El negocio de Trump en la República Dominicana podría ser inconstitucional

17 de diciembre de 2018, Washington, D.C. – Global Witness reveló hoy que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está avanzando con lo que parece ser un nuevo negocio en la República Dominicana. Este negocio plantea un conflicto de intereses para el Presidente y puede exponerlo a violaciones de la Cláusula sobre Emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos.

“Después de un acuerdo fallido en la República Dominicana en 2007, los Trump están otra vez activos con su ex socio dominicano, la familia Hazoury y su compañía”, dijo Eryn Schornick, Asesora Principal en Políticas de Global Witness. “La compañía de Trump demandó anteriormente a los Hazoury alegando ‘un caso típico de fraude de tan gran escala’”.

Global Witness fue de incógnito a la República Dominicana para obtener detalles sobre el nuevo proyecto sospechoso de Trump. Haciéndose pasar por un representante de un inversionista adinerado que busca comprar una propiedad, nuestro investigador incógnito se reunió con corredores y representantes de ventas de alto nivel en el resort de Cap Cana – propiedad de los Hazoury – en la costa este de la República Dominicana.

Un representante de ventas confirmó que los Trump volverán a hacer negocios con los Hazoury y declaró que la Organización Trump es la desarrolladora de un proyecto comercial y residencial en la playa en el resort de Cap Cana, y tiene los permisos necesarios para comenzar a construir.

Anteriormente, la Organización Trump y los Hazoury afirmaron que el proyecto era una continuación de su acuerdo de 2007, muy probablemente en un esfuerzo por evitar contradecir la promesa del Presidente Trump de separarse de su negocio y no buscar nuevos acuerdos en el extranjero mientras esté en el cargo.

En respuesta a nuestra investigación, la Organización Trump ahora niega que esté involucrada en algún proyecto actual en la República Dominicana.

Sin embargo, Global Witness ha identificado características del acuerdo que sugieren que es realmente nuevo. Las características de un nuevo acuerdo incluyen, entre otras, un cambio potencial en el rol de Trump como desarrollador en lugar de licenciante, y el hecho de que los proyectos nuevos y anteriores ni siquiera están cerca uno del otro – se encuentran cinco millas aparte uno del otro.

Las disposiciones del Acuerdo de Resolución de 2013 que puso fin a la disputa entre la compañía de Trump y los Hazoury y su compañía sugieren que cualquier proyecto posterior de Trump dentro del resort de Cap Cana podría tratarse como distinto o diferente de su primer proyecto allí, y no sería una continuación de sus planes de proyecto originales.

“Antes de su inauguración, Trump le prometió al público estadounidense que no buscaría nuevos acuerdos en el extranjero mientras sea Presidente. Nuestra investigación sugiere que puede haber roto esa promesa”, dijo Schornick. “Lo que es más alarmante que una promesa rota es el hecho de que el presidente puede salirse con la suya porque no existe una ley o reglas de conflicto de intereses que lo hagan responsable”.

La búsqueda de negocios privados por parte de Trump mientras se encuentra en el cargo ha abierto la puerta a conflictos de intereses y riesgos de corrupción. Y, lo que es más, la investigación de Global Witness descubre cómo este acuerdo aparentemente nuevo podría violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos.

En particular, la investigación de Global Witness plantea la pregunta: ¿Los funcionarios dominicanos cambiaron las reglas de construcción para que los edificios puedan construirse más altos en beneficio de un proyecto de la empresa Trump – cambios estos que podrían representar un emolumento para el presidente y, por lo tanto, una violación de la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos?

“El Presidente se ha beneficiado de su presidencia de una manera diferente a cualquier otro presidente antes que él. Ha hecho millones e incluso admitió que su marca estaba más caliente que nunca”, dijo Schornick. “Para proteger nuestra democracia e instituciones, el Congreso debe aprobar una ley que impida que el presidente Trump y cualquier otro presidente después de él se beneficien económicamente de actos oficiales o conflictos de intereses”.

Global Witness pide a las autoridades correspondientes, incluyendo los comités del Congreso (ver aquí y aquí), que investiguen estas denuncias y, si corresponde, responsabilicen a la Organización Trump, a Donald Trump y a los miembros de su familia por sus acciones.

Otras recomendaciones de Global Witness incluyen:

• El Congreso debe aprobar una legislación que garantice que el presidente y el vicepresidente aborden los conflictos de interés, tanto reales como percibidos. Dicha legislación debe, como mínimo, exigir la divulgación de registros comerciales, incluyendo y específicamente las declaraciones de impuestos, la transferencia de todos los intereses financieros relevantes a un fideicomiso ciego y que ciertas ganancias resultantes de un conflicto de intereses se transfieran al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
• Debe exigirse a Trump que entregue todos los ingresos pertinentes a las autoridades correspondientes para abordar los conflictos de intereses actuales y evitar que el presidente se beneficie más de su cargo.