Una década de resistencia

Marcelo Chaves Ferreira. Sidinei Floriano Da Silva. José Santos López. Cada uno de ellos fue una persona amada por su familia, su comunidad. Jair Adán Roldán Morales. Efrén España. Eric Kibanja Bashekere. Cada uno de ellos era considerado prescindible en aras de la ganancia. Regilson Choc Cac. Osa Bhima. Ángel Rivas. Cada uno fue asesinado defendiendo no solo sus propios lugares preciados, sino también la salud del planeta que compartimos.

Es importante imaginar a estas víctimas como las personas reales que son. Es más fácil para mí. Toda mi vida he estado rodeada de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y, de hecho, soy una de ellas. Comenzó para mí en el Himalaya de Garhwall en la India, donde mi padre era conservador forestal y mi madre agricultora. La tala industrial estaba destruyendo el ecosistema en el que nosotros, como humanos, estamos entrelazados. Sabíamos, íntimamente, que el valor del bosque del Himalaya no se encontraba en el precio de su madera, sino en la forma en que su extraordinaria y abundante diversidad sustenta todas las formas de vida, incluida la nuestra. Y así nos pusimos en el camino de los deforestadores comerciales.

Al hacerlo, no solo nos estábamos poniendo en peligro. Nos enfrentábamos a todo un paradigma: una forma de ver la naturaleza como algo que no debe ser apreciado y protegido, sino conquistado y sometido. Esta perspectiva tiene sus raíces en las revoluciones industriales occidentales del siglo XIX, o incluso más atrás, en la teoría científica de la llamada “Ilustración” occidental. Resulta relevante que esta postura haya nacido en Occidente. Tal y como se evidencia en este informe, casi todas las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra asesinadas son del Sur Global. Sin embargo, no es el Sur Global el que cosecha las supuestas "recompensas" económicas de toda esta violencia.

La verdad final y más triste es que este paradigma nos ha llevado al borde del colapso. No solo estamos frente a una emergencia climática. Estamos a las puertas de la sexta extinción masiva, y estas defensoras son algunas de las pocas personas que se interponen en el camino. No solo merecen protección por razones morales básicas. El futuro de nuestra especie y de nuestro planeta depende de ello.

Por eso es tan importante apoyar el llamamiento realizado por Global Witness en este informe, para que se brinde protección real a quienes se encuentran en la primera línea de esta catástrofe ecológica y humanitaria. Estas son las personas que entienden, en el nivel más profundo, cómo el destino de la humanidad está entrelazado con el destino de los lugares naturales que defienden. Es por eso que están dispuestas a arriesgarlo todo para defenderlos y por lo tanto, más que nadie, merecen protección.

Eso significa que los gobiernos nacionales y supranacionales se comprometan a denunciar e investigar estos asesinatos y, en última instancia, condenar a los culpables ante la justicia. Significa que los gobiernos garanticen la protección de las personas defensoras, incluyendo la denuncia y la investigación de sus asesinatos como medio para acceder a la justicia. Significa que las empresas aseguren que sus operaciones no causen daños. Y, por supuesto, significa que todas y todos nosotros continuemos arrojando luz sobre estas historias, no solo para recordar a quienes han caído, sino para continuar con su importante labor al contarle al mundo exactamente por qué están muertas.

En 2021, 200 personas fueron asesinadas protegiendo sus hogares y sus derechos. Les invito a leer sus nombres. Honrar a los muertos con su atención. Para enojarse en su nombre, y luego actuar.

Mensaje de nuestro Director Ejecutivo, Mike Davis

Hace casi exactamente diez años, estaba en una reunión en nuestra oficina en Londres. Una colega vino y me pidió que saliera para darme un mensaje, pero luchaba por pronunciar las palabras que quería expresar. Me preocupé. Cuando finalmente pudo hablar, me enteré de que uno de mis antiguos colegas en Camboya, miembro del equipo del que formé parte unos años antes, había sido asesinado.

Ese antiguo colega era un hombre llamado Chut Wutty. Cuando él y yo trabajamos juntos en Camboya, él estaba investigando la tala ilegal. Debido a las amenazas a nuestro personal local (en represalia a sus esfuerzos por proteger a las personas defensoras de los bosques), tuvimos que cerrar nuestra oficina. Fue así como Wutty formó su propia organización. Inesperadamente, se había convertido en un líder para los activistas comunitarios que intentaban preservar sus bosques, que también eran sus hogares y sus medios de vida. Ahora Wutty estaba muerto, alcanzado por una bala disparada durante un enfrentamiento con miembros de las fuerzas de seguridad y guardias empleados por la empresa a la que investigaba por tala ilegal y usurpación de tierra. El gobierno se embarcó rápidamente en un encubrimiento.

Si bien en Global Witness estábamos familiarizados con el hecho de que nuestros socios se convierten en un objetivo al defender su tierra y el medio ambiente, el asesinato de nuestro antiguo colega, Wutty, nos llevó a enfrentarnos a una serie de preguntas. ¿Cuál era el panorama global, cuáles eran las implicaciones de estos ataques y qué se podía hacer para prevenirlos?

En todo el mundo, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales arriesgan sus vidas por la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Las y los activistas, así como las comunidades, juegan un papel crucial en la primera línea de defensa contra el colapso ecológico, además de ser líderes en la campaña para prevenirlo. Este informe tiene como objetivo compartir reflexiones sobre cómo pensamos ahora estas preguntas, diez años después de la muerte de Wutty. Además, el objetivo es convocar urgentemente a los esfuerzos globales para proteger y reducir los ataques contra las personas defensoras.

Joannah tenía savia de árbol corriendo por sus venas. Era amante de los árboles, practicante de la permacultura, ecologista y conservacionista de pleno derecho, mamá y madre de la tierra. Tenía una pasión ardiente e inquebrantable por el planeta. Estaba maravillosamente loca. Era una mujer llena de vida y alegría de vivir. La mataron a tiros cuando regresaba a su casa en las afueras de Nairobi, Kenia, en julio de 2021.

Durante muchos años, Joannah se había pronunciado con pasión y determinación contra los usurpadores de tierra y los desarrolladores privados que habían comenzado a destruir el bosque de Kiambu, cerca de donde ella vivía. Llegó a los titulares en 2018 cuando sin ningún tipo de ayuda se enfrentó a quienes talaban árboles. Meses antes de que la mataran, había ganado legítimamente un caso judicial contra un desarrollador que quería construir en la tierra boscosa.

El día del incidente, detuvo su automóvil para despejar las ramas que habían sido colocadas a propósito para bloquear su entrada. Los vecinos la encontraron muerta con el motor de su auto aún en marcha. Rezo para que no lo viera venir y que no sufriera, pero todo indica que esta mujer extraordinaria fue el objetivo de un asesinato.

También sabemos que estaba recibiendo múltiples amenazas de muerte. En una ocasión, recuerdo que me dijo que unos desconocidos la habían visitado para decirle que la matarían si continuaba desbaratando sus planes de construir un camino de acceso a través del bosque. A pesar de esto, no recibió ninguna protección policial. Pero eso no la detuvo. Siguió luchando por lo que creía. Por lo que todos deberíamos creer. Hasta el día de hoy, su valentía y determinación es lo que brilla a través de toda la tristeza.

A menudo me pregunto con desesperación: ¿a cuántos ecologistas más que protegen nuestro planeta se les va a quitar la fuerza vital antes de que los gobiernos empiecen a prestar atención y se pongan por fin al lado de estos valientes pioneros? Se necesita legislación y su cumplimiento a nivel mundial para responsabilizar a las corporaciones codiciosas, las autoridades corruptas, los acaparadores de tierra irreflexivos y aquellos cuya existencia misma es impulsada por el dinero sangriento indiscriminado.

Joannah era un alma excepcional: una mujer ruidosa, maravillosa y problemática con la misión de proteger el mundo de innumerables formas. Pero también era una persona común y corriente, como tú y como yo. No tenía otra agenda más que la de vivir de manera sostenible, compartir sus conocimientos, cuidar los bosques a nivel local y preocuparse por la crisis climática existencial. Y amaba al máximo a la Madre Naturaleza. Siempre lamentaremos lo que nosotros y el mundo hemos perdido.

Recomendaciones

El gobierno de Kenia debería:

• Garantizar que los responsables del asesinato de Joannah Stutchbury comparezcan ante la justicia.
• Reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales de plantación de árboles como una forma crítica y eficaz de proteger los bosques, incluido el bosque de Kiambu.
• Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente garantizando una protección normativa eficaz y sólida del medio ambiente, los derechos sobre la tierra, los derechos de los pueblos indígenas, los medios de vida y las culturas, incluido el consentimiento libre, previo e informado.
• Retirar el Proyecto de Ley de Enmienda propuesto a la Ley de Conservación y Gestión Forestal de 2016. La enmienda propuesta debilitaría los mecanismos de gobernanza de los bosques públicos de Kenia, abriría vías para el acaparamiento de tierras forestales públicas y conduciría a la pérdida de bosques.
• Junto con las discusiones con los pueblos indígenas y las comunidades de plantadores de árboles, crear un panel asesor que incluya científicos del clima, meteorólogos y ONG ambientales. Todos pueden contribuir con su experiencia y compartir datos sobre lo que se avecina, a medida que se crea el plan para mitigar el caos climático y el calentamiento global.

