Respetar sus acuerdos: cómo México puede transformar la vida de quienes defienden el ambiente usando el Acuerdo de Escazú

De acuerdo con el reporte de Global Witness sobre personas defensoras de la tierra y el medioambiente, 54 personas ambientalistas desaparecieron o fueron asesinadas en México durante 2021. El país encabezó las listas por primera vez desde que comenzó el registro en 2012, con el número más alto de asesinatos registrados en 2021, lo que además representó un aumento de casos por tercer año consecutivo.  

Es una tendencia chocante que destruye profundamente a cada una de las comunidades y movimientos que lo enfrentan sus consecuencias. 

Los ataques violentos no están confinados a las personas activistas en materia de medioambiente. México lideró el ranking de asesinatos contra periodistas en 2022, con 11 homicidios. Tanto personas defensoras como periodistas comparten el desprecio y ataques desde el sector político en México que los ve como enemigos del progreso. 

¿Por qué pasa esto en México? ¿Por qué no hay leyes? No. Este es un país que firma y hace ley suprema casi todo instrumento de Derechos Humanos internacional, pero que adolece de capacidad –y voluntad política– para aplicarlos.  

El 22 de enero de 2021, México y Argentina depositaron la ratificación del Acuerdo de Escazú ante las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York. La importancia de este acto trascendió, pues permitió que el instrumento se consagrara como un acuerdo regional para las Américas entrando en vigencia el 22 de abril del mismo año.  

El Acuerdo tiene como objetivo establecer el acceso a la información ambiental, participar en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental. Este instrumento es, además, el único que contiene disposiciones sobre personas defensoras en asuntos ambientales. Sin embargo, entre 2017 y 2021, los ataques subieron considerablemente, afectando a quienes están en la primera línea frente a industrias irresponsables y otros actores, como milicias, crimen organizado o redes de narcotráfico. Los casos registrados han aumentado exponencialmente afectando a aquellos cuyas vidas están en primera línea, defendiendo el patrimonio natural.   Por ejemplo, México firmó el acuerdo de Escazú en 2018.

He experimentado de primera mano la tragedia detrás de estos asesinatos cuando recibí un mensaje la mañana del cuatro de abril de 2021. Un compañero me escribió avisándome que esa noche, en medio de la sierra que conecta los estados de Colima con Jalisco, se habían llevado al líder indígena y compañero de luchas José Santos Isaac Chávez. José había decidido buscar justicia para su comunidad en Ayotitlán. Esta opción no debería ser riesgosa, pero en su caso, le costó la vida: días después nos enteramos de que habían encontrado su cuerpo. 

La comunidad lleva años sufriendo las consecuencias medioambientales del proyecto minero de hierro más grande del país, que mantiene vínculos internacionales en Europa. El proyecto ha despertado la oposición clara por parte de las comunidades, en medio de un contexto de minería ilegal realizada por carteles de narcotráfico, corrupción entre autoridades de gobierno y la supremacía del crimen organizado.

Pese a ello, el impacto de su homicidio se siente. Este asesinato se suma a las dificultades que enfrenta toda una comunidad de más de 13,000 personas que se sienten sitiadas, con restricciones a sus movimientos pues las rutas están controladas, así como la información que entra y sale del lugar.

Escazú cumple dos años y ¿Dónde estamos? 

Un buen punto de partida es evaluar cuánto ha avanzado México, después de ratificar este acuerdo que se centra en el acceso a la información, la participación en materia ambiental, la transparencia y la justicia para quienes se involucran en la defensa de asuntos ambientales.  

En primer lugar, uno de los asuntos más preocupantes son los asesinatos de los periodistas que, como ellos mismos indican, se realizan buscando matar la verdad que develan en sus publicaciones. Esto afecta las coberturas sobre asuntos medioambientales, particularmente cuando estos representan luchas de poder. El acceso a la información se ve mermado si los testimonios e investigaciones de quienes sufren las consecuencias de los poderes abusivos quedan en la oscuridad.  

