Veolia, el gigante francés de la gestión de residuos y aguas, está poniendo en grave peligro la salud pública e incluso posiblemente causando malformaciones congénitas al arrojar toxinas de un gran vertedero, o relleno sanitario, en humedales protegidos de Colombia.
Global Witness obtuvo una serie de videos grabados en secreto en una propiedad gestionada por Veolia que muestran a empleados de la empresa utilizando bombas eléctricas para verter contaminantes líquidos tóxicos, conocidos como lixiviados.
A continuación, en septiembre de 2024, la ONG encargó un análisis de muestras de sedimentos tomadas en varios puntos aguas abajo del vertedero, que mostraron una alta concentración de metales pesados, incluido mercurio en una cantidad 25 veces superior al que se considera el límite de seguridad.
Parque Tecnológico Ambiental San Silvestre: La piscina de lixiviados y la planta de tratamiento de los videos obtenidos por Global Witness pueden verse en la parte superior izquierda de las instalaciones. Leonardo Granados / San Silvestre Green
La exposición al mercurio lleva asociada unaserie de graves complicaciones para la salud, en particular para las mujeres embarazadas y para el desarrollo cerebral infantil.
Con anterioridad a ello, la población local había alertado ya sobre malformaciones y enfermedades en recién nacidos y niños pequeños, que se creía que estaban relacionadas con el vertedero.
Veolia rechazó que la contaminación por mercurio detectada en los análisis pudiera deberse a sus actividades y aportó datos de control internos que mostraban la ausencia de este metal pesado. La empresa negó también que la investigación de Global Witness demostrara una relación de «causalidad» entre el contenido videográfico y los resultados de los análisis de sedimentos.
Sin embargo, el análisis encargado por Global Witness a especialistas en la materia —que determinaron que los videos mostraban «una atroz y descarada mala praxis»— concluyó que las pruebas aportadas por Veolia eran insuficientes para descartar el vertedero como origen de la contaminación.
Alta toxicidad
Veolia, que presume de ser la «empresa de referencia de la transformación ecológica», heredó el vertedero en 2019 tras adquirir la anterior empresa propietaria, Rediba. Esta también fue acusada de verter toxinas desde la misma planta, cuando un grupo ecologista documentó la muerte masiva de peces y otra fauna salvaje.
Buitre negro observando el cadáver de un caimán que flota en el caño San Silvestre, un arroyo que conecta ciénagas en el humedal San Silvestre. Toby Hill / Global Witness
Un pediatra local, el doctor Yesid Blanco, denunció un aumento de las malformaciones congénitas en su clínica, como bebés que nacían sin cerebro o una rara enfermedad de la piel conocida como síndrome de Job, que puede causar graves infecciones cutáneas y cicatrices.
Los humedales situados aguas abajo del vertedero abastecen de agua potable a 200.000 habitantes de la cercana ciudad de Barrancabermeja, donde tenía su consulta el doctor Blanco.
Tras sus alegaciones, Blanco y una serie de activistas ambientales tuvieron que huir tras recibir amenazas de muerte de grupos paramilitares. Aunque es cierto que todo esto ocurrió antes de que Veolia empezara a gestionar la planta, cabe mencionar que el problemático pasado de Colombia ha convertido Barrancabermeja en uno de los lugares más peligrosos del mundo para denunciar peligros ambientales.
«Defender el derecho a un ambiente sano no debería ser un acto de valentía, sino un compromiso inquebrantable de todas las sociedades que buscan justicia y dignidad para sus comunidades», dijo Dr Blanco a Global Witness desde su exilio.
Paediatrician Dr Yesid Blanco, que denunció un aumento de las malformaciones congénitas en su clínica. Bridgette Cyr / Global Witness
Cuando Global Witness se puso en contacto con Veolia sobre esta controversia en 2023, la empresa desestimó las preocupaciones de Blanco por considerar que estaban «respaldadas únicamente por sus propias declaraciones en los medios de comunicación».
