. En noviembre de 2023, un manifestante de 57 años que protestaba pacíficamente por el clima fue condenado a seis meses de prisión por participar en una marcha lenta por una vía pública del norte de Londres durante unos 30 minutos.

Ocho meses después, en julio de 2024, se declaró a cinco activistas culpables de conspirar para causar una alteración del orden público tras participar en una llamada de Zoom sobre una protesta.

Los condenaron a penas que se consideran las «más largas» de nuestra época en un caso de protesta no violenta en el Reino Unido, ya que cuatro fueron condenados a cuatro años y el otro a cinco.

Las leyes que limitan las protestas en favor del clima también se han generalizado en los Estados Unidos, como demuestra una serie de leyes antiprotesta aprobadas en varios estados que permiten imponer penas más duras a las personas activistas.

Más de 20 estados han implantado leyes de protección de «infraestructuras críticas», que ponen en el punto de mira a quienes se oponen a proyectos relacionados con los combustibles fósiles.

Si bien las competencias varían, ahora es fácil imponer sanciones por invadir las instalaciones e impedir el funcionamiento de infraestructuras como oleoductos o centrales eléctricas y, como resultado de ello, las personas que se manifiestan corren el riesgo de ser acusadas de un delito grave y enfrentarse a muchos años de cárcel.

En toda la Unión Europea se están promulgando leyes similares, en virtud de las cuales las personas activistas son sometidas a una vigilancia severa y se enfrentan a penas desproporcionadamente duras por infracciones menores. Entre las estrictas medidas contempladas figura la prisión preventiva, que incluye encarcelar a alguien antes de celebrarse su juicio. 

Se ha detenido y encarcelado a personas defensoras del medioambiente en distintos países, desde Finlandia o los Países Bajos hasta Serbia. 

Más criminalización, más violencia y más censura

Las leyes restrictivas han limitado la capacidad de las personas manifestantes para ejercer su derecho a la acción pacífica, además de aumentar el riesgo y la violencia a los que se exponen. La criminalización de las personas defensoras, como si fueran delincuentes, puede provocar un aumento de la violencia por parte de las autoridades y exacerbar las medidas represivas contra los grupos marginados. 

En enero de 2023, Manuel Esteban Páez Terán, activista de 26 años también conocido como Tortuguita, fue tiroteado por un agente de policía en el estado de Georgia (Estados Unidos) mientras protestaba contra la destrucción de un bosque local para la construcción de un centro de formación policial.

En Austria, se han dado casos en los que agentes de policía han rociado con gas pimienta a ecologistas, mientras que en Francia fuerzas antidisturbios han recurrido al maltrato y la agresión. En Francia y Alemania se han denunciado escuchas telefónicas y seguimientos de activistas por parte de las autoridades, que han hecho uso de facultades legales normalmente reservadas a los grupos extremistas y delincuentes organizados. 

En Alemania, las fuerzas del orden se han mostrado especialmente agresivas; se han denunciado redadas en domicilios de activistas y detenciones para impedir la organización de protestas. Según se dice, las autoridades detuvieron al menos a una persona durante 30 días sin cargos.

En el estado alemán de Baviera se detuvo de manera preventiva a personas defensoras del clima durante más de 24 horas al menos 80 veces en un periodo de 18 meses. 

Otra táctica para restringir el activismo en favor del clima que está empezando a utilizarse es la censura. En un tribunal británico, se encarceló a personas activistas solo por mencionar el motivo de su acción directa. 

David Nixon, trabajador social y activista climático de 36 años, fue detenido en 2021 por unirse a una barricada pacífica en apoyo de una campaña nacional para aislar los hogares y reducir las emisiones.

En febrero de 2023, incumplió la orden del juez de omitir cualquier mención al cambio climático al dirigirse al jurado y acabó encarcelado durante ocho semanas por desacato al tribunal. 

En marzo de 2024, un tribunal de apelación prohibió oficialmente a activistas climáticos de Inglaterra y Gales utilizar sus opiniones y motivaciones como justificación legítima para protestar con acciones directas.

