Pregunten a cualquier persona que sepa algo sobre el sector de la madera del Perú lo siguiente: en una escala entre 1 y 5 (1: completamente en desacuerdo; 5: completamente de acuerdo), ¿diría usted que se puede garantizar que la madera acompañada de documentos oficiales es legal? Esperen entonces las sonrisas cómplices, las miradas expresivas, los suspiros exasperados. Todo menos un 5 o incluso un 4.
Tal y como acaba de revelar Global Witness tras llevar a cabo una investigación encubierta alrededor del escándalo maderero más importante del Perú, contar con los documentos correctos tiene poco o ningún valor. Esto es así porque dichos documentos a menudo incluyen información falsa. Y los exportadores u otros compradores lo saben, a pesar de alegar públicamente ser “compradores de buena fe”.
¿Por qué alegan esto? Porque el Código Penal peruano establece que si se conoce o se “puede presumir” que su madera es de “origen legal”, están cometiendo un delito, y podrían acabar en la cárcel por un período de hasta siete años.
Por supuesto, en privado cuentan una historia distinta, como demuestra nuestra investigación. Grabamos con cámara oculta a tres de los principales exportadores cuya madera transportaba el barco Yacu Kallpa a finales de 2015 desde la ciudad de Iquitos, en el corazón de la Amazonía peruana, hacia los Estados Unidos. Nunca llegó. El ahora notorio Yacu Kallpa fue detenido en México a principios de 2016, y unos meses más tarde, el organismo encargado de las supervisiones de los recursos forestales, OSINFOR, concluyó que más del 96% de la madera a bordo era ilegal.
Como comprobarán si ven los vídeos, los exportadores detallan la gama de creativas medidas para lavar madera en el Perú. Explican que es común obtener permisos oficiales para extraer madera de un área, y emplearlos en su lugar para sacar madera de otra área, haciéndola así parecer legal. Explican también cómo los permisos específicamente concebidos para extraer madera a pequeña escala – teóricamente para infraestructuras y desarrollo local – se han usado de manera fraudulenta para lavar grandes volúmenes de madera provenientes de otras áreas de bosque. Además, nuestro trabajo revela que mucha de la madera a bordo del tristemente célebre barco provenía de áreas en las que el OSINFOR ya había documentado ilegalidades semanas – y a veces meses – antes de que zarpara de Iquitos.
Una respuesta insípida no hará que el problema desaparezca
Tres días después de que publicásemos nuestros vídeos, el Ministerio de Agricultura y la autoridad forestal peruana, SERFOR, respondieron con un comunicado público. En el mismo no mencionan a Global Witness de manera explícita, ni se refieren a los vídeos, pero aluden a “las recientes publicaciones en medios extranjeros replicado en los medios locales”. En la práctica, desestiman nuestra investigación por considerarla obsoleta, afirmando que se refiere a un caso que aconteció antes de que el nuevo régimen legal entrara en vigor, y que las ilegalidades documentadas “no han vuelto a suceder”.
Los vídeos parecen haber sido recibidos con un silencio atronador por parte de las empresas que aparecen en ellos. Escribimos a los tres exportadores grabados con cámara oculta – y también escribimos a las otras ocho empresas que exportaban madera en la embarcación de finales de 2015 del Yacu Kallpa – pero solo una, Inversiones La Oroza, respondió a nuestras alegaciones, repitiendo la misma afirmación según la cual “toda la documentación y producto está correcto” (sic). Paradójicamente, La Oroza es la única empresa que, hasta la fecha, ha visto sus exportaciones a los Estados Unidos bloqueadas.
Pero aún hay más. El Center for Internacional Environmental Law (CIEL), con sede en Washington DC, acaba de publicar una investigación concluyente. Su informe “Mejora continua” en prácticas de tala ilegal en el Perú demuestra, entre otras cosas, cómo grandes volúmenes de madera de dudosa legalidad se han exportado desde Perú hacia países que no prohíben la entrada de madera ilegal, como China y México, mientras que países con legislación más estricta, como Francia y los Estados Unidos, han importado volúmenes mucho menores de madera de dudosa legalidad.
Es inconcebible que esto sea una mera coincidencia. CIEL sugiere que las empresas podrían estar explotando el sistema online de transparencia del OSINFOR, SIGO, cuyo propósito es detener las prácticas ilegales, para exportar madera ilegal a países que miran hacia otro lado. Esto “plantea la pregunta: ¿Están utilizando el sistema como una herramienta para aumentar la transparencia o como una nueva forma de evitarlo?”, cuestiona CIEL.
¿Qué debería suceder ahora?
Volviendo al caso Yacu Kallpa, la historia dista mucho de estar resuelta. Las oficinas de los fiscales especializados en materia ambiental de Iquitos y otras ciudades de la Amazonía están en estos momentos investigando la embarcación de finales de 2015. Esta podría ser la primera vez que los exportadores de madera en Perú fueran procesados – una idea que dice mucho sobre la impunidad que históricamente ha reinado en el sector. Los fiscales se enfrentan a un enorme reto, y es esencial que se les provea de los recursos necesarios para que puedan proceder de la manera más efectiva posible.
Seamos claros: el escándalo del Yacu Kallpa podría parecer un incidente aislado, pero en realidad es una ilustración casi perfecta de un problema que ha estado ampliamente extendido en la Amazonía peruana durante décadas.
Sentar un precedente a través de una efectiva investigación y procesamiento de algunos de los actores más poderosos de la cadena de custodia podría enviar una clara señal de que el comercio de madera ilegal en el Perú ya no se tolera. Eso, entre otras cosas, es lo que se precisa – y no simples comunicados vagos del SERFOR.
Laura Furones lidera la campaña de Perú de Global Witness