La necesidad de contar con estudios de impacto ambiental en los megaproyectos encabezados por la actual administración se suma a la opacidad de sus gestiones. De esta forma, obstaculiza la tarea para quienes trabajamos con comunidades de base afectadas o potencialmente expuestas a sufrir las consecuencias de su instalación.  

Por ejemplo, el proyecto del Tren Maya va a impactar territorios ancestrales, ecosistemas protegidos y las formas de vida de miles de personas en el sureste del país. Pese a ello, ha avanzado sin llevar los procesos de consulta de acuerdo con los estándares que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aún más: el decreto federal de 22 de noviembre de 2021 permitió que el gobierno otorgara de manera “provisional” las facilidades para operar sin la necesidad de informar sobre los impactos.  Es así como las decisiones del ejecutivo dejan al margen a quienes tienen dudas y evidencia para oponerse a disrupciones mayores sobre sus territorios. 

Por otra parte, México adolece de suficientes tribunales especializados en materia ambiental. Actualmente, existe una sola sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México, cuando hay más de 560 conflictos socio ambientales reconocidos por el gobierno. Esto está lejos de cumplir con lo estipulado en la ley, que establece que estos tribunales deberían estar dispuestos por todo el territorio. Asimismo, hoy en México no existe reparación integral para las comunidades afectadas por un proyecto. El marco regulatorio aborda la restitución de los derechos, dejando de lado los estándares internacionales que marcan también elementos como la restauración, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.  

Por su parte, el deterioro de participación pública y, por ende, protección de las personas defensoras del ambiente y territorio es evidente: Civicus calificó el espacio cívico en México como reprimido, debido al uso de un discurso público que socava el papel de las y los defensores. Esta práctica va desde el más alto nivel de funcionarios públicos, incluido su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Durante las sesiones abiertas a la prensa –denominadas “Mañaneras”– el presidente López Obrador ha calificado a las y los activistas de formar parte de conspiraciones y a las personas y organizaciones ambientalistas de ser “agentes extranjeros”.  

La relatora de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, ha sido clara: controlar el mensaje es también controlar la posibilidad de que estos agentes de cambio puedan hacer su trabajo.  

En la misma línea, la mayoría de los asesinatos en contra de personas defensoras de la tierra y el medioambiente se mantienen impunes. El Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha visto mermada su independencia al no contar con fondos suficientes para operar bajo la premisa de la austeridad fiscal, exacerbando los riesgos para quienes están en la primera linea.

Acciones claves para la defensa del ambiente 

La efectiva implementación del Acuerdo de Escazú transformará nuestra habilidad para defender la casa común, la madre Tierra.  

No existe una solución fácil, pero hay pasos clave que deben ser tomados en cuenta: 

1.  Reconocer la necesidad de armar y mantener alianzas en lo local, nacional e internacional 

2.  Reconocer el contexto para poder hacer análisis de riesgos y amenazas, así como, planes de seguridad 

3. Crear una estrategia integral entre todas las partes involucradas, que permita activar al máximo los esfuerzos para exigir justicia. 

Todo lo anterior se puede desarrollar recordando que el Estado es el último responsable de crear un entorno seguro para que las personas defensoras y el espacio cívico puedan desarrollarse. Esto se debe llevar a cabo en armonía con normativas que eleven los estándares que hoy tenemos para aprobar proyectos que puedan tener efectos sobre los ecosistemas y quienes los habitan.  

Porque esa es la conclusión de cómo llegar al mejor de los mundos posibles: Trabajar reconociéndonos como parte de una comunidad global, construyendo desde lo local, hasta que la dignidad se haga costumbre.

*Tsikini AC es una organización sin fines de lucro que busca promover el acceso a la justicia de comunidades vulnerables a los impactos en materia de derechos humanos y medioambientales de corporaciones y megaproyectos en Jalisco, México.