Paralelamente a la expansión de la agroindustria, la tala de bosques tropicales y la generación de grandes ganancias para las principales corporaciones mundiales producto de la minería, se dan ataques cada vez más brutales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. 

En Colombia, Hernán Bedoya fue baleado 14 veces por un grupo paramilitar. Fue asesinado después de manifestarse contra la palma aceitera y las plantaciones de banano en tierras robadas a su comunidad. En Filipinas, cerca de la ciudad de Lake Sebu, los militares atacaron una pequeña comunidad, dejando ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran. 

En uno de los ataques más grandes de 2017, los indígenas Gamela fueron violentamente agredidos en Brasil. Agricultores usaron machetes y rifles en un intento por tomar el control de su tierra por la fuerza, dejando 22 heridos de gravedad, algunos con las manos cortadas. Meses más tarde, ninguno de los implicados en este espantoso incidente se ha enfrentado a la justicia, lo que refleja una gran cultura de impunidad e inacción por parte del gobierno brasileño para apoyar a las personas defensoras.

En lugar de tomar medidas para reprimir estos ataques, el Presidente Michel Temer y el Poder Legislativo brasileño están debilitando activamente las leyes y las instituciones diseñadas para proteger los derechos a la tierra y a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, se han propuesto facilitar que las grandes empresas aceleren la explotación de frágiles ecosistemas, al parecer indiferentes ante el devastador costo humano y ambiental de sus actividades. 

Cada defensor y defensora tiene su propia historia (algunas de estas historias se las contaremos aquí), pero todos forman parte de un movimiento global por la protección del planeta. Encabezan los esfuerzos para luchar contra el cambio climático, preservar los ecosistemas y salvaguardar los derechos humanos. Defienden causas que non benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. 

A continuación, le presentaremos a algunos de estos hombres  y mujeres valientes que luchan por defender sus tierras, bosques y ríos, analizaremos las industrias que están detrás de la violencia y le explicaremos cómo puede apoyarlos para acabar con los asesinatos.

Para consultar todos los datos, las referencias y nuestras recomendaciones a empresas y gobiernos, véase nuestro informe: ¿A Qué Precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017

A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún tienen que traducirse en políticas convincentes y cambios concretos, con el resultado de que las personas defensoras siguen temiendo por sus vidas.

Esto es, en parte, impulsado por una tendencia mortal: en comparación con 2016, el número de personas asesinadas al manifestarse contra la agricultura a gran escala aumentó a más del doble. Por primera vez, la agroindustria superó a la minería como el sector más peligroso al cual oponerse, con 46 personas defensoras asesinadas en 2017. Éstas se manifestaron contra las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de azúcar, así como contra la ganadería. 

La oposición a las operaciones mineras y petroleras (40 asesinatos), la caza ilegal (23 asesinatos) y la tala (23 casos) fueron los otros motivos principales por los que las personas defensoras fueron asesinadas el año pasado.

En relación al aumento en la cantidad de muertes vinculadas con la agroindustria, Global Witness identificó un aumento en los asesinatos múltiples (siete en total) de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, muchas de las cuales cuestionaban proyectos agrícolas a gran escala. 

Brasil fue el escenario de tres horribles masacres, durante las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas defensoras al mismo tiempo. 

Estas masacres buscan enviar el mensaje de que no sólo se atacará a los líderes de la comunidad, sino que nadie está a salvo. Esto tiene un gran impacto ya que, frecuentemente, comunidades enteras (o gran parte de ellas), están involucradas en las luchas para proteger sus tierras del despojo.

Una vez más, América Latina es el escenario del mayor número de asesinatos, que representan casi el 60% del total. Según los datos de Global Witness, Brasil registró mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país, con 57 personas asesinadas, 80% de las cuales fueron matadas mientras protegían las riquezas naturales del Amazonas. En Colombia, 24 personas defensoras fueron aniquiladas en 2017, debido a los conflictos por la tierra. En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho respectivamente. Hubo menos asesinatos en Honduras - cinco en comparación con los 14 registrados en 2016 - pero la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro personas defensoras asesinadas.

