La Unión Europea (UE) es la economía más grande del mundo. Las empresas europeas operan en todas partes y en todos los sectores, incluyendo las industrias extractivas, las textiles y las instituciones financieras, por nombrar algunas. Cómo estas industrias se comportan, es de suma relevancia. Sin embargo, durante décadas, las compañías europeas se han beneficiado de violaciones a los derechos humanos, de la destrucción del medio ambiente y del colapso climático.
En abril de 2020, el Comisario de Justicia de la UE se comprometió a presentar una nueva ley para exigir responsabilidad a las empresas. Se espera que la ley incluya un requisito de diligencia debida para las compañías, destinado a prevenir y mitigar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. En la misma línea, la expectativa es que la ley establezca disposiciones con el objetivo de garantizar que las víctimas puedan responsabilizar a estas empresas cuando sufran algún perjuicio.
El Parlamento Europeo ha manifestado un fuerte apoyo a la legislación, lo que refleja un consenso más amplio y creciente entre la sociedad civil, las empresas, y la ciudadanía, en torno a la necesidad de acabar con la impunidad empresarial.
La Comisión Europea celebró recientemente una consulta pública sobre la nueva ley. Dada la enorme huella de las empresas europeas, era importante que los y las ciudadanas y las organizaciones de todo el mundo tuvieran voz. Global Witness lideró este esfuerzo en asociación con Anti-Slavery International, Avaaz y Clean Clothes Campaign, con el objetivo de aumentar la participación global en la consulta utilizando una herramienta digital.
La respuesta fue abrumadora.
La contundente respuesta de casi medio millón de personas
Esto es lo que dijeron
Las y los participantes enviaron un mensaje claro y contundente a la Comisión en apoyo de una legislación sólida en materia de debida diligencia ambiental y de derechos humanos. Básicamente, el requisito de diligencia debida debería aplicarse a todas las empresas que operan en la UE o que acceden al mercado interior de la UE. En este marco, abarcaría de forma completa sus operaciones y cadenas de valor y crearía consecuencias donde antes no las había. De aprobarse bajo estas premisas, las empresas podrían ser consideradas responsables tanto por el incumplimiento de los requisitos de diligencia debida como por los daños que hayan generado, a los que hayan contribuido o los que hayan podido evitar, pero no lo hicieron.
Entre las respuestas, se destacaron cuatro cuestiones clave:
1. Las comunidades indígenas están amenazadas
Las respuestas a la consulta evidenciaron los enormes riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente que se oponen a las actividades corporativas nocivas. Los informes de criminalización, desplazamiento, uso ilegal y confiscación de tierras, destrucción de propiedad y violencia señalan un fracaso total en la protección de los derechos de la población local, de las comunidades y de las y los activistas.
Los grupos indígenas de América Latina señalaron altos niveles de vulnerabilidad, incluyendo varias luchas por mantener la propiedad o el control de sus tierras ancestrales. Las poblaciones indígenas están en la primera línea de la crisis climática; atacarlas conduce a una mayor destrucción ambiental y al colapso climático.
Las personas consultadas exigen una legislación que garantice que las empresas deban adherirse a las normas internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado y respetar los derechos, la tierra y la cultura de las comunidades indígenas.
2. Las empresas deben rendir cuentas
Varias respuestas demostraron cómo los daños ambientales y las violaciones de derechos humanos continúan sucediendo en las operaciones y a lo largo de las cadenas de valor de las empresas, sin que las personas involucradas asuman las consecuencias.
Para que esta legislación conduzca a un cambio duradero, debe crear rutas reales con el fin de que las empresas rindan cuentas sobre los daños que generan. Se propusieron una serie de medidas que incluyen (a) la responsabilidad civil y administrativa de las empresas que causan daños a las personas o al planeta; (b) una obligación de debida diligencia que exija la divulgación pública de las medidas tomadas y su efectividad; (c) el requisito de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas; y (d) un organismo de ejecución facultado para investigar, recibir denuncias e imponer sanciones a las empresas.
3. Las víctimas necesitan acceso a un recurso efectivo
Bajo la premisa de maximizar la rentabilidad, las empresas han puesto en marcha innumerables proyectos con consecuencias devastadoras para las comunidades de todo el mundo. Desde la contaminación, hasta la apropiación de tierras y los asesinatos: en la gran mayoría de los casos, las víctimas no obtienen ninguna reparación.
Actualmente, quienes intentan presentar casos se enfrentan a un proceso largo, costoso y complicado. La legislación debe crear vías de reparación claras para las víctimas, empoderándolas para presentar demandas contra las empresas de la UE ante los tribunales de la UE, independientemente del lugar donde el daño haya sido ocasionado. Muchas luchan por establecer su posición para presentar un caso y reunir las pruebas que necesitan. Mientras tanto, los equipos legales corporativos tienen recursos suficientes para luchar con uñas y dientes, agravando el desequilibrio de poder imperante. Además del recurso judicial, las empresas deben ofrecer formas de reparación más inmediatas, o enfrentar las consecuencias si no lo hacen.
4. Las normas voluntarias no funcionan
Finalmente, está claro que la autorregulación, los enfoques voluntarios y los marcos no vinculantes no han logrado cambiar el comportamiento de las empresas, ni hacerlas responsables de los daños que ocasionan. Aunque los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales aclararon hace diez años la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, medio ambiente y buen gobierno, las empresas continúan incorporando estos estándares de la boca para afuera, mientras causan estragos en todo el mundo.
Esperando con ansias
Desde todos los rincones del mundo, la gente se unió para exigir a la UE que introduzca una legislación sólida que cree responsabilidad empresarial, lo que resulta sumamente necesario. Ya es hora de que cambiemos las reglas para las empresas. La Comisión tiene ahora un mandato claro para introducir una legislación que priorice a las personas y a nuestro planeta.
Preview image credit: Sebastien Thibault / Global Witness
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