Los gobiernos y las empresas deben ponerse del lado de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente ahora, para ayudar a construir un futuro más resiliente y justo para nosotros y nuestro planeta

De hecho, hacerlo está en su mejor interés. Se ha reconocido ampliamente que la deforestación y la pérdida de vida silvestre son factores clave que contribuyen con el aumento de enfermedades infecciosas. Con el fin de evitar una futura pandemia, las personas tomadoras de decisiones deberán escuchar a las y los ambientalistas, líderes indígenas y activistas comunitarios que protegen la naturaleza. Los activistas en la primera línea también pueden ser una voz clave en abordar las desigualdades que han exacerbado el impacto del virus, y en proponer formas más sostenibles de hacer negocios en el futuro. Pero solo si están lo suficientemente seguros para poder hacerlo.

Amenazas aumentan

Tal como en el caso de otras personas defensoras de derechos humanos, las amenazas y los ataques contra activistas ambientales no han disminuido en este período de crisis del COVID-19. De hecho, parecen haber aumentado. Desde Colombia hasta Niger, pasando por Indonesia, Filipinas y más allá, Global Witness y sus aliados han recibido informes creíbles de:

• Personas defensoras confinadas en un lugar conocido, posteriormente atacadas, y a veces incluso asesinadas, por grupos armados estatales y no estatales.
• Suspensión de audiencias judiciales y realizadas a puerta cerrada, dejando a las personas defensoras criminalizadas encerradas por largos períodos de tiempo, con recursos legales limitados.
• Limitaciones draconianas impuestas a la libertad de expresión, incluyendo medidas de censura, que posteriormente se han aplicado para arrestar a quienes defienden sus derechos territoriales o medioambientales.
• Gobiernos invocando al COVID-19 como una razón para prohibir las protestas, incluso en países sin presencia registrada del virus, o donde los manifestantes respetan las reglas de distanciamiento social.
• Aumento de la vigilancia e intimidación de las personas defensoras, bajo la excusa de los poderes de excepción por la emergencia.

Los pueblos indígenas están en la primera línea de la batalla para evitar el colapso climático. Sin embargo, también son desproporcionadamente vulnerables frente al COVID-19: los gobiernos descuidan sus necesidades de atención médica, y los mineros y madereros ilegales ingresan a sus territorios sin precaución, cargando consigo la amenaza de la enfermedad.

La mayoría de las ONG y muchos movimientos sociales están desarrollando sus actividades de forma virtual durante el confinamiento, por lo que hay una gran preocupación en torno a la seguridad digital, así como al bienestar psicológico. Muchas personas defensoras de base se ven obligadas, a regañadientes, a priorizar la lucha diaria de sus familias por sobrevivir. Al estar en juego sus trabajos y medios de subsistencia, su capacidad de manifestarse y organizarse se ve debilitada.

Sin excepción, a las personas defensoras les preocupa que se abuse de los amplios poderes excepcionales implementados para contener y enfrentar el virus letal, para reprimir el activismo, reducir las libertades cívicas y atacar a quienes defienden sus derechos. Las medidas de respuesta ante el COVID-19 ya se están aplicando de manera diferencial a las y los activistas: a medida que los gobiernos liberan prisioneros para reducir la propagación de la pandemia en las cárceles, las personas defensoras detenidas a menudo permanecen encarceladas.

Las personas activistas en riesgo no siempre reciben el apoyo que deberían. Los gobiernos, los diplomáticos, los donantes y las empresas responsables deben ser creativas y mostrar su compromiso por encontrar formas de vincularse, apoyar y proteger a las y los defensores amenazados, sin propagar el virus.

Continúan los negocios y el miedo al futuro

Mientras las y los activistas luchan con estas nuevas restricciones, algunas empresas han aprovechado la relativa falta de control cívico para seguir adelante con operaciones controversiales, hacer lobby para que se flexibilicen las regulaciones y puedan hacer aplicaciones por vía rápida. Esto solo fortalecerá las causas estructurales ya existentes de los riesgos que enfrentan las personas defensoras. Los gobiernos no deben defender el oportunismo en un momento de crisis internacional, y deben comprometerse a construir un estímulo económico posterior al COVID-19 sobre una base sólida de derechos humanos y protecciones ambientales.

Una respuesta sostenible, resiliente y justa a la pandemia será aquella en la que se defiendan los derechos y se escuche a quienes los defienden. Sin embargo, hay señales de que algunos actores podrían tomar el rumbo opuesto. En Estados Unidos, el gobierno federal ha revertido la aplicación de las leyes ambientales al tiempo que algunos estados han criminalizado simultáneamente la protesta ambiental.

La sociedad civil deberá estar vigilante

La sociedad civil responde, pero ¿lo harán los gobiernos y las empresas?

De forma inspiradora, incluso bajo la presión y las crecientes restricciones, las organizaciones de derechos humanos y medioambientales de todo el mundo se están uniendo para encontrar respuestas creativas y documentar la situación. Global Witness es parte de un esfuerzo de Defending Land and Environmental Defenders Coalition para monitorear de forma sistemática los incidentes relacionados con el COVID-19 e identificar tendencias. Las ONG están registrando las amenazas a las libertades civiles y el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas, así como las respuestas a la crisis por parte de las empresas y de las Naciones Unidas.

El derecho a la salud y los derechos laborales corren un gran riesgo cuando las y los activistas, producto de las amenazas que enfrentan, no pueden garantizar un control adecuado. Ademas, si una vez que esta crisis termine, queremos construir un planeta más resiliente y justo, es crucial que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente cuenten con mayor protección. Estas personas están en la primera línea de la lucha contra el colapso climático y son la clave para una recuperación económica ecológica en todo el mundo: deteniendo el daño al medio ambiente que nos protege de enfermedades infecciosas y haciendo frente a negocios irresponsables que se aprovechan de sus ganancias a toda costa.

A largo plazo, es crucial que consideremos cómo las empresas responsables pueden operar de tal manera que posicionen a las comunidades y las personas defensoras locales en el centro de la toma de decisiones, en lugar de ponerlas en riesgo. Global Witness publicó recientemente una guía sobre cómo las empresas y los inversores pueden hacer esto.

A corto plazo, los gobiernos y las empresas deberían:

• Utilizar las comunicaciones públicas y privadas para enfatizar que el papel de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente continúa siendo de gran importancia y que no se tolerarán represalias contra ellas.
• Dedicar recursos a identificar los riesgos de represalias relacionadas con inversiones, operaciones y cadenas de suministro; y tomar acciones para prevenir y mitigar los riesgos identificados, y para apoyar a los y las defensoras de la tierra y el medio ambiente a nivel mundial.
• Utilizar canales seguros para garantizar que la información sobre el impacto ambiental o en los derechos humanos de potenciales proyectos empresariales llegue a los afectados, brindándoles la oportunidad de participar en la toma de decisiones de manera segura.
• Comprometerse a poner los derechos a la tierra y al medio ambiente, y a quienes los protegen, en el centro de cualquier respuesta frente el COVID-19.