En 2018, nuestro informe anual sobre los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente adoptó un nuevo enfoque: por primera vez, analizamos más de cerca la estrategia de criminalización y cómo es utilizada por los Estados y las empresas por igual para silenciar y atacar a las personas defensoras.
Entrevistamos recientemente al
defensor Abelino Chub Caal, conversamos sobre su historia de criminalización,
sus recomendaciones y sobre cómo los Estados y las empresas pueden evitar estos
hechos.
Abelino, las comunidades Q’eqchi y la expansión de la palma aceitera
En su Guatemala natal, Abelino Chub Caal
ha trabajado para la Fundación Guillermo Toriello durante más de una década.
Abelino ha apoyado a comunidades indígenas con procesos legales para el
reconocimiento de sus derechos territoriales e impulso de proyectos autosuficientes
de agricultura sostenible.
En los últimos dos años, su vida,
las de las comunidades que él busca proteger y la de su propia familia se han
puesto cuesta arriba.
Esta historia comienza en el año 2016, cuando dos empresas de agronegocio
intentaron expandir su producción de banano a la de palma aceitera. Para hacer
eso, decidieron utilizar tierra donde comunidades indígenas Q’eqchi alegaban
haber vivido por siglos y por lo tanto, haber adquirido derecho sobre el
territorio ancestral indígena. De acuerdo con Abelino, antes de introducir sus
nuevos cultivos y comenzar a sembrar, las empresas no consultaron integralmente
las comunidades que vivían allí.
Aquí es donde Abelino empieza a
hacer parte de esta historia. Como parte de su trabajo con la Fundación
Guillermo Toriello, él intermedió las conversaciones entre las comunidades que
vivían en la zona y las empresas de agronegocio que tenían como objetivo
expandir su producción.
Los cargos de usurpación agravada,
incendio y asociación ilícita fueron entonces presentados en contra de él. Se
alegó que Abelino había organizado miembros de las comunidades para incendiar
la plantación de palma aceitera en la finca Plan Grande, donde vivían
comunidades Q’eqchi, y de provocar un enfrentamiento contra la policía.
El 4 de febrero del 2017, Abelino
fue detenido mientras celebraba su cumpleaños con su esposa y sus dos hijos. Él
permaneció en custodia esperando por su juicio por más de dos años. En abril de
2019, tras haber presentado evidencia de no haber estado en la zona el día del
incendio, Abelino fue absuelto
de todos los cargos durante su juicio. La Corte concluyó que
los cargos de Abelino deberían ser desestimados, y comentó que “el Derecho
Penal había sido utilizado para criminalizar la conducta del acusado.”
Estuve en la cárcel por más de dos años, por un crimen que no he cometido.
“Pero cuando estás en la cárcel, no
importa si eres culpable o no, simplemente eres tratado como un criminal.
Compartes la prisión con sicarios, asesinos, ladrones. Estuve bajo el mismo
techo que un militar condenado por su participación en una masacre contra
pueblos indígenas, durante la guerra civil. Esto es injusto y es uno de los
daños psicológicos que te causa la cárcel.”
Este patrón, donde Estados y
empresas poderosas utilizan la legislación penal en contra de aquellos que
cuestionan sus acciones, no es nuevo.
Ataques desde todos los lados
Abelino identifica la criminalización como una de las estrategias utilizadas en Guatemala para silenciar a quienes se resisten a los desalojos forzosos, al acaparamiento de tierras y a la contaminación producto de la construcción de represas, la explotación de minas y la expansión de plantaciones de palma aceitera o de caña de azúcar.
“En 2007, una empresa minera canadiense desalojó a 100 familias de El Estor, cerca de la costa del Pacífico de Guatemala. Personas resultaron heridas, y mujeres de la comunidad fueron violadas durante el desalojo, pero esas violaciones nunca fueron investigadas en Guatemala.” – alega Abelino.
Él continúa su relato: “En 2009, fuerzas de seguridad de la empresa dispararon a varias personas de la comunidad de Las Nubes. El líder comunitario Adolfo Ich Chamán fue asesinado durante este evento.” La empresa negó haber estado involucrada en los desalojos forzados o con la muerte de Adolfo Ich Chamán.
