COP16: alinear la biodiversidad con los derechos humanos y la acción climática

La biodiversidad es la base sobre la que se sostiene la vida. Es esencial para equilibrar el clima del planeta y mantener los sistemas naturales que sustentan a las personas, plantas, animales, hongos y otras formas de vida que habitan en las tierras y las aguas de nuestro mundo. 

Sin embargo, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Biomas enteros están desapareciendo, los hábitats están siendo arrasados y hasta un millón de especies se encuentran al borde de la extinción. La sucesión de estas pérdidas nos alejará aún más de lograr que el futuro sea sostenible y equitativo.

Esta degradación implacable no solo devasta el medio ambiente, sino que también supone una amenaza para los medios de subsistencia humanos, especialmente los de los defensores de la tierra y el medio ambiente, entre los que se encuentran los pueblos indígenas y las comunidades locales que lideran la protección de la biodiversidad.

Colombia acogerá la 16.ª Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB) en el marco de esta urgente realidad. La cumbre está captando una gran atención a nivel mundial, ya que los líderes políticos reconocen cada vez más la importancia de la crisis de la biodiversidad y sus vínculos con la emergencia climática.

Qué cabe esperar de la COP16

En la última COP del CDB, celebrada en 2022, 196 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) de Kunming-Montreal. Durante este acuerdo histórico se establecieron 23 metas ambiciosas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2050, haciendo especial hincapié en la protección de los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.

La COP16 del CDB, organizada por el gobierno colombiano en Cali, será la primera cumbre celebrada desde la adopción del MMB. Nos jugamos más que nunca y estamos ante una oportunidad única para convertir los compromisos de este marco en planes concretos y viables. 

Los países presentarán sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (EPANB) actualizados para aplicar el MMB y, con las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) que se presentarán el próximo año en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático, los gobiernos deben alinear sus planes de biodiversidad con la acción climática. La ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad, ha anunciado que el lema de la COP16 es «Paz con la Naturaleza», un llamamiento a repensar nuestra relación con el medio ambiente y a alejarnos de los modelos económicos basados en la extracción y la contaminación. 

Colombia también se ha comprometido a situar a los defensores del medio ambiente en el centro de la cumbre, destacando las voces de quienes salvaguardan la biodiversidad y protegen los territorios.

Si de algo estamos seguros, es de que las decisiones que se tomen en la COP16 tendrán una profunda repercusión en el futuro del planeta. Colombia debe demostrar un liderazgo firme y hacer un llamamiento a la cooperación mundial para llevar a cabo cambios audaces y transformadores que protejan la biodiversidad. 

Para ello, es necesario reconocer el papel fundamental que desempeña la biodiversidad en nuestros sistemas alimentarios, así como en la seguridad alimentaria, en la estabilización del clima mundial y en las vidas y los medios de subsistencia de todas las personas. 

Para llevar a cabo cambios audaces también es necesario que consideremos el liderazgo de los defensores de la tierra y el medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas.

Posiciones de Global Witness sobre las políticas de biodiversidad de la COP

Las posiciones de Global Witness en cuanto a las políticas de biodiversidad de la COP se organizan en torno a tres aspectos centrados en promover un enfoque de la acción climática basado en los derechos humanos: 

• Promover el reconocimiento y la participación significativa de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todos los procesos de toma de decisiones de las COP sobre biodiversidad.
• Emprender acciones para orientar los flujos financieros públicos y privados a eliminar la deforestación y las pérdidas naturales.    
• Promover una minería responsable que no afecte negativamente a la biodiversidad a través de una resolución relativa a los minerales y adoptar medidas para prohibir la minería en zonas específicas donde la biodiversidad es crucial.

Las Partes deben dar prioridad a estos aspectos en la aplicación del MMB y garantizar un proceso sólido, eficiente, transparente y claro para la revisión global del progreso colectivo.