En el pasado, el uso de esta defensa había dado lugar a absoluciones, ya que los jurados de varios procesos penales por daños y perjuicios declararon inocentes a las personas acusadas tras la argumentación de su defensa.

Con la nueva prohibición, las pruebas de este tipo presentadas por la defensa, incluso las relacionadas con hechos o efectos de la crisis climática en general, serían «inadmisibles». 

De invisibles a indispensables: Conocimientos de los pueblos indígenas en favor de la acción climática

Durante milenios, los pueblos indígenas del mundo han acumulado sabiduría, conocimientos y buenas prácticas. Sus planteamientos, fundamentados en un profundo respeto por el mundo natural, ofrecen formas eficaces que a menudo se pasan por alto de lograr la mitigación del cambio climático, la adaptación a este y la resiliencia.

Los conocimientos de los pueblos indígenas pueden aportar ideas útiles para la gestión sostenible de los recursos, las prácticas de conservación y las estrategias tradicionales de adaptación, todo lo cual puede ayudar a que estemos más preparados para las amenazas que plantea el cambio climático. 

No obstante, en lugar de ser escuchados, los pueblos indígenas han sufrido violentos ataques. Entre 2012 y 2023, se asesinó a 766 indígenas, lo que supone el 36 % de todos los asesinatos de personas que trabajan en defensa del medioambiente.

El meollo de esta violencia es la creciente fiebre por la tierra, que conduce a un acaparamiento del suelo: la adquisición de tierras a gran escala, a menudo sin consentimiento, con fines de extracción y producción, entre otras cosas de productos agrícolas, biocombustibles, minerales y madera.

En una declaración reciente de Indigenous Peoples Rights International se denuncia una tendencia creciente de criminalización y ataques contra personas defensoras indígenas que plantan cara a la imposición de proyectos mineros y energéticos que violan sus derechos.

Esta es una dinámica de la que se ha hablado mucho y que nadie ignora. Sin embargo, a medida que el mundo avanza hacia una economía más ecológica, corremos el riesgo de perpetuar este modelo y, por tanto, de repetir los errores del pasado.

Más de la mitad de los minerales que se necesitan para la transición energética se encuentran en el interior o las cercanías de terrenos de pueblos indígenas y campesinos que tienen derecho a ser consultados antes de que se lleve a cabo cualquier operación en sus tierras. 

Hasta la fecha, la participación significativa de los pueblos indígenas en la mesa de las negociaciones sobre el clima y en las políticas conexas ha sido limitada. 

Siguen estando representados por otros: Estados, académicos, organismos multilaterales y ONG que reproducen las desigualdades coloniales y refuerzan las dinámicas de poder que limitan el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. 

Además, a menudo se los presenta como comunidades vulnerables y homogéneas en todo el mundo y se suele pasar por alto su posición singular de titulares de derechos colectivos sobre tierras, territorios y recursos.

Como consecuencia de ello, las soluciones climáticas de los Gobiernos no tienen en cuenta la diversidad de los pueblos indígenas ni la variedad de sus experiencias de la devastación climática y, por tanto, resultan inadecuadas. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo de las Naciones Unidas que analiza la trayectoria creciente de la crisis climática en tres ámbitos principales: las bases físicas del cambio climático, la vulnerabilidad y opciones de adaptación de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, y las estrategias de mitigación.

El IPCC, que se creó en 1988, proporciona a los Gobiernos la información más reciente sobre el clima, a fin de que la usen para formular sus políticas climáticas.  

Además de influir en las decisiones sobre el clima que toman los Gobiernos y responsables de la formulación de políticas, los informes del IPCC determinan a qué voces se da credibilidad. Pero estas evaluaciones se basan en formas institucionales de conocimiento que dan prioridad a las pruebas socioeconómicas científicas, en lugar de a las variadas experiencias vividas por los pueblos indígenas de todo el mundo. 