Tracey West, Directora Ejecutiva de Word Forest

Principales hallazgos – 2021

Global Witness registró que 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2021, lo que representa un promedio de casi cuatro personas por semana. Estos ataques letales continúan ocurriendo en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización. Esto está sucediendo en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores.

México es el país con el mayor número de asesinatos registrado, con personas defensoras asesinadas cada mes, con un total de 54 asesinatos en 2021, frente a los 30 asesinatos registrados el año anterior. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.

Mientras que Brasil e India tuvieron un aumento en los ataques letales de 20 a 26 y de 4 a 14 respectivamente, tanto Colombia como Filipinas registraron una caída en los asesinatos en 2021, pasando de 65 a 33 y de 30 a 19 respectivamente. Sin embargo, en general, siguen siendo dos de los países con el mayor número de asesinatos en el mundo desde 2012.

Más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía.

Global Witness documentó 10 asesinatos en África. La República Democrática del Congo siguió siendo el país con el mayor número de ataques, con ocho personas defensoras asesinadas en 2021. Los ocho asesinatos ocurrieron en el Parque Nacional Virunga, que sigue siendo extremadamente peligroso para los guardaparques que lo protegen. La verificación de casos en todo el continente todavía es difícil y es posible que muchos casos no se notifiquen.

Considerando los casos en los que se pudo identificar un sector, poco más de una cuarta parte de los ataques letales se relacionaron con la explotación de recursos (madera, minería y agronegocios a gran escala) y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. Sin embargo, es probable que esta cifra sea mayor, ya que las razones detrás de los ataques a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a menudo no se investigan ni se informan adecuadamente. En la mayoría de los casos en los que no se pudo identificar un sector, se descubrió que los conflictos por la tierra eran un factor clave de los ataques contra las y los defensores. Sin embargo, en muchos casos no se denuncian los motivos económicos detrás de la violencia relacionada con la tierra. La minería fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos con 27 casos, con la mayoría de los ataques en México (15), seguido de Filipinas (6), Venezuela (4), Nicaragua (1) y Ecuador (1).

En 2021, la cantidad desproporcionada de ataques contra pueblos indígenas continuó una vez más, con más del 40 % de todos los ataques fatales dirigidos a pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial. Estos casos fueron documentados predominantemente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.

Global Witness registró 12 asesinatos en masa, incluidos tres en India y cuatro en México. En Nicaragua, grupos criminales masacraron a 15 personas indígenas y defensoras del derecho a la tierra como parte de la violencia sistemática y generalizada contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna.

Cincuenta de las víctimas asesinadas en 2021 eran pequeños agricultores, evidenciando cómo la implacable mercantilización y privatización de la tierra para la agricultura industrial pone cada vez más en riesgo a los pequeños agricultores, a medida que las transacciones de tierras ignoran los derechos de tenencia locales. La agricultura familiar a pequeña escala, de la que todavía depende la mayoría de los pobres de las zonas rurales del mundo, se ve amenazada por las plantaciones a gran escala, la agricultura orientada a la exportación y la producción de productos básicos en lugar de alimentos.

Alrededor de 1 de cada 10 de las personas defensoras asesinadas registradas en 2021 eran mujeres, casi dos tercios de las cuales eran indígenas.

La violencia de género arraigada en la misoginia y las normas de género discriminatorias se utiliza de manera desproporcionada contra las defensoras de derechos humanos y ambientales para controlarlas y silenciarlas, y suprimir su poder y autoridad como lideresas.

México

Por tercer año consecutivo, Global Witness documentó un aumento en los ataques letales en México: 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021, casi la mitad de ellas indígenas. Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales. Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.

En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021.

Las desapariciones forzadas son frecuentes: Global Witness registró 19 en 2021. Las llevan a cabo funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados, y tienen un efecto escalofriante en las familias y las comunidades.  En septiembre de 2021, las autoridades descubrieron seis conjuntos de restos humanos cerca del territorio Yaqui en el sur de Sonora, México, y se presume que se trataría de algunos de los diez hombres desparecidos en julio. Luego de múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad Yaqui el año pasado, los funcionarios declararon que creían que los responsables eran los cárteles de la droga. Sin embargo, algunas personas de la comunidad sospechan también del gobierno y las corporaciones interesadas en la tierra y los recursos Yaquis.

Los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras, respaldados por el gobierno mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de consultas adecuadas con las comunidades potencialmente afectadas y los ataques posteriores a quienes se oponen a los proyectos emblemáticos. La Comisión ha advertido la criminalización y las campañas de desprestigio como amenazas perjudiciales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en México.

La impunidad sigue siendo generalizada, más del 94 % de los delitos no se denuncian y solo se resuelve el 0,9 %.  La ambientalista mexicana Irma Galindo Barrios desapareció en octubre de 2021. Desde 2018, enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques. Esta defensa incluyó la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, el cual entró en vigencia en abril, existe poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a las personas defensoras, disminuyendo la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación.  El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha expresado su preocupación por la multiplicidad de factores que intervienen en este contexto de impunidad, entre ellos la falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de delitos contra personas defensoras.

Colombia

El 2021 fue otro año dramático en Colombia, que continúa registrando una de las cifras más altas de asesinatos en el mundo. Al menos 33 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas allí el año pasado. El 2021 también marcó el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, que puso fin a más de 50 años de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  Las disputas por la tierra son una fuerza impulsora detrás de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. El acuerdo reconoce la necesidad de abordar asuntos como el desplazamiento forzado de la tierra, la tenencia desigual de la tierra y la sustitución de cultivos ilegales por cultivos legales alternativos. Sin embargo, hasta la fecha, la implementación del Acuerdo de Paz no ha sido suficiente: la paz sigue siendo una perspectiva lejana para muchos y muchas colombianas. Las consecuencias de la violencia actual las sienten particularmente los grupos más vulnerables, incluidos los pequeños agricultores y los pueblos indígenas.

Sandra Liliana Peña era la respetada gobernadora de una comunidad y territorio indígena Nasa en el departamento del Cauca, una de las zonas más sangrientas de Colombia. Se había opuesto abiertamente al crecimiento de cultivos ilegales y, como resultado, había sido objeto de múltiples amenazas. En abril de 2021, cuando se preparaba para viajar a la ciudad de Popayán para reunirse con funcionarios del gobierno local, cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa y la mataron a tiros.

Ángel Miro Cartagena era un pequeño agricultor con un gran sueño: quería ser parte de la transformación de la tierra en el Departamento de Antioquia. Estaba contribuyendo activamente a un programa de desarrollo destinado a producir café de alta calidad.  Las milicias locales están tratando de tomar el control de la tierra en esta zona a toda costa.  Desapareció en junio de 2021 y fue encontrado muerto en un río. Su cuerpo presentaba signos de tortura.

Brasil

Brasil registró un aumento en los ataques letales reportados con respecto al año anterior, poniendo de manifiesto las amenazas más amplias que enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, particularmente bajo el gobierno del presidente Bolsonaro.

En enero de 2021, Fernando Araújo, trabajador rural sin tierra y defensor del derecho a la tierra del Movimento Sem Terra, fue asesinado en su casa de la Hacienda Santa Lúcia en Pau D’Arco, estado de Pará. Es una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras de derechos humanos en Brasil. Fernando había sido testigo y sobreviviente de la mayor masacre de trabajadores rurales en Brasil desde 1996, la masacre de Pau D'Arco de 2017, que resultó en la muerte de diez trabajadores rurales a manos de la policía en la Hacienda Santa Lúcia. Fue un testigo clave en el caso penal sobre esta masacre. Hasta el momento, nadie ha sido acusado ni arrestado por el asesinato de Fernando.

Al mes siguiente, Isaac Tembé, líder del pueblo Tenetehara, fue asesinado mientras cazaba con amigos. El joven líder indígena recibió un disparo a quemarropa en el pecho, en su propia tierra, por un miembro de la policía militar de Brasil. Según el pueblo Tembé-Theneteraha, la policía militar del país actúa como una milicia privada, defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos que están ocupando ilegalmente áreas del Territorio Indígena Tembé. Este caso ilustra la falta de límites claros entre la agroindustria brasileña y el terror patrocinado por el Estado en las tierras indígenas, que ha empeorado significativamente bajo el régimen de Bolsonaro.