Veolia afirmó que, tras hacerse cargo de la planta, se había «reforzado y modernizado el proceso de tratamiento para adecuar las instalaciones a las normas ambientales más estrictas» y añadió que «todos los lixiviados se tratan en las instalaciones de la planta con tecnología de ósmosis inversa».
Pruebas obtenidas recientemente contradicen por completo esta afirmación.
Los videos, que Global Witness tiene entendido que se grabaron entre agosto y septiembre de 2023, fueron facilitados a una ONG local llamada San Silvestre Green.
Global Witness, junto con esta ONG, sobrevoló con un dron las instalaciones de Veolia y verificó el lugar en el que se habían hecho las filmaciones. También encargó una comprobación de las imágenes a Source International, un grupo independiente de especialistas en las repercusiones que tiene la contaminación industrial en la salud pública. Su director, Flaviano Bianchini, calificó las grabaciones de «prueba clara de una atroz y descarada mala praxis».
Las grabaciones muestran el vertido de lixiviados sin tratar desde una piscina de contención a los humedales situados más allá de las instalaciones de Veolia. En un video se ve claramente que la planta de tratamiento de la propiedad no está en funcionamiento mientras tienen lugar los vertidos. Los lixiviados deben tratarse y descontaminarse in situ.
Un video grabado en secreto en la que se ve que la planta de tratamiento del vertedero no está en funcionamiento mientras se vierten los lixiviados
Los lixiviados son un contaminante líquido resultante de un proceso de percolación del agua de lluvia a través de residuos. Según un estudio científico, pueden ser «extremadamente tóxicos para el medioambiente» y traer consigo consecuencias como «la eutrofización de los sistemas acuáticos y efectos tóxicos en la fauna».
En otros dos videos, se utilizan bombas (una grande motorizada y una sumergible más silenciosa) para extraer lixiviados sin tratar de la piscina y verterlos en un canal que bordea el oeste del relleno. Los análisis realizados in situ demuestran que los lixiviados fluyen por el canal hasta los juncos y el agua de los humedales situados al norte de la propiedad de Veolia.
Un video grabado en secreto en la que se ve el uso de una gran motobomba para verter lixiviados en los humedales situados más allá de la propiedad de Veolia
En un cuarto video, se ve a un trabajador con uniforme de la empresa francesa ajustando la bomba mientras tiene lugar el mismo proceso.
Una persona que conoce de primera mano el funcionamiento de las instalaciones y pidió que no se revelara su identidad confirmó a Global Witness que los videos muestran una práctica habitual en la planta. Según esta fuente, el personal supervisor ordena realizarla a lo largo de todo el año, pero con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias, cuando puede llegar a realizarse varias veces por semana.
Veolia no cuestionó la ubicación del vertido de lixiviados. Lo que sí puso en entredicho fue que la topografía de la zona posibilitara la contaminación de los cursos de agua o humedales, una postura que contradicen rotundamente las pruebas presentadas en anteriores acciones judiciales en materia de medioambiente.
La empresa declaró a Global Witness: «Queremos dejar absolutamente claro que la dirección nunca ha autorizado u ordenado a nadie la realización de las prácticas que supuestamente se muestran en el material de video facilitado».
Asimismo, añadió que había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía local y pasó a especificar las «medidas extraordinarias» que se habían adoptado «para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en las instalaciones».
Entre dichas medidas figuraban «verificaciones internas periódicas más exigentes que los requisitos reglamentarios», la aplicación de medidas adicionales de seguridad y formación, y la solicitud de inspecciones adicionales por parte de la autoridad ambiental.
Según Veolia, las muestras procesadas por laboratorios certificados a nivel nacional siempre han indicado niveles de metales pesados dentro de los límites máximos permitidos y, en lo que respecta al vertedero, no hay ninguna sanción pendiente por daños ocasionados al medioambiente.