Promover el reconocimiento y la participación significativa de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todos los procesos de toma de decisiones de las COP sobre biodiversidad

Los defensores de la tierra y el medio ambiente, en particular los pueblos indígenas, desempeñan un papel vital en la protección de la biodiversidad y la defensa de los bosques, hábitats y ecosistemas cruciales para el clima. Su enfoque respecto al uso la tierra y de las posibles soluciones representa la verdadera sostenibilidad e innovación. 

Los defensores del medio ambiente administran más de un tercio de las tierras protegidas del planeta en 90 países y ayudan a preservar alrededor del 80 % de la biodiversidad que queda en el la Tierra.

No obstante, se les suele excluir de los procesos de toma de decisiones y, además, se exponen a una violencia extrema por el hecho de defender su medio de vida, el medio ambiente y la biodiversidad.

Entre las 23 metas adoptadas en el MMB, la Meta 22  se compromete específicamente a «la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género» de los defensores en la toma de decisiones. También reconocen los derechos culturales, territoriales y de recursos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales para acceder a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad.

La meta 22 es un ejemplo idóneo del reconocimiento del trabajo esencial que realizan los defensores de la tierra y el medio ambiente que, además, promueve su protección y participación en los procesos de toma de decisiones.

Durante la COP16, las Partes tienen una oportunidad notoria para avanzar de forma concreta hacia la reducción de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente a través de su compromiso para recopilar datos e informar sobre este indicador en sus informes nacionales a la Conferencia de las Partes del CDB. 

Los defensores de la tierra y el medio ambiente deben ocupar un lugar central en los debates de la COP16, y las Partes del CDB deben poner en marcha medidas decisivas para lo siguiente:

• Adoptar un lenguaje específico que reconozca públicamente el papel crucial que desempeñan los defensores de la tierra y el medio ambiente en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.
• Integrar un plan de acción concreto en sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (EPANB) para alcanzar la Meta 22.
• Garantizar la plena protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente, tal y como se establece en la Meta 22, e informar sobre las medidas adoptadas para protegerlos plenamente.
• Recopilar datos nacionales sobre asesinatos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente en consonancia con los compromisos de las Partes para llevar a cabo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo un marco de indicadores globales para el seguimiento de los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/RES/71/313), concretamente el indicador 16.10.1.
• Apoyar la adopción de un indicador global para el marco de seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad en relación con las medidas adoptadas según lo establecido en la Meta 22 a fin de garantizar la plena protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
• Asegurar que todas las decisiones se basen en la información proporcionada de forma directa por los defensores de la tierra y el medio ambiente, tanto en contextos globales como nacionales, incluyendo la adopción y aplicación de las EPANB. 
• Garantizar que los conocimientos, la experiencia y las prácticas de los pueblos indígenas se tienen en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel mundial como nacional, incluida la adopción y aplicación de las EPANB.

Aprobar normativas para alinear los flujos financieros y acabar con la deforestación y las pérdidas naturales 

Los bosques no pueden sustituirse y los objetivos del MMB no podrán alcanzarse sin la adopción de medidas urgentes para acabar con la deforestación antes de 2030. 

La agricultura es el principal motor de la deforestación tropical y de la pérdida de biodiversidad asociada a ella. Hasta ahora, los esfuerzos para acabar con la deforestación mundial se han basado en compromisos voluntarios por parte de las mayores empresas agrícolas, comerciantes e instituciones financieras del mundo para cambiar sus prácticas. 

Estos compromisos no están dando resultado. Necesitamos una nueva regulación para detener la financiación de empresas que sabemos que están causando pérdidas naturales irreversibles y que violan los derechos humanos. Sabemos que esto se puede evitar y debemos exigir responsabilidades a las empresas cuando llegan a estos acuerdos.     

En la COP16, los líderes deben comprometerse a adoptar nuevas normativas comerciales y financieras que permitan alinear el sistema financiero con la protección de los bosques. Estas acciones deben coordinarse con otros objetivos y metas del MMB, como la financiación directa y la inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones de manera que se reconozcan sus derechos y conocimientos.