M. Karthi, un ferviente defensor de la justicia social, le dijo a su madre alrededor de las 10 a. m. del 22 de mayo de 2018 que ese mismo día se uniría a una protesta en las calles de la cercana ciudad de Thoothukudi, en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Al subirse a su motocicleta, se le unieron su hermano, los amigos Marimuthu y Murugesan, el hijo de un conocido, John, y unas 15 personas más. Nunca volvió a casa.

M. Karthi murió junto con otras 10 personas en actos de violencia instigados por la policía estatal en Thoothukudi, que también dejó un saldo de más de 100 personas heridas. La gente se había reunido en la oficina del distrito local para conmemorar el centésimo día de manifestaciones pacíficas contra la planta de fundición de cobre, Sterlite Copper, propiedad de Vedanta Limited. Las y los residentes querían que se cerrara la planta debido a preocupaciones sobre la contaminación del aire y el agua. La planta de cobre, que ya es la segunda más grande de la India, se estaba preparando para duplicar su expansión.

Los relatos de testigos oculares, las imágenes y los videos captados por la cámara y los informes de los medios plantean varias preguntas inquietantes sobre el modus operandi de la administración del distrito y la policía. Se presume que atacaron a las y los manifestantes, disparando munición real contra la multitud.  A pesar de la normativa de la policía india sobre el uso de la fuerza para sofocar las protestas, los relatos de los testigos hablan de francotiradores de la policía que disparaban directamente contra los manifestantes.  El gobierno afirmó que los disparos fueron en respuesta a que los manifestantes recurrieron a la violencia. En los días siguientes cuatro personas más perdieron la vida.

Luego de la protesta, el gobierno impuso el bloqueo de internet hasta el 25 de mayo, lo que limitó el flujo de información proveniente de Thoothukudi. También impuso la Sección 144 en el área, una ley de la era colonial que restringía la reunión pública de cuatro o más personas, hasta el 27 de mayo.

Después de cuatro años y varias investigaciones sobre los asesinatos, ni el Estado ni la empresa han sido declarados culpables. Lo que es peor, las organizaciones de sociedad civil y las y los activistas que abogan por justicia se han enfrentado desde entonces a una miríada de abusos contra los derechos humanos, incluida la criminalización, la vigilancia, la prevención de su derecho de reunión, las amenazas y la violencia.

Esta no es la primera vez que Vedanta se ve envuelta en una controversia en la India. Ha habido innumerables problemas relacionados con sus operaciones en todo el país, incluso en el estado oriental de Odisha. Los lugareños se unieron para evitar que Vedanta abriera una mina de bauxita que habría arrasado una montaña que consideran sagrada y provocado la deforestación. El caso recorrió los tribunales durante más de una década. Finalmente, la Corte Suprema falló en contra de Vedanta en 2016 y la empresa tuvo que abandonar el proyecto.

La masacre de Thoothukudi es emblemática de los acuciantes problemas de seguridad y represalias que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Según los informes, en 2021, India registró el mayor número de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, lo que representa alrededor del 20 % de los ataques en la región de Asia y el Pacífico. Muchas personas defensoras, incluidas mujeres indígenas que buscan justicia, son encarceladas y etiquetadas como terroristas debido a su trabajo en temas de derechos humanos. Las leyes en la India se utilizan habitualmente para atacar a las personas defensoras de derechos humanos: por ejemplo, la Ley (Regulación) de Contribuciones Extranjeras de 2010 se ha implementado para bloquear fondos que resultan muy necesarios, congelar cuentas bancarias y someter a las ONG a investigaciones, creando un efecto paralizador en la sociedad civil. Necesitamos una acción urgente de los gobiernos extranjeros y otros miembros de la comunidad internacional para que el gobierno indio rinda cuentas por el trato que da a las personas defensoras de derechos humanos.

Recomendaciones:

• El gobierno de Tamil Nadu debe publicar de inmediato el informe de la Comisión de Investigación del juez Aruna Jagadeesan sobre la masacre de Thoothukudi, junto con su Informe sobre Medidas Adoptadas (ATR, por sus siglas en inglés), y proponer un debate sobre las recomendaciones propuestas en el informe presentado a la Asamblea Legislativa de Tamil Nadu. Esto debe incluir la suspensión de todos los funcionarios implicados, incluidos el Recaudador del Distrito y los agentes de policía, y el inicio de procedimientos penales.
• La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) debe iniciar procedimientos especiales para evaluar el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India (NHRC, por sus siglas en inglés) de los estándares internacionales establecidos por los Principios de París. Esto basado en: 1) La falta de transparencia; 2) El hecho de que la denuncia sobre la masacre de Thoothukudi se cerrara cinco meses después de que ocurrieran los brutales asesinatos policiales contra un total de 16 manifestantes y se ejerciera una violencia excesiva sobre otros 200; y 3) La negativa de la NHRC a reabrir el asunto a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Madras de considerarlo.
• El gobierno de la India, así como otros gobiernos, los relatores especiales de la ONU, las ONG internacionales, las ONG regionales y las personas defensoras de derechos humanos dentro de la comunidad global, deben respaldar al pueblo de Thoothukudi y garantizar que se haga justicia para las víctimas de la masacre de Thoothukudi.

Alerta Personas Defensoras De Derechos Humanos – India

Global Witness comenzó a informar sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2012.  Desde entonces, 1733 personas defensoras han sido asesinadas tratando de proteger sus tierras y recursos: esto significa un promedio de una persona defensora asesinada aproximadamente cada dos días durante diez años.

Como hemos dicho en cada uno de nuestros informes a lo largo de los años, nuestros datos sobre asesinatos representan solo la punta del iceberg. Esto se debe a que los conflictos, las restricciones a la libertad de prensa y la sociedad civil, y la falta de un seguimiento independiente de los ataques a las personas defensoras pueden dar lugar a que no se denuncien.

Sabemos que, más allá de los asesinatos, muchas personas defensoras y comunidades también están siendo silenciadas a través de la utilización de tácticas como amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización. Estos tipos de ataques son aún menos denunciados.

Estos desafíos en el registro, junto con el requisito de cumplir con estrictos criterios de verificación para acreditar los asesinatos, hacen que nuestras cifras sean, casi con certeza, una subestimación. Puede encontrar más información sobre nuestros criterios y metodología de verificación en la sección “Metodología”.

Más de la mitad de los ataques en la última década se produjeron en Brasil, Colombia y Filipinas

Brasil ha sido el país con más asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre personas defensoras. En conjunto, es el país con el mayor número de asesinatos documentados desde 2012, con 342 ataques letales en total. Alrededor de un tercio de los asesinatos fueron contra personas indígenas o afrodescendientes, y más del 85 % de los asesinatos ocurrieron en la Amazonía brasileña.

El alto número de casos en Brasil se debe en parte a una mayor concientización y un mejor seguimiento de este problema por parte de la sociedad civil en comparación con otras partes del mundo. El conflicto por el derecho a la tierra y los bosques es el principal impulsor de los asesinatos de personas defensoras en Brasil, siendo la selva amazónica la frontera de la lucha por los derechos indígenas y ambientales. Los pueblos indígenas tienen un papel importante que desempeñar como guardianes de la selva amazónica, en la prevención de las emisiones que provienen de la deforestación y la degradación forestal, y en ayudar a frenar la crisis climática.

La Amazonía se ha convertido en un escenario de creciente violencia e impunidad. Con poderosos intereses agrícolas concentrados en la economía exportadora brasileña , es el escenario de una batalla por la tierra y los recursos que se ha intensificado tras la elección del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, en 2018. Desde que el actual presidente llegó al poder, ha alentado la tala y la minería ilegal, ha anulado la protección de los derechos territoriales indígenas y ha atacado a los grupos conservacionistas. Al mismo tiempo, ha desmantelado y recortado los presupuestos y recursos de las agencias de protección forestal e indígena.  Esto ha llevado a que bandas criminales invadan impunemente las áreas indígenas y de conservación. 

El hecho de que el Estado no defienda a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, incluso dando luz verde a la extracción ilegal de recursos, ha llevado a algunos a sugerir que el gobierno de Brasil ha sido capturado por intereses criminales.

Los asesinatos de alto perfil del periodista británico Dom Philipps y del experto indígena Bruno Pereira en Valle de Javarí en la Amazonía brasileña, un territorio aprovechado por el narcotráfico y otras organizaciones criminales, son un claro indicio del ataque contra los pueblos indígenas y quienes intentan protegerlos. Pereira trabajó anteriormente en la Fundación Nacional del Indio (Funai), la agencia indígena del gobierno. Fue destituido de su cargo como representante de la agencia para las tribus nunca antes contactadas en lo que se consideró una medida políticamente motivada poco después de que Bolsonaro llegara al poder. Su despido a fines de 2019 se produjo poco después de que su equipo ayudara a dejar inoperable una de las minas ilegales más grandes de la región amazónica.