Interconexión de humedales
Según explicaron a Global Witness especialistas ambientales, la interconexión característica de la hidrografía de la zona conlleva que, cuando los lixiviados sin tratar de Veolia salen del vertedero, existe una alta probabilidad de que contaminen una superficie extensa.
«Los lixiviados desembocan en una corriente llamada caño Moncholo, que desemboca en otra llamada quebrada El Zarzal», declaró Leonardo Granados, director de San Silvestre Green, la corporación que ha librado una larga batalla legal contra el vertedero.
Posteriormente, El Zarzal desemboca en la ciénaga San Silvestre, de agua dulce, que se sitúa al norte de Barrancabermeja y abastece de agua potable a 300.000 personas.
«Por lo tanto, los lixiviados contaminan toda esa línea hidrográfica, no solo San Silvestre, sino también todos los afluentes anteriores»
Pescador en la orilla de la Ciénaga San Silvestre. Toby Hill / Global Witness
Además del mercurio, entre los metales pesados presentes en altas concentraciones en las muestras analizadas por Global Witness se encuentran el cromo —asociado al cáncer y a daños hepáticos y renales—, el plomo —relacionado con daños neurológicos y cerebrales— y el manganeso —que puede afectar a los pulmones.
«Estos son algunos de los metales pesados más peligrosos —afirmó Flaviano Bianchini—. El mercurio se acumula fácilmente en plantas, animales y peces, y puede ser muy tóxico para la gente que los consuma. Aparece en cantidades abundantes en algunas de las muestras, lo que es un motivo indudable de preocupación, en particular durante el embarazo».
Colombia es signataria del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cuyo objetivo es reducir y eliminar la contaminación por mercurio a escala mundial. El Gobierno del Reino Unido, otro de los signatarios, señala su «especial preocupación» por los «efectos nocivos del mercurio en fetos y lactantes».
Mientras que Colombia no dispone de un marco jurídico que regule el límite permisible de contaminantes en los sedimentos, el Canadá cuenta con una serie clara de directrices científicas para determinar los riesgos.
Se conocen como directrices sobre la calidad de los sedimentos para la protección de la vida acuática, y establecen las concentraciones exactas a las que la contaminación por mercurio supone una amenaza para la vida en agua dulce.
Según estas directrices, si las concentraciones de mercurio son inferiores a 0,17 mg/kg, «rara vez» se asocian a efectos adversos. En cambio, si son superiores a 0,486 mg/kg, están «frecuentemente asociadas a efectos biológicos adversos».
Leonardo Granados, de San Silvestre Green, investiga la contaminación cerca del relleno de Veolia. San Silvestre Green / Global Witness
La muestra de sedimentos tomada más cerca del relleno sanitario de Veolia contenía 4,25 mg/kg de mercurio, esto es, una cantidad 25 veces mayor a la concentración considerada de seguridad garantizada en el Canadá, y casi nueve veces superior al nivel a partir del cual «frecuentemente» lleva asociados efectos perjudiciales.
Las cuatro muestras encargadas por Global Witness como mínimo duplicaban el límite superior del «efecto probable», lo que indica una alta probabilidad de que la contaminación por mercurio esté afectando al medioambiente en los alrededores del vertedero.
Origen incierto
Veolia negó que el vertido de lixiviados que se ve en los videos pudiera ser el origen de la contaminación por metales pesados hallada en los análisis de sedimentos de Global Witness.
Para corroborarlo, aportaron los resultados de pruebas de su propio control de la planta, que abarcaban «aguas superficiales, aguas subterráneas, suelo y lixiviados en distintas fases del proceso».
En estas pruebas, realizadas dos veces al año «por un laboratorio independiente y acreditado de Colombia», no se detectó presencia de mercurio y solo niveles bajos (pero apreciables) de cromo, plomo y manganeso.
