Los ataques a las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el Caribe a menudo se han visto eclipsados por los peligros a los que se enfrentan las personas defensoras en América Latina, pero proteger sus derechos es igual de crucial para preservar el medioambiente
En todo el mundo, las personas que alzan la voz para proteger su medioambiente y sus comunidades se enfrentan a riesgos cada vez mayores.
Las personas defensoras de la tierra y el medioambiente están en primera línea de la lucha, protegiendo nuestro planeta de la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de poderosos intereses, los mismos recursos que son esenciales para la vida de las comunidades y personas defensoras y que son fundamentales para abordar el cambio climático.
A menudo, la resistencia de las personas defensoras se hace a costa de su libertad, su seguridad e incluso su vida. El Caribe no es una excepción.
En 2023, Global Witness documentó el asesinato de 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en todo el mundo, el 85% de ellas en América Latina, lo que la convierte en la región más peligrosa para las personas defensoras.
Sin embargo, aunque la atención se haya centrado en América Latina continental, las personas defensoras del Caribe se enfrentan a sus propias amenazas, a menudo con menos visibilidad.
Un foro celebrado recientemente en San Cristóbal y Nieves puso lo anterior de manifiesto. Se trata del primer evento oficial del Acuerdo de Escazú en una isla del Caribe con motivo del Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un tratado histórico para América Latina y el Caribe. Garantiza tres derechos fundamentales
- Acceso a la información medioambiental
- Participación pública en la toma de decisiones medioambientales
- Acceso a la justicia medioambiental y a un medio ambiente sano y sostenible, incluida la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en cuestiones medioambientales.
Y lo que es más importante, es el primer tratado de este tipo que incluye medidas específicas para la protección de las personas defensoras del medioambiente, aquellas que arriesgan su vida para defender el medioambiente y los derechos sobre la tierra.
Hasta la fecha, 25 países han firmado el acuerdo y 17 lo han ratificado, entre ellos siete naciones caribeñas.
Personas defensoras del medioambiente en el Caribe
Aunque el Caribe se encuentra entre las regiones más vulnerables al cambio climático, la difícil situación de sus personas defensoras suele quedar eclipsada por la de la América Latina continental. Pero el Caribe dista mucho de estar libre de riesgos para las personas defensoras.
Desde que empezamos a documentar los ataques en 2012, hemos registrado tres asesinatos en las islas del Caribe, todos ellos en República Dominicana. Pero si lo miramos de forma más amplia, hemos documentado 45 asesinatos en la región caribeña de Honduras -que afectan desproporcionadamente a afrodescendientes- y al menos 41 casos en la región caribeña de Nicaragua, la mayoría de ellos indígenas.
Seguridad privada custodiando el proyecto de la presa Agua Zarca. El exjefe de seguridad privada de la presa es una de las siete personas detenidas por el asesinato de Berta Cáceres. Giles Clarke / Global Witness
Puede que los homicidios sean menos frecuentes que en otros lugares de Latinoamérica, pero las personas defensoras siguen enfrentándose habitualmente a amenazas, acoso y campañas de difamación. Los ataques no letales contra las personas defensoras del medioambiente, como informa la coalición ALLIED, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y pueden dar lugar a agresiones más extremas.
El Atlas Global de Justicia Medioambiental informa de que hay más de una docena de conflictos en curso relacionados con cuestiones medioambientales en el Caribe.
Durante el Foro de Defensoras y Defensores de Escazú, escuchamos de primera mano a personas defensoras y organizaciones medioambientales del Caribe.
Tercer Foro sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
En el marco del Acuerdo de Escazú, se llevó a cabo un primer evento oficial en el Caribe, en el Tercer Foro sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en San Cristóbal Nieves.
El objetivo principal del foro fue estudiar cómo avanzar en el trabajo del Plan de Acción para Defensoras y Defensores del Acuerdo de Escazú, acordado el año pasado en la COP3 de Escazú.
