En Colombia, implementar el Acuerdo de Escazú es una cuestión de vida o muerte

Tal y como documentamos en nuestro informe Una década de resistencia, las muertes son solo la punta del iceberg. Las personas defensoras sufren también infinidad de ataques no letales, tales como amenazas, hostigamiento, vigilancia o criminalización. Cuando una persona defensora levanta la voz ante una empresa minera que se opera sin consultar a las comunidades locales, cuando denuncia la impunidad con la que una petrolera contamina el agua, o cuando se opone al desplazamiento forzoso de una comunidad, paga un precio muy alto por ello.

Colombia y otros países de América Latina están entre los más letales del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Paradójicamente, la región también es altamente vulnerable a los impactos irreversibles de la crisis climática.

Nuestro informe documenta este desolador panorama y exhorta a la toma de acciones urgentes. Ello debe incluir la ratificación del Acuerdo de Escazú, primer acuerdo regional para América Latina y el Caribe sobre derechos humanos y medioambiente, y primer instrumento legal en el mundo que incluye cláusulas específicas relativas a las personas defensoras. Resulta de especial importancia que el Acuerdo requiera a los gobiernos la prevención e investigación de los ataques contra las personas defensoras.

Además, el Acuerdo aborda temas cruciales como el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia o la garantía de un ambiente seguro para las personas defensoras.

Colombia firmó el Acuerdo en diciembre de 2019. Sin embargo, casi tres años después su ratificación sigue pendiente. Este paso es necesario para que el Acuerdo entre en vigor y se demuestre, con ello, un compromiso real del Estado para garantizar una protección efectiva de las personas defensoras.

México, Bolivia, Ecuador, Chile o Argentina ya han dado el paso y ratificado el Acuerdo. En tan solo unos días, Congreso colombiano tendrá la ocasión de hacer lo mismo. Esta es una oportunidad que no puede dejarse pasar.

En la última década, Colombia ha registrado de manera consistente algunas de las cifras más altas de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Aun así, existen razones para el optimismo. En primer lugar, el programa presentado por el nuevo gobierno de Gustavo Petro incluye puntos específicos sobre la situación de las personas defensoras y las acciones necesarias para abordar los enormes retos que enfrentan. Esto marca un cambio sustancial y necesario para dejar atrás un pasado en que la violencia contra las personas defensoras ha sido invisibilizada y denostada por las autoridades, que se han desentendido del asunto y han obviado la toma de acciones.

Otro motivo para el optimismo es la resiliencia que han demostrado las organizaciones colombianas, que, durante años, han documentado la situación de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, brindando recomendaciones y haciendo incidencia ante el Estado. Organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y otros actores con experiencia valiosa han dado forma, con dedicación y un enorme sentido estratégico, a muchas de las reformas que se requieren en Colombia.

Un ejemplo de ello es el Programa Somos Defensores, que desde hace casi dos décadas trabaja en pos de una protección efectiva de las personas defensoras, haciendo incidencia frente a instituciones del Estado, pedagogía con organizaciones sociales y difusión ante la sociedad.

Somos Defensores y una amplia representación de plataformas y organizaciones de derechos humanos de Colombia han presentado recientemente un Plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. El Plan contiene medidas para los primeros 100 días de gobierno, y aboga por que existan las garantías necesarias para la participación efectiva de las personas defensoras en asuntos ambientales.

Colombia se encuentra entonces en una encrucijada: puede continuar perpetuando las prácticas y políticas que han costado la vida de demasiadas personas defensoras, o puede sentar las bases para la construcción de un camino de paz y de desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. La cuenta atrás comenzó hace demasiado tiempo, y es hora de que las personas defensoras gocen de una prioridad absoluta. No puede haber más muertes por defender la vida y nuestro planeta.