Además del MMB, los líderes deben cumplir los compromisos establecidos en la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, en la que más de 140 gobiernos acordaron detener y revertir la deforestación para 2030, incluida la alineación de los flujos financieros. En la COP28, los Estados también se comprometieron a «redoblar esfuerzos» para detener y revertir toda la deforestación mundial para esa fecha.

El establecimiento de nuevas normas es un pilar esencial de la Meta 14 del MMB, que insta a los gobiernos a incorporar la biodiversidad en todos los niveles de la toma de decisiones, incluida la alineación de los flujos financieros con los objetivos del marco. También es necesario para reforzar la Meta 15, para obligar a las empresas a evaluar, dar a conocer y reducir los impactos negativos y los riesgos para la biodiversidad de sus operaciones, en lugar de basarse en planes voluntarios. 

Todos los firmantes de la Declaración de Glasgow deben intensificar sus acciones a fin de cumplir el plazo establecido en 2025 para detener la deforestación generada por los productos básicos. La COP16 debería ser un momento clave para recordar a los países esos compromisos antes de la COP29, en la que las naciones deben cumplir sus promesas anunciando medidas concretas para alcanzarlas, además de proporcionar datos e información sobre los avances realizados hasta la fecha.   

En la COP del CDB, los gobiernos pueden adoptar medidas decisivas para ampliar la responsabilidad a través del seguimiento, la supervisión y la presentación de informes sobre las metas. Para ello, deben emprender las siguientes acciones:

• Comprometerse a promulgar una legislación nacional que ponga fin a la financiación perjudicial que contribuye a la pérdida de biodiversidad y a la deforestación a través de la adopción de marcos obligatorios de auditoría para los sectores de alto riesgo, como la agricultura, la minería y la exploración de combustibles fósiles, que incluyan el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), además de otras medidas. Estas leyes deben elaborarse en colaboración con las comunidades indígenas y locales y tener en cuenta sus necesidades, así como las fuentes de financiación públicas y privadas.
• Comprometerse a emprender acciones inmediatas para reducir el comercio de productos que conducen a la deforestación, tanto en el contexto de los consumidores como en el de los productores, incluidos los sectores de alto riesgo, los productos vinculados a la deforestación y las repercusiones sobre los derechos humanos. En concreto, el reciente retraso de 12 meses que ha propuesto la Comisión Europea para la entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre productos que no contribuyen a la deforestación (EUDR) presenta el grave riesgo de que otras jurisdicciones den marcha atrás en su ambición de lograr que sus cadenas de suministro dejen de contribuir a la deforestación. Esto se debe, en parte, a la presión de sectores industriales que afirman no estar preparados para cambiar sus operaciones. 
• Garantizar que las EPANB incluyan planes para eliminar el papel de la financiación perjudicial como motor de la deforestación mundial y de la pérdida de biodiversidad, incluidos los biomas en peligro crítico que no se ajustan a la definición de bosque, como el Cerrado, así como los vínculos con las violaciones y abusos de los derechos humanos. Los gobiernos deben adoptar objetivos ambiciosos con plazos concretos para medir y reducir el flujo de financiación perjudicial para las EPANB. 
• Garantizar la alineación de las EPANB y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN). Estos planes deben diseñarse junto con los titulares de derechos y alinearse con el MMB y la Declaración de los Líderes de Glasgow, así como con el Acuerdo de París, para reforzar los planes de mitigación y adaptación climáticas. 
• Perseguir la responsabilidad jurídica por los daños causados al medio ambiente y a las comunidades locales, así como el ecopostureo por parte de empresas e instituciones financieras que tergiversan las acciones reales que llevan a cabo para reducir el impacto de sus operaciones en las comunidades y los paisajes de las cadenas de valor. 

Promover una minería responsable que no afecte negativamente a la biodiversidad a través de una resolución relativa a los minerales, y adoptar medidas para prohibir la minería el zonas donde la biodiversidad es crucial

A medida que nos esforzamos por cumplir los objetivos climáticos mundiales, aumenta rápidamente la demanda de minerales esenciales para las tecnologías asociadas a las energías renovables. 

