Nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Nuestro nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria.
Descargue el informe completo: Defender la Tierra (PDF, 4,7 MB)
El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales agresivos.
Jakeline Romero, de Colombia (arriba, derecha), ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto, operado por una entidad local, es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. (1)
Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas. - Jakeline Romero
Este informe cuenta las historias de una gran cantidad de personas como Jakeline, quienes se oponen al poder de las multinacionales, de los paramilitares e incluso de sus propios gobiernos en los países más peligrosos del mundo para ser una persona defensora. También analiza por qué enfrentan amenazas crecientes, y explora qué puede hacerse para mantener seguras a las y los activistas.
El asesinato de personas defensoras no sólo está creciendo, también se está expandiendo. En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países. Casi el 40% de las personas asesinadas eran indígenas. A su vez, la falta de procesamientos judiciales hace difícil identificar a los responsables, sin embargo encontramos evidencia sólida de que la policía y el ejército estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes.
Los países más peligrosos para las y los activistas
La despiadada lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea, una vez más, el país más mortífero del mundo según el número total de asesinatos, aunque Honduras sigue siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per cápita durante la última década.
Nicaragua está comenzando a competir en este sospechoso registro. Se prevé que un canal interoceánico dividirá el país en dos, amenazando con ocasionar un desplazamiento masivo, y generando desde ya malestar social y represión violenta de quienes se oponen. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por los asesinatos en Asia.
En Colombia, los asesinatos alcanzaron un máximo histórico, pese a (o tal vez, debido a) el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. Las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto.
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La defensa de los parques nacionales es ahora más riesgosa que nunca, sobre todo en África, donde gran número de guardaparques están siendo asesinados, especialmente en la República Democrática del Congo.
Y esto no es un problema que se limita a sólo un rincón del planeta. Los países desarrollados están impulsando otros métodos para reprimir a las y los activistas, especialmente en Estados Unidos, donde la administración Trump provoca a las personas defensoras del medio ambiente de tal manera que tienen todas las razones para manifestarse.
Cada vez es más evidente que, a nivel mundial, los gobiernos y las empresas están fallando en proteger a las personas activistas en riesgo. Están tolerando un nivel de impunidad que permite a la gran mayoría de los perpetradores caminar libremente, alentando a potenciales asesinos. Los inversionistas, incluyendo a los bancos de desarrollo, están alimentando la violencia al respaldar proyectos que atentan contra el medio ambiente y menoscaban los derechos humanos.
Increíblemente, son las propias personas activistas las que son pintadas como delincuentes, enfrentando acusaciones criminales falsas y casos civiles agresivos, presentados por gobiernos y compañías que buscan silenciarlas. Esta "criminalización" se utiliza para intimidar a las y los defensores, manchar su reputación y acorralarles en costosas batallas legales.
Proteger a quienes están en la línea de frente
En Defender la Tierra instamos a los gobiernos, a las empresas y a los inversionistas a tomar medidas para:
- Abordar las causas principales del riesgo: Garantizando que las comunidades puedan elegir de forma libre e informada sobre si sus tierras y recursos son utilizados o no, y de qué forma.
- Apoyar y proteger a las personas defensoras: A través de leyes, políticas y prácticas específicas.
- Garantizar rendición de cuentas por los abusos cometidos: Ir más allá de procesar judicialmente a las personas responsables de ordenar o perpetrar un ataque, garantizando que los actores que no apoyan ni protegen a las y los defensores, enfrenten consecuencias por su falta de acción.
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(1) El operador local Cerrejón negó haber provocado escasez de agua y condenó las amenazas sufridas por las y los activistas.