En Asia, los acontecimientos más alarmantes tuvieron lugar en Filipinas, donde se produjeron 48 asesinatos, 71% más que en 2016. Estos representan la mayor cantidad de asesinatos registrados en ese continente en un solo año. La actitud agresiva del presidente Duterte en contra de los derechos humanos, así como una renovada presencia militar en regiones ricas en recursos, están alimentando la violencia. Casi la mitad de los asesinatos en Filipinas estuvieron vinculados a las luchas contra la agroindustria. 

De las 19 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas en toda África, 17 perdieron la vida defendiendo áreas protegidas contra cazadores y mineros ilegales; y 12 tuvieron lugar en la República Democrática del Congo. 

Por supuesto, muchos otros países y regiones podrían estar sufriendo un elevado número de asesinatos, que no se han documentado o que no hemos podido verificar.

Menos personas indígenas fueron asesinadas en 2017, disminuyendo del 40% del total en 2016, a un 25% en 2017. Sin embargo, considerando que los grupos indígenas representan sólo el 5% de la población mundial, siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas. Y no son solo los asesinatos: en uno de los ataques más brutales, indígenas Gamela, en Brasil, fueron atacados con machetes y rifles por agricultores brasileños, dejando 22 heridos graves; algunos con las manos cortadas. En México, 13 de 15 personas defensoras asesinadas eran indígenas defendiendo sus territorios ancestrales. 

Aunque nueve de cada 10 activistas asesinados el año pasado eran hombres, las defensoras se enfrentaron a amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual. A menudo fueron sometidas a campañas de difamación, amenazas contra sus hijos e intentos de socavar su credibilidad; a veces, desde dentro de sus propias comunidades, donde las culturas machistas siguen oponiéndose a que las mujeres ocupen puestos de liderazgo.

Descubra más sobre las mujeres defensoras en Sección 8.

Es probable que nuestros datos sobre asesinatos sean una subestimación, dado que muchos asesinatos no se denuncian, especialmente en las zonas rurales. Nuestra metodología requiere que los casos se verifiquen de acuerdo con un conjunto estricto de criterios (ver Metodología en la página 52 del informe). Éstos no siempre se pueden cumplir sólo revisando información pública, como notas de periódicos o documentos legales, ni a través de contactos locales. El seguir una metodología estricta significa que nuestras cifras no representan la magnitud del problema y que estamos trabajando para mejorar esto. 

En algunos países se dificulta identificar casos específicos por la supresión de este tipo de noticias en los medios de comunicación, la falta de monitoreo y documentación por parte de los gobiernos y las ONG, o el hecho de que la información que emerge de las zonas de conflicto a menudo puede ser poco clara o contradictoria. Estos desafíos en reportar los casos, junto con la reducción del espacio para la libertad de expresión y la organización cívica en muchos lugares, significa que es muy probable que sean asesinadas muchas más personas de las que hemos documentado. También es importante señalar que un número bajo de homicidios documentados en un país determinado no significa necesariamente que las personas defensoras no enfrenten otras amenazas, como el encarcelamiento o el acoso (Ver sección ¿Qué otras amenazas enfrentan las personas defensoras? en página 12). 

Nuestros datos pueden diferir de los recopilados por otras ONG, y es debido a tres causas probables. En primer lugar, se están monitoreando diferentes grupos: algunas ONG documentan ataques contra todas las personas defensoras de derechos humanos. Los datos de Global Witness sólo cubren un subgrupo de personas defensoras: aquellas que trabajan en temas de defensa de la tierra o el medio ambiente. En segundo lugar, ciertas ONG documentan todas las amenazas, ataques y restricciones a las personas defensoras. Nosotros sólo documentamos asesinatos. En tercer lugar, es posible que diversas ONG utilicen metodologías diferentes para verificar e incluir casos en sus estadísticas.

Cuando las personas tienen un gran interés en que un proyecto avance, tienden a no mostrar muchos escrúpulos a la hora de asegurarse de que así sea, como lo demuestra el caso de la represa de Agua Zarca en Honduras.

La represa, propiedad de Desarrollo Energético SA (DESA), se asienta sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas Lenca del occidente de Honduras. La líder indígena Berta Cáceres se opuso ferozmente a la represa y recibió amenazas de muerte durante años. Posteriormente, en marzo de 2016, fue brutalmente asesinada.