Es cierto que la validación de los sistemas de conocimiento indígenas ha aumentado en los documentos oficiales de política climática y que se ha incrementado la asistencia de estos pueblos a foros climáticos clave (como los cerca de 350 indígenas que asistieron a la cumbre climática de la COP28 en 2023), pero no se puede comparar con los 2.456 representantes de grupos de presión de los combustibles fósiles que asistieron el mismo año . 

Jenifer Lasimbang y Hindou Oumarou Ibrahim son dos mujeres indígenas de distintos continentes y culturas que llevan años participando activamente en las negociaciones sobre el clima. Ambas nos contaron su experiencia y sus reflexiones e indicaron algunas soluciones posibles.

Jenifer Lasimbang, indígena orang asal de Malasia y directora ejecutiva del Fondo de Solidaridad para los Pueblos Indígenas de Asia

En Malasia, como en muchos otros países, los pueblos indígenas hemos sufrido una oleada tras otra de destrucción. Primero llegaron las empresas dedicadas a la explotación forestal y a la plantación de palma de aceite. Así se ha talado o se ha dañado considerablemente casi el 80 % de la superficie terrestre del Borneo malasio. 

Ahora, mientras el mundo se aleja de una economía basada en los combustibles fósiles, somos testigos de la carrera por los minerales que son esenciales para llevar a cabo la transición hacia una economía verde. 

Como Malasia es el país de la región con la mayor producción de aluminio, hierro y manganeso , la extracción de minerales raros no nos es desconocida. Eso sí, hasta ahora nuestra experiencia solo nos ha demostrado que tiene un enorme costo ambiental. 

El Gobierno malasio concede cada vez más licencias de prospección y minería y ya sabemos lo que esta «fiebre verde» que se está produciendo supondrá para nosotros. Sabemos que empeorará mientras la demanda de recursos siga siendo alta. 

Estamos alimentando un sistema global insostenible y desigual, algo que no cambiará mientras el consumo siga creciendo sin cesar. 

Lo que ponemos en entredicho no es el desarrollo, que es de lo que a menudo se nos acusa, sino este sistema que no es sostenible. El problema es que lo que otros llaman desarrollo no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos un avance. 

Los pueblos indígenas tenemos una historia común, aquella en la que se nos ignora, ataca y silencia. Sufrimos el desalojo de comunidades de sus tierras, la erosión sistemática de nuestra soberanía y la impunidad que rodea a las represalias violentas cuando nos oponemos a los abusos de las empresas.

Pero ni somos víctimas ni suponemos un problema que se deba resolver. Todo lo contrario: la historia nos ha dado la razón. Ya ha quedado claro que no es posible seguir con el grado actual de destrucción porque sencillamente nos estamos destruyendo a nosotros mismos.

Si bien en los últimos años se ha invitado a los pueblos indígenas a tener un papel más activo, nuestra voz sigue siendo marginal, un elemento «deseable», más que esencial. Los Gobiernos deben situar a los pueblos indígenas en pleno centro de las negociaciones sobre el clima. Al fin y al cabo, se ha demostrado que nuestros conocimientos y prácticas son eficaces y más sostenibles. 

Queremos compartir nuestra sabiduría con el mundo, pero en pie de igualdad. No obstante, la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en nosotros. Recordemos que los Gobiernos tienen el poder de concedernos derechos sobre nuestras tierras y recursos. También ellos pueden garantizar que esos derechos se respeten, una garantía fundamental para que el abanico más amplio de soluciones climáticas traiga consigo resultados positivos.

En realidad, solo huelga pedir que confíen en nosotros, que nos permitan ir a la cabeza, sabiendo que los guiaremos por el camino adecuado.

Hindou Oumarou Ibrahim, miembro del pueblo pastoril mbororo del Chad, coordinadora de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas del Chad y presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

Seré clara: la crisis climática ya se ha instalado. Podemos verla a nuestro alrededor, en sequías graves, incendios forestales atroces, inundaciones devastadoras y hasta en el calentamiento de los océanos. Además, somos testigos del costo que tiene para la humanidad. 