Siguiendo de cerca a Brasil, tras diez años de recopilación de datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, Colombia se ha posicionado como el segundo país con el mayor número de asesinatos. El gobierno colombiano se ha comprometido a garantizar la disminución de la violencia.  La realidad está demostrando lo contrario.

La red de la sociedad civil colombiana Programa Somos Defensores, que documenta y denuncia ataques contra personas defensoras, ha condenado repetidamente la limitada acción estatal, incluso del poder judicial, para terminar con la impunidad y el clima de miedo.  La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos.

Filipinas se ha clasificado constantemente como el peor lugar de Asia para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 270 personas defensoras asesinadas entre 2012 y 2021. Más del 40% (114) de las personas defensoras asesinadas eran indígenas que hacían campaña para proteger su tierra y el medio ambiente. Casi el 80% de los ataques contra personas defensoras indígenas ocurrieron en la isla de Mindanao.

Global Witness ha podido vincular más del 80 % de los asesinatos en la última década en Filipinas con la oposición de las personas defensoras a operaciones empresariales. Nuestro análisis indica que un tercio de los asesinatos están vinculados a la industria minera, seguido de cerca por el sector agroindustrial. Filipinas se ubica entre los cinco principales países en recursos minerales a nivel mundial.  Se sabe que casi el 30 % de la tierra del país alberga grandes depósitos minerales, de los cuales más del 8 % está cubierto por concesiones mineras (a julio de 2021).

En abril de 2021, el presidente Duterte anuló una moratoria nacional de nueve años sobre nuevos proyectos mineros, que había estado vigente desde 2012. Los grupos ambientalistas y de derechos humanos criticaron la medida. Además advirtieron que la nueva orden podría poner en mayor peligro a las personas defensoras y afectar negativamente a las principales áreas de biodiversidad, suministros locales de agua y alimentos, y comunidades indígenas.  Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr, quien recientemente asumió su cargo como Presidente del país, al dar su primer discurso sobre el estado de la nación en julio de este año, activó las señales de alarma al enfatizar los incentivos a la inversión, incluso dentro del sector energético, sin mencionar el pésimo historial del país en materia de derechos humanos.

Continuar con proyectos de desarrollo sin ninguna consideración por los derechos humanos plantea serias preocupaciones sobre el futuro de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en un país con uno de los niveles más altos de asesinatos de personas defensoras en el mundo.

Hay muy poca transparencia en el sector minero de Filipinas. Tanto su información como sus contratos rara vez se hacen públicos. La normativa que requiere que las empresas mineras obtengan el consentimiento de las comunidades que habitan las áreas en las que pretenden operar no se implementa de manera consistente.

La impunidad es generalizada: en los pocos casos en los que se documenta la identidad de los perpetradores, se sospecha que las fuerzas estatales están detrás de la mayoría de los asesinatos. Las instituciones estatales clave, incluidos el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, son débiles. Al mismo tiempo, el ejército y la policía cometen violaciones de derechos humanos sin rendir cuentas.

En lo profundo del desierto de la Columbia Británica en Canadá se encuentra el centro de un conflicto entre las ganancias corporativas y los derechos indígenas en torno a un proyecto de gas natural de miles de millones de dólares, promocionado como la mayor inversión del sector privado en la historia de Canadá. El gasoducto Coastal GasLink (CGL) de 6.000 millones de dólares y 670 kilómetros ha recibido la aprobación de las autoridades provinciales, pero los jefes hereditarios indígenas Wet'suwet'en que viven en la zona afirman que no se pueden construir gasoductos que atraviesen su territorio tradicional sin su consentimiento.

Los Wet'suwet'en nunca han cedido ni entregado su territorio a Canadá. Han vivido aquí desde tiempos inmemoriales y se gobiernan bajo la ley Wet'suwet'en. De hecho, los jefes hereditarios de Wet’suwet’en tienen derechos y títulos sobre tierras ancestrales reconocidas por los tribunales canadienses. CGL necesita su consentimiento para poder continuar construyendo su gasoducto de gas natural.

Sin embargo, a pesar de que los jefes hereditarios de Wet'suwet'en afirmaron que se oponían al proyecto del oleoducto CGL, la empresa se instaló en la tierra. Luego de una orden judicial de la Corte Suprema obtenida por CGL en 2019, los oficiales armados de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) expulsaron por la fuerza a los jefes hereditarios y a las matriarcas, a las personas defensoras de la tierra de Wet'suwet'en y a sus partidarios de su propia tierra. Decenas de personas han sido arrestadas y detenidas, incluidos varios trabajadores de los medios de comunicación. Los informes de los liberados citan falta de alimentos, acceso restringido a representación legal y mal trato por parte de la RCMP.

CGL ha solicitado a la Corte que aplique condiciones para la liberación de los detenidos, entre las que se puede incluir el requisito de que las personas defensoras de la tierra demuestren su identidad indígena. Según informes de los observadores de la sala del tribunal, las condiciones de liberación incluyen la prohibición de regresar tanto a su propio territorio como a la "zona de exclusión", un área alrededor del sector de expulsión forzoso donde se prohíbe la presencia de los medios, lo que impide el acceso público a la información. Un juez del Tribunal Supremo de la Columbia Británica dictaminó recientemente que la práctica de la RCMP de emplear vastas "zonas de exclusión" es ilegal.

La ubicación geográfica del pueblo Wet’suwet’en es aislada y remota, lo que dificulta el seguimiento de la situación por parte de los observadores de derechos humanos y los medios de comunicación. Esta condición representa un grave peligro para el pueblo, los territorios y la cultura Wet’suwet’en, y se ve agravada por las detenciones de observadores legales y trabajadores de los medios de comunicación.

El gobierno provincial de Columbia Británica convirtió en ley los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (UNDRIP, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2019. Esto debería garantizar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos que afectan sus tierras y medios de vida. También establece que los pueblos indígenas no serán desalojados por la fuerza de sus tierras.

Al promover un proyecto masivo de desarrollo de combustibles fósiles, Canadá está fallando por completo en su respuesta a la severa e inmediata emergencia climática que enfrenta el país. Para agravar esta situación, al mismo tiempo Canadá se ve involucrado en serias violaciones de derechos humanos que tienen como telón de fondo el genocidio de pueblos indígenas (en particular mujeres y niñas) en el país. Muchas políticas del gobierno canadiense están teniendo efectos devastadores en las comunidades indígenas, por lo que el primer ministro Justin Trudeau tuvo que aceptar públicamente que en Canadá se había cometido un genocidio.  Para enmendar esta situación se requiere urgentemente el reempoderamiento de los pueblos indígenas, incluida la Nación Wet'suwet'en.

Recomendaciones

El gobierno canadiense debería:

• Detener de inmediato la obra y suspender todos los permisos y aprobaciones para la construcción del gasoducto Coastal GasLink en las tierras y territorios tradicionales y no cedidos del pueblo Wet'suwet'en, hasta que otorguen su consentimiento libre, previo e informado, luego del pleno y adecuado cumplimiento del deber de consultar.
• Cesar de inmediato el desalojo forzoso del pueblo de Wet’suwet’en; garantizar que no se utilizará la fuerza en su contra; retirar las fuerzas de seguridad y policiales del territorio Wet’suwet’en; y prohibir el uso de armas letales por parte de la Real Policía Montada de Canadá contra los pueblos indígenas.
• Cumplir con su obligación de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales. Cuando hayan sido despojados de las tierras y territorios que tradicionalmente poseían o habitaban, o estas tierras hayan sido utilizados sin su consentimiento libre e informado, tomar medidas para restituir esas tierras y territorios. Sólo cuando esto no sea posible por razones de hecho, el derecho a la restitución debe ser sustituido por el derecho a una compensación justa, equitativa y rápida. En la medida de lo posible, esta compensación debería adoptar la forma de tierras y territorios.

Las causas estructurales detrás de las amenazas y los ataques a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente son múltiples y complejas, pero podemos identificar puntos en común que se entrecruzan en aquellos países con los mayores índices de ataques.

Desigualdad en la distribución de la tierra

La tierra y el territorio, y los conflictos por su control y su uso, son temas centrales en la mayoría de los países donde existen amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Gran parte del aumento de la violencia, los asesinatos y la represión contra las personas defensoras está relacionado con tales conflictos y la búsqueda del crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales de la tierra. Esta problemática se ve exacerbada por la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra, que también es uno de los principales impulsores de la desigualdad social y económica, particularmente en América Latina.

