Press Release / April 14, 2014

Estudio: Aumenta drásticamente el número de asesinatos por motivos ambientales y de tierras al crecer la presión sobre los recursos del planeta.

Se requieren medidas urgentes para combatir la impunidad de los autores, proteger a los ciudadanos y atacar de raíz la crisis ambiental.

Entre 2002 y 2013 aumentó drásticamente el número de personas asesinadas cuando protegían el medio ambiente y los derechos sobre la tierra, a la par que aumentaba la competencia por los recursos naturales, según ha desvelado un nuevo informe publicado por Global Witness. Se sabe que en ese periodo murieron 908 personas, y que las principales causas fueron las disputas por la tala industrial, la minería y los derechos sobre la tierra. Las regiones más afectadas fueron Latinoamérica y Asia-Pacífico.

Publicado precisamente cuando se celebra el vigésimo quinto aniversario del asesinato de Chico Mendes, el famoso recolector de caucho y activista ambiental brasileño, el informe titulado «Deadly Environment» (Medio ambiente mortal) pone de relieve la grave falta de información y control que existe respecto a este problema. Se entiende así que el total de muertos probablemente sea mayor al que se documenta en el informe, pero incluso la magnitud de la violencia que se conoce es equiparable al índice de periodistas asesinados en el mismo periodo, que es un dato más prominente1. La falta de atención que reciben los crímenes contra el medio ambiente y contra los defensores de la tierra está alimentando una impunidad a nivel endémico, como demuestra el hecho de que solo se ha podido constatar la condena de poco más de un 1% de los autores de estos crímenes.

«Esto demuestra que nunca ha sido tan importante proteger el medio ambiente, y que nunca ha tenido unas consecuencias tan mortales», comentó Oliver Courtney, de Global Witness. «Existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis ambiental mundial que un dramático repunte en el asesinato de personas corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. No obstante, este problema que con tanta rapidez se está agravando está pasando prácticamente desapercibido y, en la gran mayoría de los casos, los responsables están saliéndose con la suya. Esperamos que nuestros hallazgos sean la llamada de advertencia que obviamente necesitan los gobiernos nacionales y la comunidad internacional», añadió Courtney.

A continuación se presentan los principales hallazgos de «Deadly Environment»:

  • Entre 2002 y 2013 al menos 908 personas fueron asesinadas en 35 países protegiendo los derechos sobre la tierra y el medio ambiente, y en los últimos cuatro años el índice de muertes aumentó a una media de dos activistas por semana.
  • 2012 fue, hasta la fecha, el peor año para ser defensor del medio ambiente, ya que se cometieron 147 asesinatos; esto es, casi el triple que los cometidos en 2002.
  • La impunidad por estos crímenes está muy extendida: solo hay constancia de que se haya condenado a 10 personas entre 2002 y 2013, lo cual representa poco más de un 1% del índice total de asesinatos.
  • El problema es especialmente grave en Latinoamérica y el sureste de Asia. El lugar más peligroso para defender los derechos sobre la tierra y el medio ambiente es Brasil, con un total de 448 asesinatos. Después se encuentran Honduras (109) y Filipinas (67). 

Este problema se ve agravado por la falta de información y un control sistemático. Cuando se registran estos casos, normalmente se consideran casos aislados o se tratan como una variante de otros problemas relacionados con los derechos humanos o el medio ambiente. A menudo, ni siquiera las propias víctimas conocen sus derechos, o no son capaces de reivindicarlos por la falta de recursos con los que se cuenta en su contexto, que suele ser lejano y arriesgado.

John Knox, Experto Independiente de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, declaró: «Los derechos humanos solo tienen sentido si la gente puede ejercerlos. Los defensores de los derechos humanos en relación con el medio ambiente se dedican a garantizar que podamos vivir en un medio ambiente que nos permita disfrutar de nuestros derechos fundamentales, incluidos los derechos a la vida y la salud. La comunidad internacional debe esforzarse más para proteger a estas personas de la violencia y los abusos a los que se enfrentan por su trabajo».

Las comunidades indígenas se ven particularmente afectadas por este problema. En muchos casos, sus derechos sobre la tierra no quedan reconocidos ni en la legislación ni en la práctica, con lo cual se exponen a la explotación por parte de poderosos intereses económicos que los catalogan como ‘contrarios al desarrollo’. A menudo, la primera noticia que tienen de un acuerdo que afecta a sus intereses es el ruido de las excavadoras cuando llegan a sus granjas y bosques.

Los derechos sobre la tierra han dado origen a la mayoría de los asesinatos que se conocen, porque las empresas y gobiernos con frecuencia pactan acuerdos secretos por la adquisición de grandes extensiones de tierra y bosques en los que cosechar cultivos comerciales como el caucho, el aceite de palma y la soja. Al menos 661 de los asesinatos mencionados (esto es, más de dos tercios) se cometieron, entre otros factores, por conflictos por la propiedad, el control y el uso de la tierra. En el nuevo informe se analiza la situación en Brasil, donde las principales causas son las disputas por la tierra y la tala industrial, así como la situación en Filipinas, donde la violencia parece estar estrechamente vinculada al sector minero. 

«Esta situación que tan rápidamente está agravándose parece estar oculta a plena vista, lo cual debe cambiar. 2012, el año en que se celebró la última Cumbre de Río, fue el más mortífero de la historia. Los delegados que se reúnan este año en Perú para las conversaciones sobre el clima deberán hacer caso de esta advertencia: hoy en día la protección del medio ambiente es uno de los principales campos de batalla de los derechos humanos. Mientras los gobiernos discuten por el texto de nuevos acuerdos mundiales, a nivel local cada vez hay más personas por el mundo que ya están poniendo en peligro sus vidas para proteger el medio ambiente», declaró Andrew Simms, de Global Witness. «A no ser que la comunidad internacional tome medidas urgentes, morirán más personas a las que deberíamos estar rindiendo homenaje por su heroicidad», añadió.

En el informe también se hace hincapié en el hecho de que este aumento del número de muertos supone el extremo más grave y perceptible de toda una serie de amenazas, como la intimidación, violencia, estigmatización y criminalización. La cifra de víctimas mortales apunta a que el nivel de violencia no letal e intimidación es mucho mayor. Aunque estos problemas no quedan documentados en el estudio, también requieren medidas urgentes y efectivas.

Global Witness exige un esfuerzo más coordinado y concertado para controlar y solucionar esta crisis, que debería comenzar con una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se trate específicamente la intensificación de la amenaza a la que se enfrentan los defensores del medio ambiente y la tierra. Asimismo, los organismos regionales de derechos humanos y los gobiernos nacionales deben llevar un control adecuado de los abusos a activistas y sus asesinatos, y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia. Las empresas, por su parte, deben llevar a cabo comprobaciones efectivas de sus operaciones y cadenas de suministro para garantizar que no sean perjudiciales.

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Oliver Courtney, +44 (0)7912 517147, [email protected]

Alice Harrison, +44 (0)7841 338792, [email protected]

Observaciones para los editores:

(1)  Según los datos del documento «Dataset: Journalists killed since 1992» publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas en 2014, 913 periodistas murieron en el mismo periodo mientras desempeñaban su labor. Documento disponible en: https://www.cpj.org/killed/cpj-database.xls

(2)  El informe completo y la infografía están disponibles en: www.globalwitness.org/deadlyenvironment 

 

 

Global Witness investiga los conflictos y la corrupción vinculados con los recursos naturales, así como los abusos ambientales y de los derechos humanos relacionados con los mismos, y lucha por prevenirlos.