Los dueños de la represa utilizaron acciones legales para intimidar a quienes exigían una investigación adecuada sobre su asesinato. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2017, Suyapa Martínez, defensora de los derechos de las mujeres, fue citada a presentarse a la Corte, acusada de divulgar información inexacta y perjudicial sobre DESA. Luego, el caso fue retirado por el tribunal.

Fue un grupo internacional de abogados independientes (GAIPE), el que arrojó luz sobre quién fue el responsable del asesinato de Berta. La investigación del GAIPE concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento de su asesinato. El director ejecutivo de DESA, David Castillo, fue acusado de planificar su muerte y permanece arrestado, desde la publicación del informe - un acontecimiento bien recibido en medio de un panorama sombrío.

La investigación también expuso que, en el mejor de los casos, se estaba ante un alarmante nivel de negligencia o, en el peor de los casos, frente a omisiones deliberadas por parte de los investigadores oficiales del Estado. El GAIPE examinó 40.000 páginas de evidencia, que habían estado en posesión de los fiscales hondureños durante al menos 18 meses. Esta información crucial podría haberse utilizado antes para investigar a Castillo y sus cómplices como sospechosos del asesinato de Berta.

Existen claros vínculos entre el gobierno y DESA, los cuales sugieren un posible encubrimiento. Entre los jerarcas de la empresa se encuentra una serie de ex funcionarios del gobierno; por ejemplo, el propio Castillo trabajó para la inteligencia militar, mientras que cuatro de los enjuiciados por el asesinato de Berta tienen vínculos con el ejército. Incluso, el gobierno, junto con DESA, presentó cargos legales contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización a la que pertenecía y la cual lideraba Berta, y no protegió a sus integrantes cuando fueron amenazados.

Además, la MACCIH, un panel internacional contra la corrupción en Honduras, está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del partido gobernante y las empresas que ganaron licitaciones para construir proyectos hidroeléctricos, incluida la represa de Agua Zarca. El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, renunció en febrero de 2018 señalando la persistente resistencia del gobierno frente a sus investigaciones.

DESA insiste en que Agua Zarca no está vinculado a ningún acto de violencia, que el proyecto siempre ha actuado de acuerdo con la ley hondureña, y que el informe del GAIPE es un documento fabricado, que contiene interpretaciones falsas basadas en conversaciones seleccionadas, que han sido sacadas de contexto.

El asesinato de Berta y la búsqueda de justicia se produjeron en medio de la agitación política y los niveles alarmantes de violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En nuestro informe de enero de 2017, “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, revelamos que más de 120 personas fueron asesinadas entre 2010 y 2016, una cifra per cápita mayor a la presentada en cualquier otro lugar del mundo durante el mismo período. Demostramos cómo empeoró la situación en un contexto de impunidad, corrupción y la supremacía de los negocios a cualquier costo, lo que caracteriza al régimen del presidente Juan Orlando Hernández. El informe provocó una reacción hostil por parte de las autoridades, que amenazaron a nuestro personal con el arresto, en medio de una sofisticada campaña en línea para desacreditar nuestro trabajo y el de muchos otros activistas.

Si bien el número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente parece haber disminuido en 2017, en general las personas defensoras de derechos humanos enfrentan una mayor represión. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores.

Las elecciones del año pasado ofrecieron una posibilidad de cambio, pero esas esperanzas se desvanecieron cuando las protestas callejeras por el presunto fraude electoral, dejaron un saldo de más 30 personas asesinadas. La ONU encontró que, al menos 16 de ellas, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno. El presidente Hernández fue declarado ganador el 17 de diciembre de 2017. Pero el resultado fue cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que hizo un llamado a que se realizaran nuevas elecciones, declarando que “el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias (...) y carente de integridad”.

Las amenazas y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente siguieron siendo habituales en 2017. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2017, Martín Fernández, coordinador del MADJ, una organización que trabaja temas de derecho a la tierra y corrupción, fue agredido por hombres armados. Fernández había estado inspeccionando el daño ambiental causado por un plan hidroeléctrico en el norte de Honduras. Otro miembro del MADJ, Luis Mejía, recibió una nota debajo de su puerta después de que su casa fuera baleada el 12 de octubre de 2017. La nota decía:

Luis, quien se ha opuesto muy activamente a la tala ilegal en sus tierras ancestrales, dejó su casa, temiendo por su vida.