Sin embargo, seguimos negociando tal como venimos haciéndolo desde hace 30 años, o aún más si tenemos en cuenta las conversaciones de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Ahora mismo lo que urge es dejar de negociar sobre el cambio climático y pasar a la acción. Ya tenemos todos los argumentos y pruebas que necesitamos. Lo que se nos está acabando es el tiempo.

Yo he tenido que superar un sinfín de dificultades para acceder a todas las mesas internacionales de negociación sobre el clima en las que ahora participo. Y es que tengo todas las papeletas para ser víctima de la discriminación: soy mujer, de color, africana e indígena. Aunque resulte irónico, en alguna ocasión estos condicionantes me han brindado oportunidades, pero es que yo no quiero que se me abran puertas solo para que otros puedan decir que han cumplido sus requisitos de diversidad.

He llegado hasta donde estoy para que me escuchen, porque mi función es garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Estoy aquí para hablar en nombre de quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y, sobre todo, para asegurarme de que el mundo no indígena entienda esta cuestión. 

Los pueblos indígenas hemos conseguido preservar nuestras tierras y recursos naturales de un modo que no ha conseguido la mayoría del mundo. La esfera política y la empresarial son similares, piensan y actúan de una determinada manera, y quienes ostentan el poder son quienes formulan las leyes y políticas. 

Por eso, no es de extrañar que tengan una visión del mundo muy limitada: solo buscan preservar los sistemas de los que pueden sacar provecho y ven la naturaleza como algo que hay que explotar. Los pueblos indígenas, en cambio, queremos vivir en armonía con ella, pero somos precisamente nosotros los excluidos de las conversaciones sobre cómo solucionar las crisis ambientales que afronta nuestro planeta.

Lo diré alto y claro: los sistemas económicos y políticos imperantes están intrínsecamente deteriorados y acabarán derrumbándose. Mientras estos sistemas favorezcan el individualismo y promuevan la competencia económica, seguirán dejándose de lado los derechos ambientales y humanos. La clave está en la redistribución de los recursos. 

Si quieren centrarse en las soluciones eficaces, les propongo algunas: den a los pueblos indígenas acceso directo a financiación sobre el terreno, pero adaptando los sistemas financieros a lo que nosotros necesitamos, en lugar de esperar que seamos nosotros quienes nos adaptemos a ellos.

Durante demasiado tiempo hemos recibido solo migajas de la comunidad internacional: los proyectos de apoyo a la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas reciben mucha menos financiación de donantes que otras medidas climáticas y ambientales. Además, solo el 17% de esa escasa financiación se destina a organizaciones dirigidas por los propios pueblos indígenas. 

Y no estoy hablando de caridad, sino de igualdad y confianza.

Para evitar la catástrofe climática, debemos modificar los sistemas que marginan a los pueblos indígenas. Si quienes tienen el poder siguen viendo el mundo de forma individualista, pensando en la competencia, seguirán destruyendo toda esperanza de sostenibilidad. 

Ahora que la crisis climática se agrava, el mundo se dirige por fin a nosotros en busca de soluciones, pero no como beneficiarios en pie de igualdad. Los líderes mundiales no deben limitarse a explotar nuestras soluciones, sino que deben dejar que seamos nosotros quienes mostremos el camino al resto del mundo.

Las tendencias de las represalias al descubierto: cómo pueden los Estados y las empresas proteger a las personas defensoras 

Año tras año, Global Witness informa sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. El informe de este año, que contiene datos a partir de 2023, ilustra, además, los múltiples motivos por los que los ataques contra este tipo de activismo permanecen ocultos.

Las causas de las represalias están profundamente arraigadas en cada contexto nacional concreto y dependen de dinámicas de poder locales que determinan quién puede alzar la voz para salvaguardar los derechos de las personas defensoras. 