Abelino dice que ésta no es la primera vez que las personas Q’eqchi se enfrentan a este tipo de ataques:
“En 2011, presencié los despiadados desalojos de 732 familias indígenas Q’eqchi de sus tierras en el Valle de Polochic, donde posteriormente fueron plantados cultivos de azúcar para la producción de biocombustibles. Una persona murió, varias resultaron heridas y cientos fueron desplazadas de sus hogares. Sus ranchos y cultivos fueron quemados.”
Tras el desalojo de las familias Q’eqchi en el Valle de Polochic, la
oficina de la organización para la cual Abelino trabaja, la Fundación Guillermo
Toriello, fue allanada y equipos que contenían información confidencial fueron
robados. Abelino y miembros
de la FGT creen que este incidente no fue un simple allanamiento, sino una
represalia por su intento de apoyar a las víctimas de los desalojos.
Los efectos de la criminalización se expanden
La persecución penal de Abelino no sólo lo perjudicó, sino que su
propia comunidad lo sintió a lo largo del tiempo y la distancia.
Durante los dos arduos años que estuvo en la cárcel, se preocupaba
constantemente por su familia y su bienestar. Su horario de visita era limitado y sus familiares dependían
de otros miembros de la familia para sobrevivir. “Cuando querían visitarme, tenían que empezar
a hacer fila frente a la prisión desde las 3 de la mañana; y si tenían suerte,
me veían alrededor de las 10 de la mañana. Algunos días los devolvieron a la casa sin
haberme visto, porque se había terminado el horario de visita”.
Pero probablemente la peor parte fue la incertidumbre: el sistema seguía posponiendo las audiencias y el juicio y, por lo tanto, no tenía idea de cuándo podría demostrar mi inocencia ni cuándo sería liberado.
El papel que deberían jugar las corporaciones y los gobiernos
Los
lugares donde hay recursos naturales, son inevitablemente perseguidos por aquellos
que buscan explotarlos con ánimo de lucro. El modelo económico vigente en Guatemala
depende en gran medida de la extracción y exportación de recursos agrícolas y
naturales. Este modelo ha promovido la concentración de la tierra por parte de los
sectores más acaudalados, frecuentemente desplazando las poblaciones pobres
fuera de sus tierras y provocando altos niveles de violencia.
Si bien
las personas defensoras son blanco de ataques físicos y legales como estos, a
menudo impulsados o provenientes de las empresas, Abelino ve con
buenos ojos a aquellas personas que operan de manera ética, apoyando a la
comunidad y al entorno en general.
“Nosotros no estamos
en contra de las corporaciones, pero nos oponemos a aquellas que desalojan a
las personas de sus tierras y dividen a las comunidades con total impunidad.
Nos oponemos a las empresas que no respetan el derecho a la vida y la forma en
que las comunidades se organizan. Como mínimo, ellas deberían consultarnos y
respetar los tratados internacionales."
Las empresas y quienes las financian
no son las únicas que deben actuar. Los gobiernos, tanto a nivel nacional como
internacional, deben tomar medidas decisivas para exigir rendición de cuentas a
empresas e inversores.
Después de casos como el de Abelino
y de ver los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente
quintuplicarse en Guatemala en 2018, el gobierno debe tomar medidas urgentes
para apoyar y proteger a las personas defensoras que protegen su tierra y el medio
ambiente del colapso climático que se aproxima a un ritmo vertiginoso.
Otros gobiernos - como los del Reino
Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países - deberían introducir
normas claras sobre debida diligencia, que garanticen que sus empresas, que
invierten y extraen en el extranjero, no generen ganancias a expensas de la
libertad o de la vida de las personas.
La lucha continúa
Abelino ahora es libre, pero su
lucha, y la lucha de otras personas defensoras, aún están lejos de terminar.
Si bien él ha sido absuelto, la
criminalización continúa, permitiendo que las grandes empresas generen
ganancias a costa de la explotación de tierras indígenas y causen una
destrucción severa al planeta en ese proceso. La comunidad Q’eqchi de Palo
Grande todavía está en riesgo de ser desalojada. Abelino teme que esto podría
ser inminente.
A pesar de haber sido criminalizado,
Abelino nunca pensó en darse por vencido, y cuando se le pregunta qué hará
ahora, dice:
Seguiré denunciando todos los problemas que afectan a las comunidades. Al igual que otros defensores de la tierra y del medio ambiente, no trabajo para mí, sino para proteger los derechos de las comunidades que han sido abandonadas por el Estado.
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solidaridad y apoyo a Abelino.
