Recordando a Berta Cáceres: después de siete años, la lucha por la justicia continúa

En los años previos a su muerte, ella trabajó sin descanso para proteger el río Gualcarque -una fuente vital de agua para la comunidad- del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto, financiado con fondos internacionales, causó alarma, pues pretendía construir una represa, frenando el caudal del río. El Gualcarque era crucial para la vida de las comunidades lencas, ya que se trataba de una fuente sagrada de agua, y sus riberas se usaban para cultivar comida y cosechar plantas medicinales.

Pese a ello, el gobierno hondureño autorizó el proyecto sin consultar a las comunidades afectadas:

La noche del 2 de marzo de 2016, Berta fue muerta a tiros, por un sicario que entró a su casa a la fuerza. El asesinato ocurrió después de años de amenazas contra la defensora, por su rol opositor a la presa, en un contexto de agresiones prolongadas en contra del pueblo Lenca.

Pero su asesinato no pasó desapercibido y, por el contrario, encendió la molestia y renovó los llamados de lograr justicia para las personas defensoras medioambientales. Un movimiento nacional e internacional liderado por la familia de la defensora empujó a la justicia, que detuvo a siete personas involucradas en su asesinato. En 2018, estas personas fueron declaradas culpables por el crimen. Sin embargo, aún quedaban preguntas pendientes, pues las autorías intelectuales que planearon el asesinato salieron indemnes del proceso penal.

Años más tarde, en un inusual avance de la justicia, una corte hondureña declaró culpable a Roberto David Castillo, la cabeza de la compañía hidroeléctrica Desarrollos Energéticos -DESA- al momento del asesinato de Berta. La evidencia permitió que Castillo fuera sentenciado a 22,5 años en prisión un año después. Pero la familia de la defensora lenca siguió en la lucha por la memoria y para detener la impunidad que reina en Honduras, así como también en el trabajo de develar las asociaciones ilícitas detrás del asesinato.

Honduras, el reino de impunidad y negocios sin regular

Después de siete años del sonado asesinato de Berta Cáceres, Honduras se mantiene como uno de los países más letales en el mundo para personas defensoras. De acuerdo con la información de Global Witness, al menos 48 personas defensoras han sido asesinadas entre la muerte de Berta, en 2016, y fines de 2021. Y los números siguen creciendo, con nuesvos episodios de violencia contra personas defensoras pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades rurales alrededor del país.

Estas cifras ya inquietan de por sí, y es posible que sean mucho mayores que las documentadas oficialmente. Asimismo, la impunidad persistente no hace más que abrir puertas a que continúen las amenazas. La falta de avance en los casos alimenta la capacidad de que las perpetradoras usen la violencia para disuadir el rol de quienes defienden la naturaleza y cuestionan los efectos de la actividad empresarial abusiva.

Los ataques letales son solo la punta del iceberg. Las personas defensoras en Honduras son constantemente intimidadas, amenazadas y criminalizadas por quienes buscan silenciarlas. Los sistemas de protección se han vuelto insuficientes para resguardar a las y los defensores, para que sus voces sean oidas. Por último, las regulaciones existentes para los actores corporativos apenas consideran los abusos de derechos humanosen sus análisis.

El asesinato de Berta se mantiene como un recoratorio doloroso de los peligros que envuelve defender la tierra y la naturaleza no solo en Honduras, sino que en todo el mundo. El proyecto de Agua Zarca fue financiado por instituciones financieras en Europa, incluyendo el banco de desarrollo danés (FMO por sus siglas en inglés) y el inversor danés FinnFund en 2014, pese a la evidencia desplegada y las peticiones directas de Berta Cáceres de no hacerlo.

El año pasado, la Unión Europea propuso una ley que podría parar a la compañias que se lucran con proyectos vinculados a la represión y asesinato de persona defensoras medioambientales. No obstante, aún hay posibilidades que los países europeos adopten una versión de la ley que deje a los inversores fuera del punto de mira.

Líderes en el mundo debe, entonces, apoyar regulaciones que eleven la vara que las instituciones financieras deben seguir. En este sentido, la ley debería asegurar que estas corporaciones lleven a cabo una debida diligencia que considere las perspectivas de derechos humanos y riesgos mediaombientales a lo largo de su caena de valor, para asegurar de que no terminen apoyando proyectos como el de Agua Zarca.

En el aniversario del asesinato de la defensora lenca, instamos a las autoridades hondureñas a que continúen su trabajo para que quienes ordenaron el asesinato sean condenados por sus actos. También es vital que se firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, para asegurar la debida protección de quienes están en la primera línea defiendiendo nuestros bienes comunes.

Debemos continuar honrando la memoria de Berta y, a través de ella, de todas las vidas que han sido arrebatadas, y demandar justicia para sus comunidades. Si no lo hacemos, continuaremos enfrentando el dolor que genera la impunidad en las generaciones actuales y venideras.