Para proteger a quienes defienden la tierra y el medioambiente, necesitamos que los países documenten de forma sistemática los ataques y las represalias. Contar con datos nuevos y de más calidad sobre estas agresiones y sus causas facilitaría que los Gobiernos mejoraran las leyes y los mecanismos en vigor. Dados los escasos avances logrados hasta ahora, urge acelerar la adopción de medidas. 

Ciertos mecanismos jurídicamente vinculantes como el Acuerdo de Escazú  en América Latina exigen que los Gobiernos garanticen el acceso a la información, la participación pública y la justicia.

No obstante, es necesario que a escala mundial los países y las compañías que operan dentro de sus fronteras redupliquen sus esfuerzos para sacar a la luz los ataques contra las personas defensoras y sus comunidades y poner fin a la violencia. 

Asimismo, debe garantizarse la rendición de cuentas de los Gobiernos y las empresas por la violencia y la criminalización a las que se exponen las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de todo el mundo. 

A continuación, presentamos una serie de recomendaciones globales, que habrá que adaptar a la coyuntura y el contexto político específicos de cada país. 

Los Gobiernos y Estados deben: 

Crear un entorno seguro para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente 

Las personas activistas deben poder ejercer libremente su función sin temer por su vida. Deben priorizarse y aplicarse las leyes y mecanismos vigentes que reconocen y protegen la labor de estas personas, al tiempo que abordan las causas de los ataques contra ellas. 

Entre ellos figuran el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente o Convenio de Aarhus; el Acuerdo de Escazú; los procedimientos del Relator Especial de las Naciones Unidas, y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En aquellos lugares en los que no se hayan establecido este tipo de leyes y políticas, deberán desarrollarse instrumentos y marcos vinculantes nuevos en colaboración con titulares de los derechos y personas expertas en la materia. 

En África y Asia podrían firmarse acuerdos regionales inspirados en el de Escazú; ya hay labores en curso para crear un instrumento jurídico regional encaminado a defender y reforzar los derechos ambientales de los pueblos en los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). 

Las comunidades y las partes interesadas deben tener acceso a toda la información pertinente de modo que se les dé la oportunidad de desempeñar un papel decisivo en la toma de decisiones sobre la tierra y los recursos naturales. 

Cualquier legislación nueva deberá incluir salvaguardias para evitar que se utilice indebidamente como herramienta para criminalizar a las personas defensoras. Deben revocarse las leyes existentes que castiguen o criminalicen específicamente a activistas o manifestantes. 

Detectar, documentar y analizar sistemáticamente los ataques contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente  

Para que sean eficaces, las leyes y políticas públicas encaminadas a proteger a las personas defensoras deben basarse en un conocimiento profundo de las realidades y los retos a los que hacen frente estas personas. Por lo tanto, es esencial que los Gobiernos recopilen datos sobre las represalias contra ellas. 

El ejercicio de recopilación de datos debe ser transparente y participativo, ya que en muchas ocasiones son precisamente las personas defensoras quienes disponen de la información más detallada sobre las represalias. Los datos deben, además, recopilarse en consonancia con los compromisos que han adquirido los Gobiernos con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la medida de lo posible, deberán incluirse datos desglosados que muestren la violencia a la que se enfrentan los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres y niñas y las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. 

Asimismo, los sistemas para documentar las represalias deben incorporar un seguimiento eficaz, que comprenda un control del espacio cívico en aquellos lugares donde esté en peligro y un seguimiento de la impunidad por los ataques contra activistas, lo cual contribuiría a desincentivar estas agresiones y a establecer reparaciones eficaces en los casos de represalias. 

Facilitar el acceso a la justicia 

Es probable que, mientras los responsables sigan quedando impunes, las represalias contra las personas defensoras continúen. 

Por eso es esencial que estas personas tengan acceso a un sistema de justicia imparcial y libre de discriminación y que se respeten sus derechos fundamentales, en particular los derechos universales al consentimiento libre, previo e informado; los derechos de los pueblos indígenas a sus medios de vida y su cultura; los derechos a la vida y libertad y a la libertad de expresión, y el derecho a un medioambiente seguro, saludable y sostenible. 