Una nueva investigación de Global Witness y el Vance Center muestra el impacto real de la impunidad sobre las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

El 30 de julio de 2010, Jhon Jairo Palacios llamó a su familia desde Ríosucio, la capital del departamento de Chocó, a donde había viajado en barco desde su comunidad, para decirles que volvería a casa al día siguiente. Cuando no apareció, llamaron a su celular. Un hombre que dijo pertenecer a un grupo paramilitar respondió diciendo: “Dígale a su familia que ya está muerto”.

John era miembro de una comunidad afrodescendiente en la cuenca del río Cacarica del Chocó. Gente de la comunidad se oponía a la construcción de una carretera importante en la región, un camino que traería consigo la deforestación, la afluencia de colonos y la devastación del modo de vida de la comunidad. Hasta el día de hoy, el asesinato de Jhon permanece sin resolverse. La investigación está paralizada, los asesinos siguen en libertad y el mensaje enviado es claro: aquí nadie será castigado por asesinar a personas defensoras.

Siete años después, el 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, otro líder afrodescendiente del Chocó, iba en caballo hacia su pueblo, de regreso a su casa. Un nuevo grupo paramilitar lo interceptó en un puente y le disparó 14 veces, matándolo. Hernán se había opuesto a la palma aceitera, las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el territorio de su comunidad y destruían el bosque. En 1996 había sido desalojado a la fuerza de su tierra por un grupo paramilitar; pero había decidido regresar, a pesar de los riesgos.

En 2015, comenzó a recibir amenazas de grupos armados ilegales. Según la población local, en un intento por proteger la vida de Hernán, el gobierno colombiano le había dado un teléfono celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, fue asesinado. Quienes quisieron silenciarlo supusieron que, como en el caso de Jhon, no enfrentarían ninguna consecuencia por sus crímenes.

Hernán fue una de las 24 personas defensoras asesinadas en Colombia en 2017, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del mundo para defender la tierra y el medioambiente.

Hay varias razones para esto, aunque las luchas por la tierra son el meollo del asunto. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC produjo un “vacío de poder”. Con la desmovilización de las FARC, han surgido nuevas milicias, que compiten con grupos paramilitares por controlar las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas, afrocolombianos y otras comunidades rurales, que tuvieron que abandonarlas durante la guerra civil y ahora están regresando a sus hogares, después de la firma del acuerdo de paz. Este escenario se complica aún más, a medida que los grupos delictivos se trasladan a las áreas que alguna vez ocuparon las FARC, para desarrollar la tala ilegal, la minería y la ganadería. La promoción de la inversión extranjera por parte del Gobierno también ha intensificado esta lucha por la tierra.

Estos factores han intensificado los conflictos por la tierra y la destrucción del medio ambiente. Las comunidades han sido forzadas al activismo, convirtiéndose en defensoras de esta lucha, en primera línea. El peligro se ve agravado por el hecho de que los programas de protección gubernamental siguen siendo limitados en cuanto a su efectividad y, principalmente, porque los perpetradores de ataques previos contra personas defensoras rara vez son enjuiciados.

Tal vez el factor más decisivo detrás de la espantosa tasa de mortalidad de Colombia es su persistente y no abordada cultura de impunidad. Los asesinatos de John y Hernán son sólo dos de los numerosos asesinatos sin resolver en Colombia. Mientras los crímenes anteriores contra personas defensoras permanezcan impunes, aquellos que deseen silenciar a las y los activistas se sentirán envalentonados para actuar.

Para tratar de comprender la magnitud del problema, Global Witness unió fuerzas con el Vance Center. Juntos, analizamos los asesinatos de las 122 personas colombianas defensoras de la tierra y del medio ambiente, registrados por Global Witness entre julio de 2010 y junio de 2016, y la respuesta del Poder Judicial colombiano a cada uno de ellos.