Según comentó la empresa, «la proximidad no implica causa, ya que la zona en cuestión ha estado sometida durante años a la intervención de diferentes tipos de industrias y actividades antrópicas».
Sus representantes afirmaron que Global Witness no se había propuesto estudiar todas las posibles causas de la contaminación en la zona que se analizaba y que la investigación estaba condicionada por suposiciones y especulaciones. También aseguraron que no existían datos anteriores que mostraran los niveles de contaminación por metales pesados en las ubicaciones exactas donde se habían tomado las muestras.
Caimán muerto flotando panza arriba en el caño San Silvestre, que conecta la ciénaga San Silvestre con la ciénaga El Llanito. Toby Hill / Global Witness
Global Witness presentó a Flaviano Bianchini, de Source International, las opiniones y las pruebas aportadas por Veolia, a fin de consultarle si contradecían de algún modo las grabaciones y los datos obtenidos en los análisis de la ONG, y si le hacían cambiar de opinión sobre el material que se le había mostrado en un principio.
Bianchini refutó la afirmación de Veolia de que sus resultados demostraban que el vertedero no podía ser el origen de la contaminación por metales pesados hallada en las muestras.
«El mercurio es muy volátil […] y difícil de detectar en el agua —explicó Bianchini—. Normalmente se encuentra en los sedimentos o en la biota (las plantas y peces)».
Los seis puntos de muestreo del suelo utilizados por Veolia estaban situados en el lado de las instalaciones más alejado del vertido de lixiviados y separados de este por una colina.
El experto recalcó, además, que el suelo no es lo mismo que el sedimento, a que este se deposita por efecto del flujo del agua.
Por consiguiente, no existe ninguna conexión hidrológica posible entre los puntos de muestreo del suelo de Veolia y la ubicación del vertido de lixiviados.
Las ubicaciones de las muestras de Global Witness se eligieron expresamente para detectar cualquier contaminación que pudiera haber sido causada por el vertido de lixiviados que atestiguan los videos.
Los lixiviados pasan al medioambiente por una pendiente que desciende hasta una zona de humedales situada más allá del vertedero.
Posteriormente, el caño Moncholo —el afluente indirecto de la ciénaga San Silvestre al que hizo referencia Leonardo Granados— transcurre desde este humedal pasando por el oeste del vertedero.
Las muestras de sedimentos de Global Witness se tomaron en cuatro puntos de la corriente descendente del caño Moncholo.
Por último, Bianchini afirmó que los resultados de las pruebas de lixiviados aportados por Veolia carecían de la frecuencia necesaria para determinar si los lixiviados de la planta eran responsables de la contaminación por metales pesados hallada junto a esta: «Solo se incluyen datos de control con intervalos de seis meses y eso es mucho tiempo entre prueba y prueba. Para mí, lo normal sería una prueba de control a la semana o, como mínimo, dos al mes».
«Al analizar únicamente el agua, básicamente solo están proporcionando una instantánea de dos días al año —añadió Bianchini—. No hay forma de saber qué ha ocurrido en el intervalo de seis meses […]. Con solo dos análisis al año, una empresa puede sortear fácilmente la contaminación, por ejemplo, interrumpiendo sus actividades durante dos días al año».
Este experto declaró que, aun teniendo en cuenta las pruebas aportadas por Veolia, seguía considerando el vertedero como el origen más probable de la contaminación por mercurio hallada por Global Witness.
Con esto no se insinúa que Veolia haya tratado de distorsionar o socavar cualquier dato analítico del que esté obligada a informar a efectos del monitoreo ambiental colombiano.
Buitres y ratas
Una comunidad vecina del vertedero ha sufrido sus efectos durante casi 10 años. Himelda Arias, de 68 años, llevaba 30 viviendo en el pueblo de Patio Bonito cuando las instalaciones comenzaron a operar a apenas 500 metros de su puerta.