Se trata de derechos que ya están consagrados en diversas leyes nacionales y regionales, además de en resoluciones internacionales no vinculantes. 

Las empresas deben: 

Detectar, prevenir, documentar, mitigar y reparar sistemáticamente los daños y perjuicios causados por sus operaciones a las personas defensoras 

Las empresas deben aplicar procedimientos sólidos para detectar, prevenir, mitigar y reparar los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medioambiente de todas sus operaciones, aplicando en particular la diligencia debida en la totalidad de sus cadenas de suministro y de valor.

Además, como punto de partida para fundamentar sus decisiones comerciales, deben utilizar los datos sobre los ataques, las tendencias que afectan al espacio cívico y las principales causas de los daños y perjuicios.

Para ello, deberán tomar en consideración los datos recopilados por Gobiernos, instituciones independientes, grupos de la sociedad civil y personas defensoras. 

Asimismo, las empresas deben hacer un seguimiento de los casos de represalias, determinar los riesgos sistémicos y adaptar las actividades empresariales pertinentes tras establecer una colaboración genuina con las partes interesadas. 

Garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa a todos los niveles 

Las empresas no deben tolerar, bajo ningún concepto, las agresiones y represalias contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, la adquisición ilegal de tierras ni las violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado. 

Por el contrario, deben aplicar una política de tolerancia cero a todos los niveles de sus operaciones. Además, deben especificar líneas rojas claras para la rápida suspensión o terminación de los contratos firmados con las empresas proveedoras que no cumplan tal política. 

Las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica deben:

Facilitar el acceso y la participación genuina a las personas defensoras de la tierra y el medioambiente y sus comunidades 

Las opiniones de las personas defensoras, sus experiencias y los retos y riesgos a los que se enfrentan deben ocupar un lugar destacado en los debates y las negociaciones sobre el clima y la biodiversidad, prestándose especial atención a las opiniones de los pueblos indígenas.

Las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) deben reconocer públicamente el papel crucial que desempeñan quienes defienden el medioambiente en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.

Además, las Partes deben comprometerse de manera inequívoca a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos que les incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y las normas internacionales de derechos humanos antes, durante y después de las negociaciones de la CMNUCC y el CDB. 

La participación de las personas defensoras y las comunidades debe ser el fundamento en el que se base toda medida mundial o nacional adoptada en el marco de la CMNUCC o el CDB. 

Las personas activistas deben contribuir a la concepción y la puesta en marcha de los planes para aplicar el Acuerdo de París, por ejemplo, la elaboración de los planes nacionales sobre el clima y los programas de transición energética, que deberán adoptar, sin excepción, un enfoque interseccional de la acción por el clima basado en los derechos humanos. 

Las Partes en la CMNUCC y el CDB también deben garantizar que los conocimientos, la experiencia y las prácticas de los pueblos indígenas se tengan en cuenta en la toma de decisiones sobre el clima. 

Recomendaciones regionales 

A la Unión Europea 

La nueva directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad obliga a las grandes empresas a aplicar medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente a lo largo de sus cadenas mundiales de suministro.

Además, otorga a comunidades y activistas el derecho a presentar denuncias y demandar ante los tribunales de la Unión Europea a las empresas que causen daños y perjuicios a las personas y al planeta.

Los instrumentos incluidos en esta directiva podrían transponerse de manera firme y ambiciosa para proteger y empoderar mejor a las comunidades y personas defensoras afectadas. 

Nuestras recomendaciones pueden consultarse aquí: 

A los Estados Unidos 

Los Estados Unidos disponen de varios instrumentos legislativos y políticos que podrían contribuir de forma efectiva a la protección de las personas defensoras. 

Entre ellos se encuentran las Directrices para el apoyo de las misiones diplomáticas de los Estados Unidos a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, en las que se indica cómo deben ayudar las misiones diplomáticas estadounidenses a las organizaciones de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos.

El Gobierno estadounidense debe aplicar estas directrices, promoverlas y difundirlas ampliamente, además de someterlas periódicamente a revisiones independientes. 

