México enfrenta políticas regresivas en la defensa y protección de los derechos humanos ambientales

Recientemente, México avanzó hacia la ratificación del llamado Acuerdo de Escazú, uno de los tratados internationales  en asuntos ambientales más relevantes dentro de la región. El 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen sobre dicho Acuerdo, el cual  propone una transformación de la gobernanza ambiental, que ponga a los derechos humanos en el centro. No obstante, aún quedan algunos pasos pendientes para finalizar su proceso de ratificación. México aún debe publicar el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y enviarlo a la Secretaría de Naciones Unidas.

La aprobación por parte del Senado representa un gran avance en materia de protección. Aún así,  quienes de forma tanto individual como colectiva han decidido defender el medio ambiente, la tierra y el territorio en México, han dado una larga cuenta de violencia en su contra.

El contexto en este país es complejo. Varios factores que influyen en torno a los conflictos socioambientales, algunos de ellos son la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la falta de aplicación de la legislación y los obstáculos para el acceso a la justicia. Todos ellos impactan la protección y el acceso a la justicia en los casos de agresiones contra personas defensoras.

La actual administración federal sigue reproduciendo un discurso en el que se estigmatiza a quienes defienden el medio ambiente, pese a la presión de la sociedad civil y de diversos organismos internacionales que constantemente hacen énfasis en la urgencia de adoptar medidas para hacer frente a esta realidad. Aún cuando Mexico creó por ley Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, la respuesta del Estado ha sido reactiva, individualizada e insuficiente.

El gobierno federal actual sigue reproduciendo un discurso en su deber de adoptar una política pública integral que genere las condiciones propicias para la defensa de los derechos humanos en México. El pasado 21 de octubre, en medio de la pandemia, decidió eliminar el  Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas —que asegura los el apoyo financiero para implementar el mecanismo— junto con otros 108 fideicomisos. Esta decisión puede poner en grave riesgo la operación del Mecanismo, así como la vida e integridad de las personas beneficiarias de éste.

Finalmente, no podemos olvidar que, más allá de asegurar la operación y eficacia del Mecanismo, es necesaria la voluntad de los gobiernos a nivel federal y local de asumir su responsabilidad frente a la garantía y protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Los cambios a largo plazo, estructurales e institucionales, son necesarios para dar solución y prevenir futuros conflictos socioambientales, sobre todo, cuando parten de violaciones a derechos reconocidos.

En 2019, América Latina se posicionó una vez más como la región con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Esto, de acuerdo con el informe Defendiendo el mañana que Global Witness lanzó en julio de este año. México ocupó el cuarto lugar a nivel global en 2019 entre los países con más personas asesinadas.

Los diversos conflictos socioambientales tienen una raíz común, muchas veces histórica. Su origen es la violación a derechos humanos, principalmente el derecho a la autonomía, al territorio, al desarrollo propio y a la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y comunidades equiparables frente a la instalación de megaproyectos o proyectos de corte extractivista. A esto se añade su relación con otros derechos que también se vulneran como el derecho al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación.

De acuerdo con los informes que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, entre 2012 y 2019 se registraron 499 ataques contra quienes defienden el medio ambiente en este país. Solo en 2019 se registraron 39 ataques, de los cuales casi un tercio fueron homicidios, resultando 15 personas defensoras ambientales asesinadas y un intento de homicidio.

Resulta altamente preocupante que el homicidio siga apareciendo como una de las principales agresiones contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. Más, frente a la posibilidad de contar con sistemas de protección precarizados, como los que se plantean a partir de la eliminación  del  fideicomiso que garantiza las medidas de protección a las personas.

En estos hechos de agresiones han sido las autoridades del gobierno las señaladas principalmente en su responsabilidad de cometer esta violencia, en su mayoría, a nivel local y municipal. Este escenario sigue ocurriendo en el año 2020 y se ha agravado con el contexto de la actual pandemia por la COVID- 19.

Es momento de que el compromiso que asume el Estado mexicano con la ratificación del Acuerdo de Escazú se vuelva unna realidad. Resulta esencial queel gobierno diseñe y ponga en marcha políticas públicas que aborden de forma integral y de fondo la complejidad de la violencia que persiste contra los y las defensoras del medio ambiente, incluyendo un contexto de violencia de género en nuestro país.

La protección a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales debe verse con un enfoque integral, queba más allá de contar con la posibilidad de ejercer la defensa en un contexto de garantías, sino que sea posible el ejercicio de otros derechos como la participación, el acceso a la justicia, la información y la protesta social.