Altos cargos políticos y élites empresariales de Honduras vinculados con una violenta represión de personas que defienden sus derechos sobre su tierra

Estados Unidos debe revisar urgentemente su apoyo a la industria, el ejército y la policía de Honduras

En una nueva investigación de Global Witness se ha mencionado a la presidenta del partido gobernante en Honduras, Gladis Aurora López, como uno de los muchos altos cargos políticos y magnates de los negocios implicados en una violenta represión de familias que hacen frente al expolio y la destrucción de su tierra.

Estados Unidos también está siendo objeto de análisis por su respaldo a las fuerzas estatales hondureñas, que suelen ser responsables de los asesinatos y ataques que sufren los activistas.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra o el medio ambiente, según estudios llevados a cabo por Global Witness. Desde 2010, más de 120 personas han muerto asesinadas por protestar contra el expolio o la destrucción de su tierra, sus bosques o sus ríos, entre ellas la prominente activista indígena Berta Cáceres, cuyo asesinato el año pasado fue el primero en provocar un escándalo internacional. (1)

Los conflictos por la minería, las presas hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales. Global Witness ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de la puerta trasera, soborno y violación de la ley que se utilizan para imponer estos proyectos y silenciar cualquiera oposición.

«Nuestras investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país y están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino», señaló Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness.

«Hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a unas mujeres embarazadas, niños a los que la policía apuntó con un arma, incendios provocados contra los hogares de aldeanos y asesinos a sueldo que siguen campando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas», añadió.

La respuesta a estos delitos son unos niveles terribles de impunidad. En ocasiones contadas se detiene a los asesinos, pero casi nunca se castiga a quienes los contratan.

Gladis Aurora López (2) es solo una de varias personas adineradas e influyentes relacionadas con esta violencia. Varios documentos filtrados a Global Witness ponen de manifiesto que el proyecto hidroeléctrica previsto de Los Encinos, en el oeste del país, es controlado por el marido de López, quien pretende vender energía al Estado a pesar del evidente e ilegal conflicto de intereses que plantea esta situación. (3) Tres activistas indígenas que se oponían al proyecto se han muerto; sus cuerpos se encontraron con indicios de tortura y descuartizados. 

«Nos desalojó un escuadrón de unos 15 policías, que iban acompañados por un grupo de civiles. Destruyeron nuestros cultivos; quemaron nuestros alimentos. Claramente nos dejaron en la calle: una comunidad totalmente saqueada», comentó Roberto Gómez, uno de los activistas indígenas que se ha opuesto abiertamente al proyecto de Los Encinos.

En otras partes ocurren sucesos similares. La comunidad agrícola de Nueva Esperanza ha sufrido un gran número de ataques y amenazas por su resistencia a las devastadoras repercusiones de la mina de óxido de hierro Buena Vista I. Esta mina es propiedad de Lenir Pérez, yerno de Miguel Facussé, quien fue uno de los empresarios más acaudalados del país. Facussé, ya fallecido, era propietario de Dinant, un gigante de la agroindustria acusado de contratar escuadrones de la muerte para asesinar a decenas de agricultores a pequeña escala en la región norteña de Bajo Aguán. Dinant niega rotundamente estas alegaciones. (4)

Desde el golpe de Estado ocurrido en 2009 en Honduras, el país ha adoptado una estrategia agresiva de crecimiento económico que ha defendido los derechos de la industria por encima de los de las poblaciones rurales pobres del país. Por todo Honduras se han multiplicado los megaproyectos, se han reducido los controles ambientales y las empresas pasan por alto de forma rutinaria la política estatal sobre cómo interactuar con las comunidades locales.

Entretanto, Estados Unidos sigue inyectando dinero en la industria hondureña, a pesar de los motivos de preocupación planteados en el Congreso sobre el dudoso historial de derechos humanos del país. La embajada de Estados Unidos ha estado fomentando una intensificación de las inversiones en las industrias extractivas de Honduras. Por ejemplo, el gigante minero estadounidense Electrum ya planea una inversión de 1.000 millones de dólares (USD).

También es esencial replantearse la política de ayuda de Estados Unidos. (5) En 2016, este país contribuyó 100 millones de dólares (USD) en ayuda bilateral, lo cual podría impulsar enormemente la lucha contra la pobreza en un país que sufre los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina (6) (7). Sin embargo, ese año decenas de millones de dólares procedentes de la ayuda de Estados Unidos se destinaron a la policía y el ejército, cuerpos que están seriamente implicados en la violencia contra los activistas ambientales y de la tierra.

«Al ser el principal donante de ayuda de Honduras, Estados Unidos debería contribuir a poner fin a la sangrienta represión de la población rural hondureña», declaró Billy Kyte, quien añadió: «En lugar de ello, está financiando a las fuerzas estatales de Honduras, que son responsables de algunos de los peores ataques. La futura Administración estadounidense debe solucionar urgentemente esta paradoja, que está fomentando la inseguridad por todo el país en lugar de disminuirla».

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Si desea solicitar el informe completo, productos multimedia y entrevistas en español y inglés o cualquier otra información, póngase en contacto con:

En Honduras: Billy Kyte +504 9740 6465 [email protected] o Ben Leather +504 9783 3398 [email protected]

En Reino Unido: Alice Harrison +44 (0)7841 338792 [email protected] 

Observaciones para los editores

(1) Desde 2010, 123 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras, lo cual convierte a este país en el lugar más peligroso del mundo per cápita.

(2) Gladis Aurora López es presidenta del Partido Nacional (el partido en el poder), vicepresidenta del Congreso y una de las figuras más poderosas de la esfera política hondureña. En una carta a Global Witness, ella negó cualquier vínculo con ataques violentos contra aquellos que se oponen a los proyectos de su marido.(3) Según documentos oficiales filtrados a Global Witness el marido de López, Arnold Gustavo Castro, es nombrado como el administrador único de Inversiones Encinos S.A, la empresa propietaria del proyecto hidroeléctrico. Global Witness considera que es prueba de que efectivamente Castro controla la empresa y representa sus intereses. Castro negó que su empresa hubiera actuado ilegalmente en relación con los proyectos o que fuera responsable de cualquier ataque.

(4) The Guardian (7 de enero de 2014), Honduras and the dirty war fuelled by the west's drive for clean energy’. Disponible en: https://www.theguardian.com/global/2014/jan/07/honduras-dirty-war-clean-energy-palm-oil-biofuels

(5) La ayuda estadounidense aumentará drásticamente dentro de una iniciativa de ayuda regional que se ha previsto por valor de 750 millones de dólares (USD). Hace poco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desembolsó otros 55 millones de dólares de ayuda bilateral para Honduras, a pesar de los intentos de algunos congresistas de bloquear esta transacción en aras de los derechos humanos.

(6) Cerca de 6 de cada 10 hogares de las zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 2,50 dólares (USD) al día.

(7) Hay bancos multilaterales que cuentan con el apoyo de Estados Unidos que también son importantes inversores en el sector hidroeléctrico de Honduras, al igual que en algunos de los proyectos que Global Witness cita como zonas de conflicto. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional está invirtiendo en varios proyectos relacionados con abusos de los derechos humanos y el Banco Interamericano de Desarrollo es un actor importante en el sector hidroeléctrico de Honduras.