«El olor era tan apestoso que daban ganas de cavar un hoyo y meterse bajo tierra —declaró a Global Witness en su casa, situada en una pequeña colina con vistas al relleno—. Después, mató a todos los peces y contaminó nuestra agua».
Las personas residentes en Patio Bonito mantuvieron una lucha encarnizada para exigir el cierre del vertedero. Con el apoyo de Leonardo Granados, obtuvieron una importante victoria en la Corte Constitucional de Colombia, la cual dictaminó que el propietario original, Rediba, había violado «los derechos a la salud, al ambiente sano y a la salubridad pública» de la población residente.
Himelda Arias en su casa de Patio Bonito, junto al vertedero. Toby Hill / Global Witness
La sentencia ordenaba a Rediba mejorar su gestión de la planta. Sin embargo, no exigía el cierre del vertedero. Ya sin esperanzas, un gran número de residentes abandonaron el pueblo. Una de esas personas fue la antigua líder comunitaria Graciela Rojas, que había recibido amenazas de muerte por su activismo contra el relleno.
«Igual que hay personas desplazadas por la violencia, también las hay por la contaminación; eso es lo que me pasó a mí»
A pesar de que Veolia lleva cinco años gestionando la planta, no ha puesto en práctica varias de las disposiciones de la sentencia de la Corte Constitucional.
Quienes se quedaron en Patio Bonito siguen dependiendo del reparto quincenal de agua potable en camiones cisterna municipales, ya que la empresa no ha ofrecido ninguna solución alternativa.
No pueden pescar en los humedales de la zona, como llevaban haciendo desde hace décadas. Y siguen sufriendo los malos olores, las plagas y las repercusiones sanitarias que conlleva vivir al lado del vertedero.
«Hay ratas por un lado, moscas y cucarachas por otro y buitres en los árboles —comentó Arias a Global Witness—. La gente sigue poniéndose enferma, con resfriados, dolores o irritación de garganta. ¡Ojalá acabara todo esto! ¡Ojalá desapareciera!», suspiró mientras apilaba tamales recién hechos sobre una mesa de madera en el porche de su casa.
Veolia comunicó a Global Witness que había «establecido una relación laboral adecuada y una buena comunicación con la comunidad de Patio Bonito» y añadió que cinco miembros de su plantilla viven en el pueblo.
Ecosistemas en peligro
Además de poner en peligro la salud pública, con el tiempo la contaminación también ha afectado a los ecosistemas circundantes, como la ciénaga San Silvestre, una importante fuente de pescado y agua potable para la población de Barrancabermeja.
Salpicada de islas verdes y rodeada de exuberante vegetación, San Silvestre goza de una gran riqueza de flora y fauna tropicales. Garcetas y garzas reales sobrevuelan su brillante superficie; manatíes y caimanes atraviesan sus profundidades, y monos aulladores y capuchinos saltan entre los árboles que pueblan su orilla.
Una garza en la orilla de la Ciénaga San Silvestre. Toby Hill / Global Witness
Un laberinto de arroyos y pantanos conectan esta ciénaga con los otros lagos y cursos de agua que forman estos humedales, parte a su vez del Corredor del Jaguar, una red internacional de zonas protegidas que une las poblaciones de grandes felinos de Centroamérica con las de la Amazonía.
Durante generaciones, pescadores y pescadoras se han ganado la vida gracias a estas aguas bañadas por el sol, donde viven especies que protagonizan casi todos los menús de Barrancabermeja: la mojarra, el bagre, el blanquillo y, el más tradicional: el bocachico, un pez apreciado por su carne grasa y sabrosa.
En los últimos años, sin embargo, los frutos de esta pesca han disminuido considerablemente.
«Se ven menos ejemplares de las especies que solían abundar aquí —afirmó Wilson Díaz, representante del gremio pesquero de Barrancabermeja y Magdalena Medio—. Antes salíamos a pescar y podíamos ganar 100.000 pesos de promedio al día; a veces 200.000 o 300.000. Ahora no es así. Te pones a pescar y, si ganas 20.000 pesos, ya es mucho».