Las conclusiones del estudio fueron asombrosas: en 102 casos se inició una investigación; pero sólo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena. Otros diez casos no fueron investigados porque la Fiscalía no tenía información para comenzar el labor investigativo. Esto coloca la tasa de impunidad, es decir, la proporción de personas que literalmente se libran de los asesinatos, en un 92%.

Crucialmente, 61 de los 102 casos se encontraban todavía en una etapa preliminar, lo que significa que los fiscales no habían reunido suficiente información siquiera para determinar la existencia de un delito. Esto evidenciaba que la investigación no podría pasar a la siguiente fase. Lo anterior sugiere que el hecho de que los fiscales no hayan recopilado la evidencia que necesitan en esta etapa temprana es un factor clave en los altísimos niveles de impunidad, una conclusión también tomada por la ONG colombiana Somos Defensores. Para terminar con la cultura de impunidad de Colombia, concluyó su estudio, los fiscales deben recibir la capacitación y los recursos que necesitan para investigar casos y, quizás más importante, debe abordarse la corrupción endémica que impide que se investigue el asesinato de personas defensoras. Recientemente, el gobierno se comprometió a combatir la impunidad en los homicidios de personas defensoras y afirmó que había creado una unidad de élite policial y una unidad de investigación para desmantelar los grupos criminales e investigar los ataques contra activistas. Se requieren recursos adecuados y garantías de independencia para que esta unidad haga su trabajo y prevenga futuros ataques.

Los conflictos por la tierra y los recursos naturales son frecuentes y están bien documentados. También es muy común el acoso brutal y la criminalización de activistas.

Por eso nuestras cifras de África son confusas. Reportamos que 19 personas defensoras del medio ambiente y la tierra fueron asesinadas en África en 2017, lo cual es significativamente menos que en América Latina y Asia. Front Line Defenders, que da seguimiento a los homicidios de todas las personas defensoras de derechos humanos, también registró un pequeño número de casos en toda África en 2017.

¿Qué explica el número relativamente bajo de asesinatos? Esto merece más análisis, ya que existen varias hipótesis. ¿Realmente las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente son menos activas en los países africanos y, por lo tanto, no representan un objetivo, como sí lo son en otros lugares? ¿Son diferentes los patrones de acoso, lo que significa que rara vez terminan en asesinato?

Quizás simplemente la falta de informes está subestimando la verdadera magnitud del problema. 

Todavía no tenemos las respuestas a estas preguntas; pero hay indicios que apuntan a que existe una escasez de pruebas relacionadas con asesinatos de personas defensoras en África, lo que lleva a que algunos no sean documentados.

En comparación con América Latina y el sudeste de Asia, hay menos organizaciones de la sociedad civil y periodistas documentando específicamente los ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y pueden sentirse menos libres para hablar sin temor a represalias. También puede haber menos información y reportes de áreas rurales aisladas, donde pueden ocurrir los homicidios, en comparación con otras regiones.

Por lo tanto, es difícil obtener pruebas de muchos países africanos. Menos documentación local significa que no tenemos una red de contactos tan sólida como en otros lugares. Gran parte de nuestra información proviene de la Federación Internacional de Guardabosques (International Ranger Federation) y su brazo benéfico, la Fundación Thin Green Line, que respalda un subgrupo de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente: los guardaparques. Diecisiete de los 19 homicidios que documentamos en 2017 fueron de personas que luchan contra la caza ilegal y por la protección de la vida silvestre, generalmente en áreas protegidas, por lo que nuestras fuentes pueden influir en nuestras estadísticas.

Puede ser difícil desentrañar las diferentes razones por las cuales alguien es asesinado: podemos saber que un defensor fue asesinado; pero no contar con suficiente evidencia para demostrar que fue por su trabajo como defensor. Para incluir los casos de homicidios, necesitamos cierto nivel de información que nos permita cumplir nuestros criterios de verificación (ver Metodología), lo que a menudo falta en el contexto africano. Por ejemplo, necesitamos los nombres de las personas asesinadas, algo que resultó imposible al tratar de verificar quiénes fueron asesinados durante las protestas de 2015 contra los planes para despejar los bosques en el centro de Etiopía.