Estos minerales, como el litio, el cobalto y el níquel, son esenciales para las baterías, las turbinas eólicas y los paneles solares. Sin embargo, si no se adoptan medidas urgentes, los costes medioambientales y sociales de la extracción de estos materiales amenazan con socavar el objetivo mismo de la transición energética: proteger nuestro planeta y a sus habitantes. 

La minería afecta en gran medida a los bosques y a otras zonas donde la biodiversidad es crucial. Una investigación2 apunta a que hasta un tercio de los bosques del mundo pueden estar ya acusando el impacto de la minería, y que las regiones del Amazonas, la cuenca del Congo y el sudeste asiático se encuentran entre las que sufren un mayor riesgo.

En la COP16, debemos abordar de qué manera afecta la extracción de minerales de transición a la biodiversidad y a los ecosistemas para asegurarnos que la transición energética no se produzca a expensas de la naturaleza y de los sumideros de carbono, cuya importancia es vital.

Para lograrlo, la COP del CDB debe comprometerse a lo siguiente: 

• Aplicar normas mundiales estrictas para lograr prácticas mineras responsables. Las operaciones mineras deben adherirse a normas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas que den prioridad a la conservación de la biodiversidad y al respeto de los derechos humanos. Estas normas deben ser jurídicamente vinculantes y aplicables en todas las jurisdicciones, de manera que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en toda la cadena de suministro.
• Exigir el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen ser los primeros que sufren las consecuencias de los impactos negativos de la minería. Los gobiernos y las empresas deben proteger y respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, de manera que se garantice que su derecho al CLPI antes y durante la concesión de licencias, la extracción y el procesamiento de minerales se ajusta plenamente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales).
• Ampliar las áreas protegidas y las zonas donde se prohíbe la minería. Los gobiernos deben identificar y ampliar las áreas ricas en biodiversidad y de importancia cultural, y designarlas como zonas en las que no se permite la minería. Los hábitats cruciales para las especies en peligro de extinción y los ecosistemas clave que proporcionan servicios esenciales deben protegerse de las actividades de extracción de minerales, y debe aplicarse el principio de precaución para apoyar medidas de protección del medio ambiente eficaces. 
• Adoptar estrategias de economía circular para reducir la demanda de materias primas. La transición a una economía circular puede reducir significativamente la demanda de minerales recién extraídos. El reciclaje, la reutilización y la prolongación de la vida útil de los materiales existentes pueden reducir la presión sobre las zonas donde la biodiversidad es crucial. Se necesitan marcos normativos sólidos que promuevan el diseño de productos duraderos y reciclables que permitan reducir la dependencia de la extracción de minerales vírgenes.
• Dar prioridad a las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) locales y regionales. Las EIA deben ser obligatorias y ejecutables para todos los proyectos mineros, además de garantizar que se tengan en cuenta los impactos a largo plazo en la biodiversidad y los ecosistemas. Estas evaluaciones deben realizarse de forma independiente y contar con la participación de las comunidades locales y expertos en medio ambiente. Cualquier proyecto con riesgos inaceptables para la biodiversidad debe rechazarse o someterse a estrategias de mitigación que protejan adecuadamente los ecosistemas.
• Promover la innovación y la transición hacia tecnologías mineras de bajo impacto. Los gobiernos y las industrias deben invertir en la investigación y el desarrollo de tecnologías mineras que minimicen la degradación del medio ambiente. Esto conlleva, entre otros, la reducción del uso de agua, la prevención de la destrucción de hábitats y la mitigación de la contaminación por residuos y desechos. Para ello, es clave incentivar a las empresas para que adopten estas y otras tecnologías que permitan compartir la propiedad intelectual para así reducir los impactos negativos de la minería en la naturaleza.
• Reforzar la cooperación mundial en materia de biodiversidad y gobernanza minera. El panel de la Secretaría General de la ONU sobre minerales críticos para la transición energética deja clara la necesidad de proteger la biodiversidad conforme a la Declaración de Río.  La integridad del planeta, el medio ambiente y la biodiversidad deben salvaguardarse mediante la cooperación multilateral.