Red de pesca colgada a secar en la orilla de la ciénaga El Llanito. Toby Hill / Global Witness
Varias personas que se dedican a la pesca en la cercana ciénaga El Llanito, que conecta directamente con San Silvestre por un ancho arroyo, explicaron a Global Witness que había zonas en las que ya no podían pescar debido a la contaminación. A veces, capturaban peces que desprendían un fuerte olor a podrido o a productos químicos y tenían que arrojarlos de nuevo al agua.
«Como ahora es más difícil vender lo que pescamos, ganamos menos; a veces, nada», aseguró Samuel Arengo, vicepresidente de la Asociación de Pescadores y Agricultores del Llanito (APALL).
No obstante, el relleno sanitario no es el único origen de la contaminación de los humedales. Barrancabermeja se encuentra en el centro mismo de la industria petrolera colombiana. Las llamaradas y las chimeneas de una gigantesca refinería dominan el horizonte occidental de la ciudad, operada por la principal empresa de petróleo de Colombia, Ecopetrol. Durante décadas, la contaminación industrial ha afectado a los humedales que la rodean.
Pero la situación empeoró con la llegada del vertedero, según explicó Díaz:
«Actualmente en el fondo del lago se ven gusanos largos nadando en el agua y, a veces, los encontramos en los peces. Antes de que abrieran el relleno, no se veía nada así».
Ni Global Witness ni las ONG locales disponen aún de datos que relacionen el deterioro de San Silvestre con la planta de Veolia, pero el testimonio de múltiples personas de la zona sugiere una posible correlación. Casi 30 años de datos filtrados sobre Ecopetrol, que salieron a la luz en una investigación reciente de la BBC, no mostraban contaminación alguna por petróleo cerca del vertedero; los efectos se concentraban a más de 15 km aguas abajo de la propiedad de Veolia.
Wilson Díaz explicó que la contaminación de la Ciénaga San Silvestre había perjudicado al medio de subsistencia del gremio pesquero local. Toby Hill / Global Witness
Como muchas de las personas entrevistadas para este informe, Díaz ha recibido amenazas por manifestar su preocupación por la contaminación.
Cabe recordar que, según un análisis de Global Witness, Colombia es el lugar más peligroso del mundo para defender el medioambiente: en 2023 murieron asesinadas allí 79 personas defensoras de la tierra y el medioambiente, lo que supone el 40 % de todos los casos documentados en el mundo.
Un estudio realizado en 2022 por la Jurisdicción Especial para la Paz —un mecanismo de justicia transicional en Colombia— concluyó que Santander, el departamento al que pertenecen Barrancabermeja y San Silvestre, es la región más peligrosa de Colombia para las personas que trabajan en defensa del medioambiente.
Global Witness habló con activistas sanitarios, ambientales, de las comunidades y de derechos humanos que habían recibido amenazas tras plantear su preocupación por el vertedero cuando era propiedad de Rediba.
El doctor Blanco vive ahora en el exilio tras aparecer mencionado en un panfleto publicado por un grupo paramilitar, mientras que Leonardo Granados viaja siempre con escolta.
Las amenazas proceden de «grupos armados que han mantenido una relación histórica con el sector empresarial de la región», explicó Iván Madero, director de CREDHOS, una corporación defensora de los derechos humanos con sede en Barrancabermeja.
Si bien no hay indicios de que Veolia contribuya a respaldar la violencia paramilitar en Colombia, Madero sostiene quien ostente la propiedad del relleno o la refinería se beneficia de esas amenazas:
«Cuando personas líderes se ven obligadas a desplazarse a causa de las amenazas, se las silencia, y las investigaciones que exigían quedan paralizadas».