La desigualdad en la tenencia de la tierra es fundamental para explicar muchas crisis globales, incluidas la crisis de poder y democracia, así como la crisis climática y de biodiversidad.  La desigualdad en la tenencia de la tierra no es inevitable, sino que es el resultado de decisiones políticas, fuerzas de mercado o una combinación de ambas. A menudo es el legado de la conquista y la colonización, como lo demuestra su prevalencia en América Latina. Las fuerzas de mercado también impulsan la desigualdad en la tenencia de la tierra al fomentar la acumulación, a menudo por parte de una élite ya acaudalada. Los pequeños agricultores y las fincas familiares, los pueblos indígenas, las mujeres rurales y las comunidades rurales sin tierra están siendo reducidos a la ocupación de parcelas de tierra cada vez más pequeñas o bien, expulsados por completo a medida que crece la desigualdad de la tierra en todo el mundo.

En Brasil, donde 342 personas defensoras han sido asesinadas en la última década, el índice de Gini (el indicador de desigualdad más utilizado) de distribución de la propiedad de la tierra es de 0,73, posicionando a Brasil entre los países con mayor desigualdad del mundo respecto a la tenencia de tierra. La investigación ha demostrado que la desigualdad es superior en los estados con mayor producción de productos básicos agrícolas, como en Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahía y en la región de MATOPIBA (que comprende las áreas del Bioma Cerrado de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía). Según datos de Global Witness, los ataques contra personas defensoras también son elevados en estos estados. Por ejemplo, en Mato Grosso, nueve trabajadores agrícolas fueron torturados y asesinados en 2017 por sicarios en un área de deforestación ilegal.  El mismo estudio también señala que el 10% de las mayores propiedades ocupan el 73% del área agrícola de Brasil. En todos los estados brasileños, el 10% de las propiedades más grandes poseen más del 50% del área. En seis estados y MATOPIBA, el 10% de las propiedades más grandes poseen más del 70% del área.

Cuarenta y cuatro de las 342 personas defensoras asesinadas en Brasil en la última década se manifestaban contra el agronegocio.

Colombia tiene la mayor concentración de latifundios en América Latina, con el 1% más grande de latifundios concentrados en el 81% de la tierra, dejando solo el 19% de la tierra distribuida entre el 99% restante de las fincas.

Conflicto violento

Colombia también tiene el conflicto armado más largo del continente. Está impulsado por economías ilícitas y criminales, incluido el tráfico de drogas, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.  Una situación que ha generado el desplazamiento de casi siete millones de personas y el despojo de sus tierras a gran escala.  La desigualdad social y económica está en la raíz misma del conflicto, especialmente la concentración extrema de la tierra, tanto en términos de tenencia como de uso.

Los conflictos violentos por la tierra están bien documentados y estrechamente relacionados con la desigualdad en la tenencia de la tierra. El aumento en la concentración de tierras y la desigualdad en su distribución no solo alimentan los conflictos violentos, sino que el conflicto es también un impulsor de esa misma desigualdad que, si no se aborda adecuadamente, perpetúa el ciclo de violencia.

Colombia es uno de los países con el mayor número de asesinatos registrados durante los diez años en los que Global Witness ha recopilado esta información. Los conflictos asociados con la tierra y los recursos naturales no solo son numerosos y frecuentes, sino que también suelen ser prolongados y tienen el doble de probabilidades de repetirse en los primeros cinco años que otros tipos de conflicto. Estos conflictos se ven alimentados aún más por crisis como el cambio climático, la crisis democrática y la migración masiva, que son focos de inestabilidad política, económica, social y ambiental.

Corrupción

Debido a la creciente demanda de alimentos, combustibles y productos básicos, la última década ha experimentado un aumento en el acaparamiento de tierras para industrias como la minería, la explotación forestal, la agroindustria y los proyectos de infraestructura, donde las comunidades locales rara vez son consultadas o compensadas.  Los actores que se confabulan para apoderarse de la tierra tienden a ser corporaciones, fondos de inversión extranjeros, funcionarios estatales nacionales y locales, y gobiernos de países ricos pero pobres en recursos que buscan adquirir tierras a bajo precio, perjudicando a las poblaciones locales en el proceso.

Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente que intentan obtener acceso a la reparación se ven seriamente afectadas por la corrupción, que va desde jueces corruptos que son quienes atienden las denuncias interpuestas por las personas defensoras hasta policías y autoridades locales sobornados para amenazar, intimidar o incluso arrestar a miembros de la comunidad que protestan o presentan denuncias.

La reducción del espacio cívico

La amenaza a las democracias globales va en aumento, mientras que países de todas las regiones del mundo han sido capturados por gobernantes autoritarios en los últimos años. En 2021, el actual presidente de Nicaragua renovó su mandato en unas elecciones muy orquestadas, después de que sus fuerzas de seguridad arrestaran a candidatos de la oposición y cancelaran la inscripción de organizaciones de la sociedad civil.  Desde Brasil hasta India los líderes electos han tomado o amenazado con ejecutar una serie de acciones antidemocráticas, generando un debilitamiento de los valores democráticos en el escenario internacional, incluida la represión del espacio cívico.  Cada vez que los Estados y las corporaciones sofocan las voces críticas y reprimen la disidencia política, ya sea en las calles, en las redes sociales o en los tribunales, reducen el espacio cívico necesario para que prospere una sociedad democrática basada en los derechos humanos.

La seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y las crecientes amenazas a las libertades cívicas se han convertido en una preocupación cada vez mayor a nivel mundial. También es uno de los temas más urgentes para la agenda de derechos humanos, ya que las personas defensoras se encuentran en gran riesgo personal, incluido el riesgo de muerte y lesiones corporales graves. La sociedad civil también tiene menos mecanismos para expresar su preocupación sobre cuestiones de derechos humanos, por temor a la persecución penal.

La mayoría de los asesinatos en la última década han tenido lugar en países con un espacio cívico severamente restringido.

Cultura de impunidad empresarial

En países de todo el mundo, las empresas operan con impunidad, la cual es facilitada en parte por la corrupción. La mayoría de los lineamientos para que las empresas prevengan daños siguen siendo voluntarios. Esto significa que las violaciones de derechos humanos y ambientales continúan abundando y el precio de contraatacar puede ser fatal.

Pocos perpetradores de asesinatos de personas defensoras son llevados ante la justicia debido a que los gobiernos no investigan adecuadamente, ni procesan a nadie por estos delitos. Muchas autoridades hacen la vista gorda o impiden activamente las investigaciones de estos asesinatos, lo que puede deberse a la colusión entre intereses corporativos y estatales, una de las causas profundas de la violencia contra las personas defensoras. Esta impunidad de las amenazas y los ataques contra las personas defensoras actúa como una luz verde para los posibles perpetradores, quienes ven que es poco probable que enfrenten consecuencias por ataques contra activistas.

En muchos casos, el acceso a la información, que frecuentemente está en manos de las empresas, dificulta la identificación de los responsables. Las cadenas de valor y de suministro global de las empresas son innecesariamente opacas y complejas, dificultando que las comunidades sepan quién es responsable de los daños.

Al momento de examinar el conjunto de datos sobre el total de los ataques está claro que muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre el daño humano y ambiental. Este poder corporativo irresponsable, respaldado por políticas gubernamentales, es una fuerza subyacente importante que no solo ha llevado al límite la crisis climática y de biodiversidad, sino que ha seguido perpetuando el asesinato de personas defensoras. En pocas palabras, la fetichización del crecimiento económico sin fin y la impunidad corporativa deben terminar para preservar la vida.

Así comienza la introducción de la popular guía de viajes Lonely Planet a la Sierra de Manatlán en México, declarada reserva de la biosfera por la UNESCO, que es rica en vida silvestre y hogar de grupos indígenas.  Sin embargo, hay un lado oscuro en la popular zona turística.

En abril de 2021, José Santos Isaac Chávez fue brutalmente asesinado. José era un líder indígena, abogado y candidato a la Comisaría Ejidal de Ayotitlán (organismo local electo creado para administrar los territorios indígenas y coordinar acciones con las comunidades). Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones. Fue encontrado muerto en su automóvil, que había sido conducido por un precipicio. Su cuerpo presentaba evidencias de tortura.

El asesinato de José está lejos de ser el primero relacionado con la mina: periodistas y activistas locales alegan desapariciones y asesinatos relacionados con la oposición a Peña Colorada. Nadie ha sido imputado ante la justicia por ninguno de estos delitos. Las operaciones comenzaron en la década de 1970 y representan años de grave violencia y abuso contra los derechos humanos relacionados con la mina.

La mina a cielo abierto Peña Colorada es una sociedad mixta entre las empresas multinacionales del acero, ArcelorMittal y Ternium, ambas con sede en Luxemburgo. Desde el inicio de sus operaciones, la mina Peña Colorada ha sido un flagelo para el medio ambiente, incluidos los territorios indígenas locales. La mina ha destruido el Cerro Los Juanes, convirtiendo los alrededores en un páramo. Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, el cambio climático y la contaminación tóxica. Sin embargo, ha sido imposible cuantificar los daños a una verdadera escala, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la Sierra de Manantlán. No se permite el ingreso de investigadores independientes al área de la mina, y mucho menos para verificar las condiciones de operación y el cumplimiento de las normas de protección ambiental. No hay evidencia de que los operadores de la sociedad mixta, ArcelorMittal y Ternium, hayan provocado la muerte de ninguna persona defensora de la tierra en ningún momento.

