Comunicado de prensa | 10 de Septiembre de 2018

Organizaciones de todo el mundo piden justicia mientras comienza el juicio por el homicidio de la líder indígena Berta Cáceres

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Land and environmental defenders
Honduras

Corrección: El juicio por el asesinato de Berta Cáceres fue pospuesto para el 17 de septiembre. 

Lunes, 10 de septiembre de 2018, Honduras - Global Witness ha celebrado el comienzo del juicio de ocho hombres acusados por el homicidio de la destacada líder indígena Berta Cáceres, pero ha vuelto a pedir que se haga verdadera justicia mientras se desarrollan las actuaciones judiciales. 

Junto con otras organizaciones de sociedad civil, Global Witness se suma al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) —el cual Cáceres cofundó y lideró antes de su fallecimiento— a los fines de solicitar al gobierno de Honduras que procese a quienes hayan dispuesto el asesinato de la líder, y no solo a los ocho individuos encausados por ser autores materiales.

A menos de un año de haber recibido el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015, Cáceres fue asesinada de un disparo en marzo de 2016 en su ciudad natal, Tegucigalpa, tras manifestarse contra la polémica represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Había recibido numerosas amenazas de muerte y de ataque sexual, además de ser víctima de intentos de secuestro, a raíz de su oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica en terrenos de la comunidad indígena en Río Blanco.

En 2017, Global Witness denunció los ataques a defensores ambientales y de tierras en Honduras, y destacó las relaciones entre el estado de Honduras, su Ejército y DESA, la compañía a cargo de la construcción de la represa. La mayoría de los acusados por el homicidio de Cáceres tienen conexiones con el Ejército de Honduras o con DESA, pero Global Witness y COPINH consideran que entre ellos no se incluyen a aquellos responsables de ordenar el asesinato, quienes se encuentran en niveles jerárquicos superiores. (1)

En Honduras se han asesinado 130 defensores ambientales y de tierras, al igual que Berta Cáceres, desde el golpe de 2009. De hecho, en la última década, se han asesinado más activistas per cápita en Honduras que en cualquier otra parte del mundo. (2)

Billy Kyte, líder de campaña a favor de defensores ambientales y de tierras en Global Witness, comentó:

“Este juicio es un avance positivo en el intento de considerar a algunos de los autores del asesinato de Berta como responsables. Sin embargo, se debe encontrar, denunciar y acusar a aquellos que dispusieron el ataque.

Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores ambientales y de tierras, y lo seguirá siendo hasta que el gobierno afronte las causas que originan estos crímenes, tales como la impunidad. El caso de Berta es una oportunidad histórica para contrarrestar esta tendencia, y el gobierno debe actuar ahora a fin de garantizar que se haga verdadera justicia”.

Berta Zúniga Cáceres, coordinadora general de COPINH e hija de Berta Cáceres, expresó:

“No es nuestro deseo que este juicio sea únicamente con relación a la ‘justicia por Berta’, sino que por el contrario sea una contribución a los cambios estructurales del país. Debería servir para denunciar y transformar las causas principales de homicidios, persecución y represión que quedan impunes en Honduras”.

Movimientos sociales hondureños junto con COPINH están llevando a cabo una sentada permanente en Tegucigalpa, la capital de Honduras, con el objetivo de crear un espacio para hacer y ejercer justicia para las comunidades. Invitan a otras organizaciones internacionales a participar y apoyar a COPINH, a la familia de Berta y al equipo jurídico que busca justicia para su caso. 

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Notas para el editor:

(1)    En el momento en que Global Witness pidió a DESA que comentara acerca de estas acusaciones, la empresa negó cualquier tipo de participación en el homicidio de Berta Cáceres o de vinculación entre la compañía y el Ejército o los agentes comerciales de poder. Ha dicho eso a pesar de confirmar por medio de una carta a Global Witness que Roberto Pacheco Reyes, secretario de DESA, es exministro de Gobernación y Justicia, y Roberto David Castillo Mejía, presidente de DESA, fue miembro del Ejército hondureño.

(2)    El año pasado, Global Witness publicó un informe titulado Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta, que fue el resultado de dos años de investigaciones minuciosas de campo acerca de las muertes, amenazas e intimidaciones a activistas en Honduras. El informe recalcó el rol de la industria y el gobierno en los ataques a activistas hondureños, así como también la cultura generalizada de corrupción, impunidad y criminalización del país.

Información adicional:

  • En 2017, cinco defensores ambientales y de tierras fueron asesinados en Honduras, en comparación con los 14 de 2016. Sin embargo, la represión sobre los defensores de derechos humanos en general se ha agravado, ya que los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, violencia policial y homicidios durante las protestas.
  • La falta de confianza en el proceso judicial continúa siendo un problema. Entre los reclamos, se manifiesta que los fiscales ocultaron evidencia en el caso emblemático de Berta Cáceres.

Recomendaciones de Global Witness al gobierno de Honduras a fin de reducir los homicidios de defensores ambientales y de tierras:

  • Abordar las causas principales: garantizar que MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) opere de forma eficiente e independiente, y que sus recomendaciones se apliquen por completo.
  • Apoyar y proteger: garantizar que el Mecanismo para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos tome medidas a los fines de evitar ataques a defensores, y que sus medidas de protección se determinen según un análisis de riesgo que evalúe completamente las necesidades del defensor en peligro.
  • Garantizar la responsabilidad: establecer una comisión internacional independiente con el propósito de investigar las violaciones de derechos humanos en el marco de las elecciones presidenciales de 2017 y períodos posteriores.

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