A un año de la desaparición de cuatro garífunas, la comunidad aún busca justicia

Este es un hecho más, en medio de una cadena de acontecimientos marcados por un patrón estatal de intimidación, criminalización y violencia en contra de esta comunidad de cerca de 200 mil afrodescendientes en Honduras.

Representantes del sector privado y políticos locales codician este territorio ancestral.  Por su parte, el crimen organizado aparece como un colaborador de las autoridades para intentar ganar la titularidad al pueblo garífuna, que reclama la permanencia en esta tierra que declaran ha sido su hogar durante generaciones.

La comunidad garífuna fundó la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) –a la que pertenecen los cuatro hombres desaparecidos– en 1979, para resistir a la usurpación de sus derechos sobre el territorio. Como resultado de su rol activo por defender la tierra frente a intereses comerciales, personas de la organización y de la comunidad garífuna se han convertido en blanco de una campaña orquestada para poner fin a su activismo.

Representantes de OFRANEH describen el trato que reciben, en un patrón de comportamiento que se asemeja muchísimo al que experimentan las personas defensoras de la tierra y el medioambiente alrededor del mundo:

Ambiente hostil para peresonas defensoras de los pueblos y comunidades indígenas

En años anteriores, ha habido repetidos intentos de desplazar a las comunidades garífuna de sus territorios para introducir un complejo turístico de lujo en la costa Caribe hondureña, en Barra Vieja. Después de redibujar los límites del parque nacional para dar espacio al proyecto de gran escala, el gobierno hondureño presentó cargos en contra de la comunidad garífuna que habita en la zona, acusándoles de usurpación (ocupación ilegal de tierras). Después de una larga batalla legal, la comunidad garífuna fue absuelta de cargos en julio de 2015.

Al mismo tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras había vulnerado los derechos del pueblo garífuna, en un caso aparte que comprometía la misma franja costera. Pese a ello, el gobierno se niega a reconocer los derechos del pueblo afrodescendiente, y el trato hacia esta comunidad sólo ha empeorado con el tiempo.

Honduras se ha mantenido como un país tremendamente peligroso para defender el medioambiente. De acuerdo con nuestros datos más recientes, en 2019 el país aparece como uno de los más arriesgados para defender el medioambiente. Es más: mantiene las tasas de homicidio per cápita más alta de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y ocupó el quinto lugar en el ranking de lugares con más asesinatos de activistas de este tipo.

Comunidades indígenas como la garífuna conviven constantemente con el riesgo de ataques por su rol activo de defensa. Aún cuando alcanzan solo un 5% de la población mundial, han acumulado entre el 35 y el 40% de las y los defensores de la tierra y el medioambiente cuyas vidas han sido arrebatadas.

Los derechos indígenas deben ser protegidos

El rol de las comunidades indígenas en poner fin a la crisis climática ha sido mirado en menos y a menudo permanecen ausentes en las reuniones de alto nivel que encabezan representantes de gobiernos y formuladores/as de política pública. Esto, aún pese a que existe suficiente evidencia para demostrar que estos grupos de activistas son los más efectivos en la protección de los bienes comunes alrededor del mundo.

Mientras un cuarto de la tierra ha sido ocupado por comunidades y pueblos indígenas, son responsables del 35% de la superficie terrestre, con muy poco impacto sobre ésta. Los territorios que resguardan ayudan a mantener el 80% de la biodiversidad a nivel mundial y almacenan cientos de gigatoneladas de carbono. No es una exageración decir entonces que, sin su trabajo dedicado, no tenemos opción para enfrentar la crisis climática.

Aún así, es justamente su efectividad para defender lo que les enfrenta con compañías poderosas que quieren expandir su modelo extractivo arrasando con territorios ancestrales. Esto se traduce, por ejemplo, en más bosque talado para abrir espacio a plantaciones y praderas; más perforaciones para conseguir combustibles fósiles que desatan la crisis climática; y más ecosistemas dañados en nombre del lucro.

Para resguardar el medioambiente, y para asegurar la seguridad y dignidad de las personas, comunidades y pueblos indígenas alrededor del mundo, sus derechos territoriales deben ser respectados. Quienes buscan violarlos, a través de la violencia e intimidación deben enfrentar las consecuencias de sus actos. 

En Honduras, esto se traduce en reconocer el derecho de las comunidades garífunas, como sentencia la Corte IDH en su resolución, y protegerles contra la violencia. También significa traer a salvo y de vuelta a casa a Milton, Suami, Sneider y Gerardo, cuyas familias aún esperan; y garantizar una investigación que esclarezca los hechos en los que fueron abducidos de sus hogares.