Además, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha establecido un interés en la minería ilegal. El grupo ilícito impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano.

Los grupos indígenas de la zona han defendido durante mucho tiempo su territorio y sus recursos naturales. Los activistas locales han tomado varias medidas para contener la expansión de las operaciones mineras, algunas con consecuencias fatales. Tanto el gobierno mexicano como las empresas propietarias de la mina, ArcelorMittal y Ternium, deben tomar medidas urgentes para evitar más muertes y violencia, y garantizar que se haga justicia por los asesinatos y desapariciones de las personas defensoras que se han opuesto a la mina.

Recomendaciones

El gobierno mexicano debería:

• Cumplir con su obligación de investigar, impartir justicia y reparar las violaciones contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en México.
• Establecer una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú que incluya la coordinación entre los poderes del Estado, la generación de políticas y el financiamiento adecuado para garantizar los mecanismos de justicia ambiental, la transparencia, el acceso a la información y un entorno seguro para el ejercicio de la defensa ambiental en México.
• Reconocer la situación de la comunidad nahual en la Sierra de Manantlán como un ataque sistémico contra esta población indígena y atender las causas estructurales de la repetición de estos actos de violencia.
• Diseñar, implementar y supervisar mecanismos que garanticen el derecho al consentimiento informado de los pueblos indígenas bajo los estándares internacionales e incorporen el principio de autodeterminación y autonomía de las personas y comunidades indígenas en México.

Tsikini AC

¿Qué hemos aprendido desde que Global Witness comenzó a informar sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente hace diez años? A nivel internacional ha habido algunos avances por parte de gobiernos y empresas, al menos superficialmente. Las empresas son ahora más conscientes de las amenazas a las que se enfrentan las personas defensoras. Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, al menos 30 empresas cuentan con políticas existentes sobre personas defensoras de derechos humanos y libertades cívicas. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos son compromisos voluntarios y no se implementan de manera consistente. Algunos gobiernos, predominantemente en Europa, han introducido o están en proceso de incorporar la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas. Y el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021, es el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras de derechos humanos ambientales. 

Todas y cada una de las muertes de una persona defensora es una señal de que nuestro sistema económico está quebrado. Hay una guerra por la naturaleza, impulsada por la búsqueda de ganancias y poder, y las líneas de frente son las regiones biodiversas restantes de la Tierra. La integridad de estos sistemas está siendo atacada por el crimen organizado y los gobiernos corruptos que quieren explotar la madera, el agua y los minerales para obtener ganancias a corto plazo, a menudo ilegales.

La mayoría de estos crímenes ocurren en lugares que están lejos del poder y son infligidos a quienes tienen, en muchos sentidos, la menor cantidad de poder. En muchas regiones, las comunidades indígenas, afrodescendientes y otros habitantes tradicionales de los bosques, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogadas y académicos, están liderando la lucha contra las acciones irresponsables por parte de gobiernos y empresas. Como consecuencia, se ven afectadas de manera desproporcionada, constituyendo más de un tercio de todas las personas defensoras asesinadas. Sus muertes representan no solo la pérdida de vidas, sino también de culturas, idiomas y conocimientos tradicionales. Estos asesinatos ocurren en lugares donde la ley no funciona o está controlada por negocios locales o intereses políticos, provocando un estado de impunidad casi total. De hecho, la mayoría de los asesinatos ni siquiera se investigan de manera creíble.

Las especies estás desapareciendo a una velocidad mil veces mayor que la tasa natural de extinción. Nos encontramos en medio de una emergencia climática. Finalmente, esta crisis climática y de pérdida de biodiversidad está recibiendo algo de atención. Y su conexión con otra pérdida, la de las culturas indígenas, se reconoce cada vez más.  Desde los animales hasta los insectos y las plantas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad no pueden abordarse de forma efectiva sin abordar la rápida desaparición de las culturas indígenas. Ambas cuestiones están intrínsicamente relacionadas.

Como en toda guerra, el bando dominante siempre querrá que se desconozca el número de víctimas y sus nombres, para que no sean personalizadas. De esta manera, los poderosos pueden crear su propia narrativa en torno a las víctimas. Sin embargo, a través de nuestros informes sobre dónde han logrado detener proyectos dañinos o han obtenido derechos sobre sus tierras, podemos ver que el poder radica en la resistencia y la protesta colectiva. Entonces, si bien este informe tiene como objetivo activar la señal de alarma al exigir urgentemente una mayor protección para las personas defensoras, también tiene como meta inspirar en lugar de disuadir para que se preste una mayor atención a su lucha.

Es crucial que el trabajo de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente continúe y se amplíe. Por ellos, Global Witness seguirá informando sobre las personas defensoras, para mostrar su valor para el mundo y cómo contribuyeron a sus comunidades y sus familias.

Soy una mujer negra, mariscadora y Quilombola.

Soy una mujer de las aguas y orgullosa de ser mariscadora quilombola. Nací en la comunidad de Porto dos Cavalos en Ilha da Maré, una isla frente a la costa de Salvador, la capital del estado de Bahía, Brasil, en el corazón de la Bahía de Todos os Santos. Porto dos Cavalos es uno de los seis territorios quilombolas (asentamientos de afrodescendientes que eran esclavos) que han sido reconocidos por el estado en Ilha da Maré. La isla, la segunda más grande de la Bahía, también es conocida como “el barrio más negro” de Salvador.

Durante más de dos décadas he estado involucrada en la lucha por los derechos de la comunidad Quilombola, contra la explotación de nuestro territorio por parte de empresas nacionales e internacionales con sede en la Bahía de Todos os Santos.

Además de la explotación de nuestro territorio, también sufrimos la contaminación química diaria provocada por las empresas, así como lo que las empresas denominan “accidentes” (a los que yo considero delitos ambientales), que se dan de manera recurrente provocando una variedad de daños a la comunidad. Esta fuerte contaminación en nuestras aguas, la contaminación de nuestro aire y el envenenamiento de mi gente se ha prolongado durante demasiado tiempo: ahora llamamos a nuestra tierra y a nuestros cuerpos la "zona de sacrificio".

El punto de inflexión en mi vida llegó cuando descubrí que mi hija había sido directamente afectada. En 2005, un estudio reveló que los niños que vivían en Ilha da Maré, incluida mi hija, tenían altos niveles de metales pesados en el cabello y en las muestras de sangre. Los alimentos consumidos por nuestros niños también presentaban un alto nivel de contaminación. Las mujeres de las aguas estamos sufriendo, porque nuestros hijos están desarrollando enfermedades graves, entre ellas epilepsia y cáncer, debido a la contaminación.

Así que seguimos estando en la primera línea de esta batalla. Todos los días nos enfrentamos a muchos problemas, pero no tenemos otro recurso más que resistir. Esta resistencia tiene un precio muy alto. Por oponernos a estos delitos ambientales y los perjuicios a nuestra salud, hemos sido objeto de amenazas de muerte, hostigamiento legal y campañas de desprestigio. Las amenazas a mi vida se han agravado tanto recientemente que tuve que adoptar un esquema de seguridad que me obliga a salir constantemente de Ilha da Maré y no me permite hacer lo que más disfruto en la vida: recolectar mariscos.

Mi resistencia continúa y no dejaré que me detengan. El gobierno nos falla continuamente. La crisis actual es un reflejo de la total impunidad que sufrimos las y los habitantes de Ilha da Maré durante décadas.

Continuaremos luchando contra el racismo ambiental sistemático promulgado hacia los quilombos y las comunidades indígenas de Brasil. Sin lucha, no hay justicia ambiental, ni tampoco victoria. Seguiremos luchando y defendiendo nuestro territorio. Nuestra vida y la de nuestros hijos y la vida de las generaciones futuras. No solo estamos luchando por nuestra comunidad, sino también por la tuya: por la soberanía alimentaria, por el acceso al agua libre de contaminación y por un medio ambiente saludable. Necesitamos que te unas a nosotros en esta lucha.

Eliete Paraguassú

Recomendaciones

El gobierno de Brasil debería:

• Trabajar de inmediato para detener los continuos abusos y litigios contra la tierra y los derechos humanos contra las comunidades, y proporcionar una reparación creíble para los daños ya perpetrados.
• De conformidad con el Convenio 169 de la OIT, brindar mecanismos para la consulta previa y participación de los quilombos respecto de todas las políticas, acuerdos o proyectos de desarrollo que puedan afectar sus formas de vida y territorios tradicionales.
• Enfrentar la crisis de salud pública y la desigualdad social a través de una adecuada inversión en saneamiento básico, incluyendo el abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, así como el adecuado manejo y disposición de residuos.