Otro instrumento importante es la Ley Magnitsky, en virtud de la cual se puede imponer sanciones a personas y entidades extranjeras responsables de violaciones de derechos humanos o corrupción significativa, entre ellas las culpables de cometer actos violentos contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente. 

El Congreso de los Estados Unidos, por su parte, debe introducir una legislación sólida en apoyo de quienes defienden la tierra y el medioambiente, como la Ley de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, recién promulgada.

Asimismo, debe garantizar que en aquellos lugares en los que las fuerzas de seguridad cometen ataques atroces contra las personas defensoras se establezcan condiciones propicias para los derechos humanos. 

Nuestras recomendaciones pueden consultarse aquí: 

La campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness aspira a poner fin a las amenazas y ataques a los que se enfrentan estas personas y sus comunidades. Busca sensibilizar sobre estos abusos y hacerse eco de la voz de las personas defensoras para apoyar su labor y la de sus redes. 

Nuestra definición de «personas defensoras de la tierra y el medioambiente» incluye a las personas que se ponen en pie y llevan a cabo acciones pacíficas contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o el medioambiente. 

Quienes trabajan en defensa de la tierra y el medioambiente son un tipo específico de personas defensoras de los derechos humanos y, a menudo, es a quienes más se persigue por su trabajo. 

Nuestra definición abarca un amplio abanico de personas. A menudo, viven en comunidades cuyas tierras, salud y medios de vida se ven amenazados por las operaciones de las industrias minera, maderera, agroindustrial o de otro tipo. 

Algunas de esas personas defienden la biodiversidad de nuestro entorno. Otras apoyan este tipo de labores con su trabajo de juristas en la esfera de los derechos humanos o el medioambiente, gobernantes, guardaparques, periodistas o miembros de campañas u organizaciones de la sociedad civil. 

Desde 2012, Global Witness elabora un recuento anual de aquellas personas defensoras de la tierra y el medioambiente a las que se ha asesinado. Documentamos los ataques cuando se sospecha de la existencia de un vínculo razonable con el activismo de una persona.

Nuestra base de datos también incluye las desapariciones forzadas de personas defensoras de la tierra y el medioambiente si la persona sigue desaparecida después de un mínimo de seis meses. 

Mantenemos una base de datos de estos homicidios para que quede constancia de ellos, así como para poder hacer un seguimiento de las tendencias y poner de relieve los principales problemas que esconden. 

Global Witness incluye en su base de datos a las amistades, colegas y familiares de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas si cumplen una condición: o bien parece que fueron asesinados como represalia por la labor de la persona defensora correspondiente o bien murieron en un ataque aparentemente dirigido contra la persona defensora. 

Investigación sobre los homicidios y desapariciones forzadas de personas defensoras de la tierra y el medioambiente entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2023 

Global Witness determina los asesinatos comprobando fuentes fiables de información en línea de acceso público: 

• Buscamos conjuntos de datos de fuentes internacionales y nacionales con información concreta de personas defensoras de los derechos humanos a quienes se ha asesinado, como el informe anual de Front Line Defenders y el del Programa Somos Defensores de Colombia. Posteriormente estudiamos cada caso. 
• Creamos alertas en buscadores utilizando palabras clave y realizamos otras búsquedas en línea para encontrar casos relevantes. 
• En la medida de lo posible, consultamos a nuestros socios nacionales o regionales para recabar más información sobre los casos. Para ello trabajamos con 30 organizaciones locales, nacionales y regionales de más de 20 países y hacemos lo posible por ampliar nuestra red año tras año, con el objetivo de consolidar nuestros datos y nuestra cobertura mundial. 