Un tema relativamente bien documentado en África es su importante y antiguo problema con los delitos contra la vida silvestre; una de las formas más grandes y rentables de delincuencia organizada en todo el mundo. El tráfico de fauna silvestre ayuda a financiar a las milicias y los grupos terroristas y es llevado a cabo por las mismas personas que trafican drogas, armas y personas, utilizando las mismas redes ilegales.

Como se mencionó anteriormente, 17 de los 19 homicidios que hemos documentado en África son de personas que defendían áreas protegidas. En la República Democrática del Congo (RDC), 12 guardaparques fueron asesinados mientras protegían la vida silvestre. Excepto dos homicidios, todos los otros asesinatos fueron atribuidos a Mai Mai (grupos armados locales), que se sabe que están involucrados en actividades ilegales de caza furtiva y minería. El Parque Nacional de Virunga, donde cinco guardaparques fueron asesinados, ha sido tradicionalmente considerado el lugar más peligroso para los guardaparques en el mundo. Según el jefe del parque, Emmanuel de Merode, hay entre 1.500 y 2.000 combatientes armados de diferentes grupos rebeldes que operan en la zona, y representan un riesgo para la vida silvestre y para quienes la defienden.

Si bien no hemos podido atribuir el tráfico de vida silvestre a los ataques contra personas defensoras del medio ambiente y la tierra, sabemos que dos conservacionistas clave, que habían dedicado sus vidas a combatir el comercio de marfil, fueron asesinados en los últimos 12 meses, en circunstancias sospechosas.

Si bien los motivos de estos homicidios aún no están claros, sus asesinatos merecen un mayor escrutinio por parte de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. 

Le pedimos a Just Associates (JASS) que escribiera el siguiente artículo, que se basa en los comentarios de cientos de defensoras de derechos humanos en más de 26 países de todo el mundo, muchas de las cuales luchan por los derechos a la tierra y al medio ambiente. También incorpora aprendizajes de redes de protección como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y otras organizaciones feministas como la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID) y el Fondo de Acción Urgente (FAU).

Las mujeres a menudo están a la vanguardia de las luchas para proteger sus tierras ancestrales y el medio ambiente. Con frecuencia, esto las pone en una posición de enfrentamiento con las industrias que devastan los recursos naturales en nombre del “desarrollo”. El crítico papel de liderazgo que juegan tiene un alto precio, que a menudo es invisible.

Muchas mujeres se encuentran en una clara desventaja desde el comienzo de su activismo ambiental o por la tierra. Con frecuencia son excluidas de la propiedad de la tierra, así como de las negociaciones comunitarias sobre el futuro de sus territorios y recursos naturales. Cuando dedican tiempo al activismo, a veces son criticadas por descuidar a sus hijos y los deberes domésticos. Por otro lado, el impacto combinado de la atención doméstica y comunitaria, junto con el activismo, puede crear una gran carga física y emocional.

Las defensoras a menudo tienen que librar una batalla en dos frentes: la lucha pública por proteger los recursos naturales y la lucha oculta para defender su derecho a expresarse dentro de sus propias organizaciones y familias. Rara vez las defensoras reciben el mismo nivel de apoyo que sus colegas masculinos, porque a menudo sus comunidades están dominadas por una cultura machista patriarcal. Esto significa que el papel que desempeñan las defensoras suele no ser reconocido y a veces, incluso, sus comunidades, organizaciones y familias ocultan activamente la violencia que las mujeres pueden enfrentar.

Aunque son asesinados más hombres defensores de la tierra y del medio ambiente, las mujeres pueden sentir el impacto de forma distinta. Cuando los defensores masculinos son asesinados o encarcelados por su activismo, las mujeres tienen más responsabilidades familiares, a menudo mientras buscan justicia por el asesinato y ayudan a reorganizar sus comunidades. 

Las defensoras mismas son blanco de múltiples formas de violencia, tanto por defender su territorio, como por desafiar actitudes patriarcales en sus comunidades, organizaciones y familias. Varios actores estatales y no estatales con poderosos intereses económicos y políticos históricamente han utilizado la violencia contra las mujeres para instaurar el miedo y acallar la búsqueda de la justicia.