Desde noviembre de 2020, las amenazas, intimidaciones y presiones que he sufrido por parte de grupos como las Águilas Negras (organizaciones de ultraderecha narcotraficantes, contrarrevolucionarias, paramilitares) y otros grupos, debido a mi trabajo en defensa de los derechos humanos y la naturaleza en la región del Magdalena Medio de Colombia, es similar a la vivida por decenas de líderes que viven en la región. Una líder ha tenido que huir a Francia en 2022. He vivido los asesinatos de tres amigos y líderes ecologistas: dos fueron asesinados en febrero y uno a finales de julio.

Llevo años oponiéndome activamente a la extracción de petróleo en la región del Magdalena Medio. Los intereses de las grandes petroleras han terminado prevaleciendo sobre la vida de las comunidades locales, quienes sufren graves impactos ambientales y sociales, así como una amplia gama de violaciones a los derechos humanos.

La comunidad local de Barrancabermeja ha sido testigo de cómo nuestra tierra, que antes estaba tan llena de vida y naturaleza, ha sido sacrificada una y otra vez. Desde 2013, hemos estado documentando cómo nuestro gobierno ha seguido eligiendo el dinero por encima de la protección del área local y de las personas que viven en ella.

Hay tantas cosas de las que preocuparse. Estamos preocupados por el medio ambiente que nos rodea, preocupados por la contaminación del agua, preocupados por nuestra salud y, sobre todo, estamos preocupados por nuestra seguridad.

Además de luchar contra la extracción de petróleo, también luchamos contra la grave contaminación de un vertedero local. Mi colega Yesid Blanco, médico pediatra, identificó una serie de enfermedades por intoxicación por mercurio que estaban directamente relacionadas con el vertedero que contaminaba el suministro de agua del caserío Patio Bonito en Barrancabermeja. Es difícil encontrar un niño en Patio Bonito que haya nacido después de 2015 y no tenga problemas respiratorios y afecciones de la piel. Son la generación que ha sido apodada como “los niños de la basura”.

Yesid ahora se encuentra en el exilio después de compartir sus hallazgos: huyó de Colombia en 2018. Otros han seguido monitoreando los impactos y documentando la muerte de miles de peces, animales con deformidades y el nacimiento de perros sin cerebro. Cada día, el equivalente a 55 piscinas olímpicas de lixiviados (sustancias químicas tóxicas) se han derramado en el vertedero. Y estamos siendo perseguidos, estigmatizados y amenazados por seguir presionando para que se rindan cuentas. Tanto las autoridades como los actores privados están detrás de estas amenazas.

Las empresas de combustibles fósiles que operan aquí y las empresas que han gestionado el vertedero a lo largo de los años no están realizando una rigurosa diligencia debida. Nos preocupa que la cadena de suministro esté permeada por actores ilegales con presuntos vínculos con grupos armados, incluidos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. No podemos defendernos de estas personas. Necesitamos ayuda para proteger el área local y las personas que viven aquí.

Óscar Sampayo

Recomendaciones

El gobierno de Colombia debe:

• Restablecer todos los espacios de diálogo con la sociedad civil que tengan relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
• Adoptar e implementar la serie existente de resoluciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que brindan una hoja de ruta para garantizar un entorno seguro y favorable para las personas defensoras. Estos incluyen informes recientes del Relator Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Protocolo de la Esperanza, una iniciativa de la sociedad civil, diseñada para minimizar y abordar las amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos. Estas recomendaciones deben ser el punto de partida para la construcción de una política de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos.
• Implementar las disposiciones del Acuerdo de Paz que se relacionan específicamente con el derecho a defender los derechos humanos.

Honduras

Cinco años después del asesinato de la defensora ambiental e indígena Berta Cáceres, en julio de 2021 un tribunal hondureño declaró culpable de conspiración a Robert David Castillo, quien al momento del asesinato ejercía como director de la empresa de represas hidroeléctricas Desarrollos Energéticos.  Cáceres fue asesinada a tiros por sicarios en 2016, luego de años de amenazas vinculadas a su oposición a la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, hogar de las tierras ancestrales de su pueblo Lenca.  Posteriormente, el 20 de junio de 2022, Castillo fue condenado a 22 años por su papel en ordenar y planificar el asesinato.

Cáceres era conocida por defender el territorio y los recursos naturales indígenas Lenca. También fue una respetada analista política, defensora de los derechos de las mujeres y activista anticapitalista.  Su hija, Laura Zúñiga Cáceres, celebró la sentencia como un paso más en la lucha por la justicia. “Este es un avance importante, pero los autores intelectuales del crimen siguen gozando de impunidad gracias a su poder político y económico. Como víctimas de este crimen, su familia, miembros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y el pueblo Lenca seguiremos exigiendo justicia al Estado hondureño”.

Brasil

En abril de 2021, en una decisión histórica que podría reforzar los derechos territoriales indígenas en Brasil, la Corte Suprema del país falló por unanimidad revisar el proceso en torno a un caso anterior que canceló el mapeo de un territorio indígena reclamado por el Pueblo Guaraní Kaiowá. El territorio de Guyraroká en el centro de la disputa se extiende por unas 11.000 hectáreas (27.181 acres) en Mato Grosso do Sul, en el corazón agrícola de Brasil. Gran parte del área en disputa está controlada por José Teixeira, un poderoso político y ganadero.

El Pueblo Guaraní Kaiowá asegura que su tierra, parte del vasto bioma de sabana tropical de Brasil conocido como Cerrado, fue robada hace décadas y convertida en plantaciones de caña de azúcar, lo que los obligó a abandonar sus tierras ancestrales.

La decisión es especialmente importante en el contexto político actual, en el que la retórica del presidente Bolsonaro ha envalentonado los ataques a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La reapertura del caso marca un punto de inflexión y también sienta un precedente importante para otras disputas sobre tierras indígenas en Brasil.

Sudáfrica

Después de una de las protestas más grandes en la Sudáfrica posterior al apartheid en diciembre de 2021, las comunidades indígenas de la Costa Salvaje del Cabo Oriental de Sudáfrica lograron una histórica victoria legal contra el gigante energético y petrolero Shell. La Costa Salvaje se encuentra dentro del punto crítico de biodiversidad Maputalandia-Pondolandia-Albania. Además de sustentar los medios de subsistencia, el océano tiene un significado cultural importante para las comunidades indígenas del Cabo Oriental.

Las comunidades ganaron el caso ante el Tribunal Superior de Sudáfrica argumentando la violación de su derecho constitucional a ser consultadas y dar su consentimiento al proyecto. La victoria ha sido aclamada como un gran avance en el esfuerzo por detener la ola del cambio climático, tras otra decisión judicial holandesa de 2021 que exige a Shell a reducir sus emisiones mundiales reportadas en un 45% para fines de 2030.  “No se trata solo de dar consentimiento”, dijo el vicepresidente de la ONG local Sustaining the Wild Coast, Sinegugu Zukulu, “se trata de nuestro derecho a decir no a Shell directamente y poder dar nuestras razones”.

Indonesia

Comunidades de la Isla de Sangihe

En mayo de 2022, los residentes de la Isla Sangihe en la provincia de Sulawesi, Indonesia, ganaron una demanda contra una empresa respaldada por Canadá que planeaba extraer oro en su isla. Un tribunal dictaminó que el permiso ambiental emitido a la empresa minera PT Tambang Mas Sangihe para la mina propuesta no era válido y ordenó a las autoridades locales a revocar la licencia. En un área de 42.000 hectáreas (más de la mitad del tamaño de la ciudad de Nueva York), el sitio minero propuesto causaría una destrucción generalizada. Esta preocupación llevó a 56 mujeres habitantes de la comunidad a presentar una demanda, finalmente exitosa, contra la autoridad local gubernamental que emitió el permiso ambiental.

Las aldeanas de Sangihe también presentaron otra demanda ante el tribunal administrativo estatal de Yakarta en la que solicitaban la revocación general del contrato minero.

Franz Hemsi

A principios de este año, después de 15 años de luchar contra una empresa de aceite de palma que se apoderó violentamente de su tierra, el agricultor y defensor de la tierra indonesio Franz Hemsi recibió el reconocimiento de su derecho sobre 20 hectáreas. Hemsi ha luchado sin descanso contra PT Mamuang, una subsidiaria de Astra Agro Lestari, la segunda compañía de aceite de palma más grande de Indonesia, desde que se apoderó por la fuerza de su tierra en 2005. Según los informes, la empresa se ha visto envuelta en prolongados conflictos por la tierra con los agricultores locales.  Hemsi fue encarcelado tres veces y él y su familia fueron objeto de amenazas periódicas. Ahora, gracias a su incansable resistencia, el respaldo de su comunidad y el apoyo legal y de defensa contra los financistas de Astra Agro Lestari, ha recibido el reconocimiento de su derecho sobre 20 de las 50 hectáreas que la empresa intentó tomar.

