Global Witness celebra la ratificación en Colombia de un acuerdo clave para la protección de las personas defensoras de la tierra y el ambiente, tras 322 asesinatos en la última década

Dichos asesinatos constituyen la punta del iceberg: las personas defensoras también enfrentan innumerables ataques no letales, tales como amenazas, desplazamientos forzados, seguimiento y criminalización.

La ratificación del Acuerdo de Escazú es esencial, pues supone un paso importante a la hora de asegurar que las personas defensoras gocen de una mejor protección, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia se enfrenta a serios e irreversibles impactos derivados de la crisis climática.

Una vez ratificado e implementado, el Acuerdo de Escazú permitirá un mayor respeto y protección a las personas defensoras de América Latina y el Caribe. Se trata del primer acuerdo sobre derechos humanos y ambiente de la región, y el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que exhorta a una mejor protección para las personas defensoras. Más aún, el Acuerdo requiere que los gobiernos prevengan e investiguen los ataques contra las personas defensoras.

Nuestro informe anual más reciente, Una Década de Resistencia, saca a la luz la devastadora pérdida de vidas de personas defensoras a nivel global. 1.733 personas han sido asesinadas desde 2012 por su labor de defensa, una cifra escalofriante que se traduce en una persona asesinada cada dos días a lo largo de la década.

Shruti Suresh, Directora de Campañas de Global Witness, afirma:

“La decisión del Congreso colombiano de ratificar el Acuerdo de Escazú es un balón de oxígeno esencial para las personas defensoras que enfrentan infinidad de ataques en Colombia y que están poniendo en riesgo sus vidas por tratar de defender la tierra y el ambiente.

“Sabemos que la impunidad y la falta de rendición de cuentas ha perpetuado la violencia contra las personas defensoras en Colombia. Por ello, la ratificación del Acuerdo de Escazú resulta más necesaria que nunca, pues contribuirá a que no haya que lamentar la pérdida de más vidas y empoderará a quienes están defendiendo nuestro planeta. Colombia se encuentra en una encrucijada, y resulta crítico que el gobierno colombiano trabaje muy de cerca con organizaciones de sociedad civil y otros actores clave para implementar el Acuerdo y garantizar un ambiente seguro para las personas defensoras.

“Exhortamos a los países que todavía no han ratificado el Acuerdo de Escazú, en particular Brasil, que es el país más letal del mundo para personas defensoras, a seguir el ejemplo de Colombia. Además, los países que ya han ratificado el Acuerdo, como México, donde existe una escalada de violencia contra las personas defensoras, deben fortalecer la implementación del Acuerdo para lograr una protección más efectiva”.

Global Witness hace un llamamiento a las empresas y a los gobiernos para que asuman su responsabilidad ante la violencia que sufren las personas defensoras del ambiente y el territorio. Estas personas están en primera línea de la crisis climática. Es necesario que se tomen acciones urgentes a nivel regional, nacional e internacional para acabar con la violencia que enfrentan.