Protesta afuera de una mina de bauxita en St. Ann, en Cockpit Country, Jamaica. Jamaica Environment Trust
El foro ofreció una plataforma vital para que las personas defensoras del Caribe compartieran su experiencia y se pusieran en contacto con aliados de toda la región.
Los y las ponentes describieron el entorno hostil para las personas defensoras en el Caribe. Muchas han sido ridiculizadas públicamente por políticos o empresas a través de declaraciones públicas. Algunas han sido objeto de campañas periodísticas en las que se las difama por oponerse a las industrias extractivas y a proyectos relacionados con el turismo que afectan al medioambiente y a los medios de subsistencia de las comunidades del Caribe.
Los y las asistentes también describieron casos de criminalización, así como amenazas anónimas enviadas a través de plataformas de mensajería.
Una representante de Jamaica Environmental Trust (JET) destacó la intimidación y las represalias a las que se han enfrentado por denunciar los impactos de la industria de la bauxita-alúmina en Jamaica.
JET ha recibido calificativos como “histérica”, “contraria al desarrollo” y -un calificativo familiar para todos los y las activistas medioambientales- “abrazaárboles”, tanto en público como a través de campañas específicas en las redes sociales.
El Plan de Acción
En virtud del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, los Estados deben garantizar un entorno seguro a quienes defienden los derechos medioambientales.
Se supone que el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, acordado en la COP3 del año pasado, debe de convertir esa promesa en realidad para 2030. Sus prioridades son
- Mejorar los conocimientos sobre los riesgos que sufren las personas defensoras
- Reconocer públicamente el papel central de las personas defensoras en la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
- Reforzar la protección nacional de los derechos de las personas defensoras
Seguimiento de la aplicación del Acuerdo
Pero los avances han sido lentos. El compromiso de los distintos gobiernos con la aplicación del Plan de Acción sigue siendo desigual, y faltan datos muy necesarios sobre las agresiones.
En Global Witness conocemos bien los retos que supone producir estos datos sobre agresiones contra los defensores. Y aunque la sociedad civil puede desempeñar un papel importante en la recopilación y el análisis de estos datos, la responsabilidad principal de documentar los ataques debe recaer en los propios Estados.
Poner la voz de las personas defensoras en primer plano
Del foro surgió un mensaje claro: las soluciones deben ser colectivas y estar lideradas por las mismas personas defensoras. Las soluciones que se imponen desde arriba corren el riesgo de malinterpretar la realidad cotidiana a la que se enfrentan las personas defensoras, y pueden errar el diagnóstico sobre las protecciones que realmente necesitan.
Al analizar la mejor manera de desarrollar un plan que responda a los retos de las personas defensoras del medioambiente, Karol Sanabria, de Ambiente y Sociedad de Colombia, afirmó que “La mejor forma de avanzar en la implementación es con la participación del público. Quienes defienden el ambiente conocen tanto las necesidades como las respuestas más adecuadas”.
También hizo hincapié en cómo la protección de las personas defensoras debe reconocer no solo a las activistas individuales, sino a las comunidades -grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos, por ejemplo-, ya que sus luchas son en su mayoría colectivas, por lo que las respuestas deben ser también colectivas.
¿Y ahora, qué?
El año que viene, la COP4 de Escazú será un momento crítico para revisar cómo se están desarrollando estos planes, pero hay mucho trabajo que hacer antes.
Para el Caribe, se trata de un momento crucial. Sabemos que la sociedad civil seguirá comprometida, pero los gobiernos deben dar un paso adelante, con un mayor número de ellos ratificando el acuerdo y desarrollando sus planes de aplicación. La comunidad internacional también debe proporcionar un mayor apoyo técnico, político y financiero para facilitar su aplicación.
Porque proteger a quienes defienden nuestro planeta no es únicamente una obligación legal: es una obligación moral. No solo para las personas defensoras individuales, sino para las comunidades y el medioambiente por el que lo arriesgan todo, que nos protege a todos y todas.