Se necesitan tomar acciones urgentes para instar a las empresas y los gobiernos a rendir cuentas por la violencia, la criminalización y otros ataques que enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, quienes a menudo se encuentran en la primera línea de la crisis climática. Los gobiernos y las empresas deben tomar las siguientes medidas para abordar las causas estructurales que facilitan los ataques contra las personas defensoras:

Los gobiernos deberían:

• Crear un entorno seguro para que las personas defensoras y el espacio cívico puedan desarrollarse: Se deben hacer cumplir las leyes existentes que protegen a las personas defensoras. Donde tales leyes no existan, se deben establecer nuevos marcos regulatorios. Todos los intentos de utilizar cualquier legislación para criminalizar a las personas defensoras deben declararse nulos y sin efecto. Los gobiernos deben proteger los derechos de las personas defensoras, incluidos los derechos al consentimiento libre, previo e informado, los derechos de los pueblos indígenas a su sustento y cultura, el derecho a la vida, la libertad y la libertad de expresión, y el derecho a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible. Estos son derechos humanos básicos, que ya están consagrados en varias leyes, incluidas las constituciones nacionales. Además, se deben utilizar los mecanismos y herramientas existentes relevantes para optimizar la protección de las personas defensoras y promover el espacio cívico, incluido el Acuerdo de Escazú, los procedimientos del Relator Especial de la ONU y el Protocolo de Esperanza.

• Promover la responsabilidad legal de las empresas: Exigir a las empresas e instituciones financieras que lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y riesgos ambientales en todas sus operaciones globales (incluidas las cadenas de suministro y las relaciones comerciales), promoviendo la transparencia y la responsabilidad por la violencia y otros daños a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Las leyes de responsabilidad empresarial deben respetar los estándares establecidos en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

Las empresas deberían:

• Identificar, prevenir, mitigar y remediar cualquier daño en sus operaciones contra las personas defensoras: Implementar procedimientos sólidos de diligencia debida que busquen prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de los daños a los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus operaciones. Las políticas de las empresas deben incluir explícitamente protocolos para salvaguardar los derechos de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Las empresas deben proporcionar rápidamente soluciones cuando se produzcan daños a los derechos humanos y al medio ambiente.

• Asegurar el cumplimiento legal y la responsabilidad corporativa en todos los niveles: Implementar estrictamente una política de tolerancia cero a las represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, la adquisición ilegal de tierras y la violación al derecho al consentimiento libre, previo e informado en todos los niveles de operaciones comerciales, incluso en sus operaciones globales, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Estas políticas deben establecer quién será responsable del cumplimiento legal en el nivel superior, así como también cómo se implementarán y monitorearán. Además, deben establecer límites claros para la suspensión o finalización de contratos con aquellos proveedores que no las cumplan. 

Los gobiernos y las empresas deberían:

• Implementar un enfoque basado en derechos para abordar el cambio climático: Garantizar que los compromisos para implementar el Acuerdo de París se alineen con las obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos existentes, y promover soluciones justas y equitativas para el cambio climático. Esto debería incluir el fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y tradicionales, y el aumento de su participación en la toma de decisiones en reconocimiento del papel clave que desempeñan en la protección de las últimas áreas biodiversas que quedan en el mundo.

Recomendaciones a la Unión Europea

Como importante bloque comercial con presencia mundial, la Unión Europea tiene la responsabilidad y la oportunidad de liderar el camino en materia de responsabilidad empresarial. Está obligada a contribuir a la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, en particular cuando sus acciones tienen un impacto internacional. Específicamente, la UE debe garantizar que la iniciativa de Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad:

• Requiera que las empresas se vinculen con las comunidades indígenas y locales afectadas y otras personas defensoras de la tierra y del medio ambiente de una manera segura, significativa e inclusiva.
• Requiera que las instituciones financieras cumplan con los estándares de diligencia debida reconocidos internacionalmente, incluida la realización de diligencia debida continua, la desvinculación segura de relaciones comerciales dañinas en los casos en los que no pueda prevenirse el daño y la diligencia debida sobre socios comerciales en función del riesgo (en lugar del tamaño de la empresa asociada).
• Requiera que las empresas lleven a cabo una diligencia debida climática efectiva en línea con los requisitos propuestos de diligencia debida ambiental y de derechos humanos.

La campaña de Global Witness “Personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” tiene como objetivo detener la amplia gama de amenazas y ataques que enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y sus comunidades. Aspira a crear conciencia sobre estos abusos y a amplificar la voz y respaldar el trabajo de las personas defensoras y sus redes de apoyo.

Definimos a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente como aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente. Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente son un tipo específico de personas defensoras de derechos humanos y, a menudo, son las más atacadas por su trabajo.

Nuestra definición incluye una amplia variedad de personas. Las personas defensoras suelen vivir en comunidades cuyas tierras, salud y medios de vida están siendo amenazados por operaciones de minería, explotación forestal, empresas agroindustriales u otras industrias. Otras defenderán nuestro entorno biodiverso o apoyarán tales esfuerzos a través de su trabajo, ya sea como abogadas de derechos humanos o ambientales, políticas, guardaparques, periodistas o miembros de campañas u organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo.

Desde 2012, Global Witness contabiliza la cantidad de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas anualmente. Mantenemos una base de datos de los asesinatos para que haya un registro de estos trágicos eventos y podamos rastrear tendencias y resaltar los problemas estructurales detrás de ellos.

Investigación sobre los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021

Global Witness identifica casos de asesinatos a través de la búsqueda y revisión de fuentes fiables de información pública en línea, mediante el siguiente proceso:

• Identificamos fuentes nacionales e internacionales que ofrecen datos sobre personas defensoras de derechos humanos mencionadas como asesinadas, tales como el informe anual de 2018 de Front Line Defenders y el informe anual del Programa Somos Defensores, en Colombia. Luego investigamos cada caso.
• Establecemos alertas de motores de búsqueda utilizando palabras claves, y realizamos otras búsquedas en línea para identificar casos relevantes en todo el mundo.
• En la medida de lo posible o cuando es necesario, consultamos con aliadas nacionales o regionales para recabar más información sobre los casos. Trabajamos con aproximadamente 30 organizaciones locales, nacionales y regionales diferentes en más de 20 países para hacer esto.

Para cumplir con nuestros criterios, un caso debe estar respaldado por la siguiente información disponible:

• Fuentes de información en internet creíbles, publicadas y actuales.
• Detalles sobre el tipo de acto y el método de violencia, incluyendo la fecha y el lugar.
• Nombre y alguna información biográfica sobre la víctima.
• Conexiones claras, inmediatas y documentadas a un conflicto medio ambiental o vinculado a la tierra.

En ocasiones podemos incluir un caso que no cumpla con los criterios descritos anteriormente, siempre y cuando una organización local respetada nos brinde pruebas convincentes surgidas de sus propias investigaciones, y no estén disponibles en línea.

Global Witness incluye en su base de datos a amigos, colegas y familiares de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas si: A) parecen haber sido asesinados como represalia a causa del trabajo de la persona defensora; o B) si fueron asesinados en un ataque en el cual también se asesinó a la persona defensora.

Global Witness también registra desapariciones forzadas de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, actualizando cada caso, al menos, seis meses después de la desaparición. En los casos en que el individuo permanece desaparecido, se registra como homicidio.

Es probable que nuestros datos sobre asesinatos sean una subestimación, ya que muchos homicidios no son denunciados, especialmente en las zonas rurales y en países específicos. Nuestros criterios no siempre se pueden cumplir revisando únicamente la información pública (como artículos periodísticos o documentos legales), ni a través de contactos locales. Tener esta metodología estricta también significa que nuestras cifras no representan la magnitud del problema y estamos trabajando en mejorarlo.

En resumen, las cifras presentadas en este informe deben ser consideradas como una imagen parcial de la cantidad de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en todo el mundo en 2020. Se han identificado casos relevantes en 17 países en 2021; pero es posible que también ocurrieran en otros países donde las violaciones de derechos humanos están muy extendidas. Las razones por las cuales no pudimos documentar tales casos en el marco de nuestra metodología y criterios incluyen:

• Presencia limitada de organizaciones de la sociedad civil, ONG y otros grupos que monitorean la situación en el terreno.
• Represión hacia medios de comunicación y otros centros de información.
• Conflictos más amplios y / o violencia política, incluso entre las comunidades.

Esta es una traducción al español del informe “Una década de resistencia: Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”, publicado originalmente en inglés el 29 de septiembre de 2022. En caso de discrepancias o falta de claridad, consulte la versión original en inglés. 

Este informe contiene algunas citas de artículos de prensa, documentos y fuentes que han sido traducidos al inglés del español. Todos están claramente indicados en las referencias.