Para cumplir nuestros criterios, un caso debe estar respaldado por la siguiente información: 

• Fuentes de información en línea creíbles, publicadas y actualizadas 
• Datos concretos sobre el tipo de acto y el método de violencia, incluidos la fecha y el lugar 
• Nombre y datos biográficos de la víctima 
• Conexiones claras, estrechas y documentadas con un problema medioambiental o territorial 

En algunas ocasiones, incluimos un caso que no cumple todos los criterios anteriores si una organización local reputada nos proporciona pruebas convincentes que no están disponibles en línea, pero que están fundamentadas en sus propias investigaciones. 

Es probable que nuestros datos sobre homicidios sean una subestimación, dado que muchos asesinatos no se denuncian, sobre todo en las zonas rurales y en determinados países.

Nuestros criterios no siempre pueden cumplirse con una comprobación de la información pública, como informes de prensa o documentos legales, o a través de contactos locales.

Somos conscientes de que nuestra metodología implica que las cifras no representan toda la magnitud del problema, pero trabajamos constantemente para mejorar esta situación. 

El conjunto de datos de Global Witness se revisa y actualiza anualmente, un proceso que incluye añadir, modificar o eliminar casos históricos si sale a la luz información nueva que lo justifique.

En resumen, las cifras que se presentan en este informe deben considerarse solo un reflejo parcial del alcance de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo en 2023. 

Ese año, identificamos casos relevantes en 18 países, pero es probable que también se produjeran agresiones contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente en otros países en los que las violaciones de los derechos humanos están muy extendidas.

Entre las razones por las que es posible que no hayamos podido documentar dichos casos siguiendo nuestra metodología y criterios figuran las siguientes: 

• La escasa presencia de organizaciones de la sociedad civil, ONG y otros grupos para monitorear la situación. 
• La represión de los medios de comunicación y otros medios informativos por parte del Gobierno. 
• Conflictos o violencia política a mayor escala, incluso entre comunidades, que dificultan la detección de casos concretos. 

Desde Global Witness rendimos homenaje a la labor crucial, valerosa y a menudo invisible que realizan cada día las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Gracias a su determinación tenemos la oportunidad de que nuestro planeta siga siendo sano para esta generación y las futuras. Estamos profundamente agradecidos.

Nuestro trabajo de documentación de las agresiones contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente no sería posible sin la generosa ayuda de las organizaciones que llevan un registro concienzudo de ellas en sus respectivos países. 

Este año agradecemos especialmente la colaboración de las siguientes:

• Aci-Participa, Honduras  
• Alliance for Land, Indigenous and Environmental Defenders (ALLIED) 
• Alyansa Tigil Mina (ATM), Filipinas
• BASE-IS, Paraguay 
• Business and Human Rights Resource Centre  
• Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Nicaragua  
• Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, México
• Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica Norte de Nicaragua (CEJUDHCAN), Nicaragua  
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Mexico  
• Comissão Pastoral da Terra (CPT), Brasil  
• Consejo General Guna, Panamá 
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú 
• Front Line Defenders 
• Global Rights Advocacy 
• Green Advocates International, Liberia 
• Human Rights Defenders Alert (HRDA) 
• Human Rights Watch  
• Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 
• Kalikasan People’s Network for the Environment, Filipinas 
• Karapatan, Filipinas 
• Natural Justice, Sudáfrica
• Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), Venezuela  
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Colombia   
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México
  
• Oficina Regional para Asia Sudoriental del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  
• Pilex Centre for Civic Education Initiative (The Peoples Advocates), Nigeria 
• Proética, Peru  
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
  
• Programa Somos Defensores, Colombia  
• Protection International, Indonesia  
• Protection International, Thailand  
• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Guatemala
  
• United Nations Environment Programme (UNEP) 
• Virunga National Park, Democratic Republic of Congo  

Generalmente estas organizaciones trabajan con pueblos indígenas y comunidades locales, así como con activistas y movimientos de base. Todas están en primera línea de la lucha por proteger la vida y el medioambiente. Extendemos también a todas ellas nuestro agradecimiento.

Esta es una traducción al español del informe «Voces Silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente» que se publicó originalmente en inglés el 10 de septiembre de 2024. En caso de discrepancia o ambigüedad, deberá consultarse la versión original en inglés.