Refinería de petróleo de Ecopetrol en la ciudad de Barrancabermeja. Toby Hill / Global Witness
Veolia aseguró a Global Witness que «[condena] rotundamente el uso de la violencia para amenazar a dirigentes de la comunidad». Asimismo, rechazó «la absurda afirmación de que [se beneficia] en modo alguno de la violencia paramilitar en Colombia».
Las autoridades colombianas deben poner fin a la impunidad que rodea al vertedero e investigar mejor las recientes alegaciones de contaminación. Asimismo, en última instancia deben garantizar el cierre del vertedero y su traslado a un lugar donde no corra el riesgo de contaminar la zona de los humedales ni el agua potable de la ciudad.
La propia Veolia debería apoyar los esfuerzos para exigir responsabilidades a su personal por autorizar los vertidos de lixiviados que parecen mostrar los videos. Además, debería utilizar su riqueza y experiencia para lograr que este perjudicial vertedero se cierre definitivamente y se encuentre una solución sostenible para los residuos de Barrancabermeja.
Papel de la Unión Europea
Si bien las responsabilidades legales de Veolia en Colombia continúan totalmente intactas, este caso pone de relieve la urgente necesidad de una legislación internacional obligatoria en virtud de la cual se responsabilice a las empresas de prevenir y combatir las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales.
Con ese fin se formuló la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad de la Unión Europea (UE). Si bien esta directiva entró en vigor oficialmente el año pasado, la Comisión Europea la ha revisado recientemente y ha introducido modificaciones de gran alcance tanto en esta como en otra legislación en materia de sostenibilidad.
Si estas enmiendas se aprueban tal y como se proponen, debilitarían significativamente la directiva al disminuir su repercusión y reducir las obligaciones de abordar los derechos humanos y los riesgos ambientales en las cadenas de valor de las empresas.
Según explica Claire Bright, profesora titular de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad NOVA, la directiva original que se adoptó en 2024 «establece que las empresas deben llevar a cabo una diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente, lo que conlleva que las empresas deben implantar procesos que les permitan detectar y evaluar periódicamente los riesgos que plantean para los derechos humanos y el medioambiente tanto sus operaciones como las de sus socios comerciales».
Nicolas Bueno, profesor de Derecho Internacional y Europeo de UniDistance Suisse, añade que «en virtud de la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, el respeto de los derechos humanos incluye evitar que se cause una degradación del medioambiente —como cambios perjudiciales del suelo, contaminación del agua, emisiones nocivas, consumo excesivo de agua o degradación de esta—de forma que se violen los derechos humanos a la salud y a un nivel de vida adecuado.
Y, si las empresas incumplen sus obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en sus operaciones y en toda su cadena de valor, podrían ser consideradas responsables y obligadas a indemnizar a las personas afectadas por los daños causados».
Las enmiendas propuestas debilitarían los derechos de las víctimas a reclamar justicia en virtud de esta directiva. Si se aprueban, las decisiones sobre si las víctimas pueden llevar a las empresas ante los tribunales europeos quedarían a discreción de cada Estado miembro.
De este modo se pone en peligro la permanencia de un principio clave de la directiva original, el que permite a las víctimas demandar a las empresas en virtud de la legislación de la Unión Europea, en lugar de la legislación del país donde se produjo el daño, que es precisamente donde las empresas poderosas pueden aprovecharse de la fragilidad de las instituciones para eludir la rendición de cuentas.
Si la propuesta de la Comisión Europea sigue adelante en su estado actual, las víctimas dispondrán de medios escasos o nulos para ejercer sus derechos ante los tribunales europeos.
Por este motivo, Global Witness exhorta a los eurodiputados y a los Estados miembros de la UE a que se opongan al debilitamiento de la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y la restablezcan tal y como se adoptó en 2024.
Esta es una traducción al español del informe Poisoned Ground publicado originalmente en inglés en marzo de 2025. En caso de discrepancia o falta de claridad, consulte la versión original en inglés.
