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Al comenzar el juicio contra más de 50 líderes indígenas en Perú, Global Witness insta al Gobierno peruano a garantizar una vista justa. Los acusados se enfrentan a condenas de cadena perpetua por su implicación en junio de 2009 en las manifestaciones de protesta en la región del Amazonas que culminaron con unas enérgicas medidas por parte del Gobierno, incluso contra algunas personas que se encontraban a más de mil kilómetros del lugar de los hechos. Este caso, que se ha convertido en el juicio más trascendente de la historia del país, se ha caracterizado por una gran desinformación y una falta de imparcialidad en las investigaciones.1
La celebración de este juicio tendrá lugar precisamente cuando Perú se prepara para organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará este año en Lima. En el marco de estas negociaciones, el Gobierno peruano está promoviendo activamente los derechos de los indígenas, además de colaborar con las comunidades de la Amazonía peruana y el Banco Mundial para adjudicar títulos de propiedad de las tierras indígenas y preparar una nueva legislación forestal más progresista. No obstante, por otro lado, el Gobierno está procesando por cinco años de protestas contra la destrucción forestal a los mismos líderes indígenas con los que colabora.
«Es una lamentable ironía que los anfitriones de una importante cumbre sobre el clima estén criminalizando a quienes intentaban evitar la destrucción de la Amazonía», declaró Andrew Simms, de Global Witness, que añadió: «Los bosques tropicales constituyen una de las principales medidas de defensa frente al calentamiento global y son más valiosos, en el pleno sentido de la palabra, en pie que talados. Desde luego, a aquellas personas que arriesgan sus vidas para luchar contra la deforestación no se les debería despojar de sus derechos y su tierra ni se les debería encarcelar».
Los enfrentamientos que tuvieron lugar en 2009 en las proximidades del pueblo de Bagua se saldaron con al menos 30 muertos y más de 200 heridos. Un grupo de civiles se enfrentó a la policía militar con tanques, rifles de asalto y gas lacrimógeno, lo que provocó muertes en ambos bandos. Las protestas se desencadenaron como respuesta a un decreto gubernamental, que se aprobó sin una consulta previa a los ciudadanos, con el que se reducían los derechos de los indígenas sobre sus tierras de tal forma que las tierras comunitarias pudieran dedicarse a la prospección de petróleo, tala, minería y agricultura a gran escala. Los líderes indígenas intentaron en numerosas ocasiones entablar un diálogo con el Gobierno peruano, pero se toparon con una respuesta de índole militar.
En 2009 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pidió que un comité especial independiente llevara a cabo una investigación exhaustiva de lo acaecido aquel día. El Relator Especial declaró además: «El enjuiciamiento de indígenas por sus actos de protesta no debe emplearse como método para reprimir su libertad de expresión, y debe realizarse únicamente en los casos en que haya claros indicios de criminalidad».2
El comité independiente cuya creación se pedía nunca llegó a constituirse, y las investigaciones preliminares se centraron excesivamente en las acciones de los indígenas en lugar de en la responsabilidad de los políticos y la cúpula policial. Esta semana siete líderes indígenas, entre ellos algunos que no se encontraban presentes en el acto, se exponen a ser condenados a cadena perpetua por una supuesta incitación a la violencia.
«Debe llevarse ante la justicia a los verdaderos instigadores de la tragedia de junio de 2009 y garantizársele un juicio justo», manifestó César Gamboa, director de la ONG peruana DAR (Derecho Ambiente y Recursos Naturales). «Además, esperamos que este conflicto nos enseñe a resolver las disputas ambientales democráticamente, respetando los derechos de los pueblos indígenas, que durante siglos han tenido que padecer la explotación y el abandono», añadió Gamboa.
En el reciente informe de Global Witness titulado «Deadly Environment» (Medio ambiente mortal)3, se indicaba que Perú se encuentra entre los países en los que los defensores del medio ambiente y la tierra corren un mayor riesgo de ser asesinados con la connivencia del Estado. Perú es un país de contrastes: por un lado, cuenta con enormes reservas forestales, frágiles ecosistemas e importantes cuencas hidrográficas en las regiones de los Andes y el Amazonas, y alberga a más de 60 pueblos indígenas diferentes; por otro lado, la prospección minera y petrolífera han impulsado un crecimiento económico vertiginoso, que ha desencadenado numerosos conflictos por el acaparamiento de tierras, la deforestación y la contaminación del agua. Entre 2012 y 2013 al menos 21 civiles murieron o fueron asesinados como consecuencia de estas disputas, y las comunidades indígenas fueron las más afectadas.
Según se vayan desarrollando los preparativos para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Lima, Perú tendrá que demostrar ante la comunidad internacional que se toma en serio su compromiso de combatir el cambio climático; que reconoce el papel fundamental que desempeñan los defensores del medio ambiente en la consecución de este objetivo; y que respeta, protege y promueve su derecho a hacerlo. No obstante, el Gobierno tendrá dificultades para conseguirlo si encarcela a sus líderes indígenas sin llevar a cabo el proceso debido, una investigación creíble y un juicio justo.
Para cualquier consulta, por favor póngase en contacto con:
Alice Harrison, Asesora de Comunicación, Global Witness
[email protected] +44 7841 338792
3. El resumen en español del informe puede consultarse aquí: http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Medio%20ambiente%20mortal.pdf
Para cualquier consulta, por favor póngase en contacto con:
Alice Harrison, Asesora de Comunicación, Global Witness