Históricamente, las amenazas de violación y violencia forman parte de la represión contra las mujeres que se oponen a los proyectos extractivos, así como los insultos misóginos que las etiquetan como “putas” o “malas madres”. La discriminación de género es una de las muchas fisuras sociales usadas para exacerbar los conflictos familiares o comunitarios a través de la táctica de “divide y vencerás”.

La criminalización también tiene un impacto diferencial. Aumenta la vulnerabilidad financiera y social de las mujeres, ya que, si son encarceladas, sus familias a menudo las aíslan. Por supuesto, las defensoras también son asesinadas. Esto no se trata sólo de silenciar a las defensoras; se trata de silenciar a las mujeres y envía un fuerte mensaje de que las mujeres no deben ser líderes, lo que desincentiva a otras a involucrarse.

Ellas defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. Denuncian la corrupción y presionan por cambios en las leyes, políticas y prácticas, para garantizar que se respeten los derechos ambientales y de la tierra. 

Sin embargo, pocas personas enfrentan mayores amenazas que ellas. Una vez más, como parte de una tendencia en curso, el número de personas defensoras asesinadas aumentó en 2017. Fueron asesinados 207 activistas, dejando a las comunidades sin sus valientes portavoces y defensores. 

Los Estados, a través de sus gobiernos, son los principales responsables de garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura. Sin embargo, las personas defensoras que trabajan en temas ambientales y de la tierra enfrentan riesgos mayores y más específicos, porque son vistas como una amenaza, tanto para quienes obtienen ganancias, como para el poder. En la gran mayoría de los casos, son asesinadas porque han cuestionado o se han opuesto a un proyecto empresarial, generalmente vinculado a la extracción de recursos naturales, como la minería, la agricultura a gran escala o la tala. 

Como gran parte de la violencia es impulsada por la sed de ganancias, quienes sostienen la sartén por el mango son quienes tienen el poder, así como la responsabilidad legal de ser una fuerza para el bien. Los Estados y las empresas deben abordar las causas fundamentales de los ataques, por ejemplo, garantizando que las comunidades puedan decir “no” a proyectos en sus tierras, como la minería; apoyando y protegiendo a las personas defensoras en riesgo y garantizando que se haga justicia para quienes sufren la violencia.

Lea nuestras recomendaciones completas.

Nuestro informe ha señalado la importancia de exigir rendición de cuentas a las empresas y a los gobiernos en lo que respecta a los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y recordarles su responsabilidad y su papel para acabar con estos crímenes. 

Su papel también es crucial. Es importante que se asegure de que las empresas y los políticos sepan que su reputación, votos y ganancias sufrirán si no se esfuerzan más por ayudar. Pero también es fundamental usar su voz para amplificar la voz de las personas defensoras y dar a conocer los desafíos que enfrentan. 

Cuando se analizan los sectores que generan los ataques contra personas defensoras, todo se siente más cotidiano. La agricultura a gran escala, la minería, la caza furtiva y la tala producen artículos para el hogar, que utilizamos y consumimos: Aceite de palma para el champú que usamos; soya para la carne que comemos; madera para nuestros muebles.

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente deben demostrar un coraje y una capacidad de recuperación increíbles frente a estos desmoralizantes adversarios. No deberían tener que enfrentarlos solas. No cuando hay tanto en juego: sus comunidades, su tierra, el planeta que todos compartimos. 

Nosotros estamos con estas personas. Llevaremos su lucha a los pasillos donde se desenvuelve el poder y las salas de juntas de las corporaciones multinacionales. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. 

Exigiremos que se implementen políticas y que las empresas y los gobiernos tomen medidas para garantizar que las comunidades puedan otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado respecto al uso de sus tierras; para apoyar a las personas defensoras y garantizar su seguridad; y para responsabilizar a los culpables cuando ocurren ataques. 

Aunque el gobierno y las empresas son la causa de muchos de los problemas documentados en este informe, también tienen el poder de marcar una gran diferencia. 

Utilice estas historias y sus palabras en las redes sociales, su voz cuando hable con su representante político y su acción al agregar su nombre a nuestra campaña. 

Esté donde esté y haga lo que haga, entre en contacto con personas defensoras del medio ambiente y de la tierra y asegúrese de que su voz sea escuchada.